La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue creada por ley el 30 de junio de 2016. Está compuesta por siete prominentes expertos con experiencia en quiebras gubernamentales: cuatro puertorriqueños y tres norteamericanos. La Junta, creada por el Congreso norteamericano está investida de los poderes plenarios que ejerce el Congreso sobre el territorio de Puerto Rico. Su encomienda es la de ayudar al gobierno de Puerto Rico a superar la crisis fiscal, cuadrar el presupuesto, reestructurar la deuda, desarrollar la economía y crear el ambiente adecuado para atraer nuevos inversionistas y recobrar la confianza de los mercados de inversión de Estados Unidos.

La Junta ha sido criticada por varios congresistas argumentando que su desempeño ha sido muy lento; en particular, que no han sido lo suficientemente proactivos con el pago a los bonistas norteamericanos. Sin embargo, la Junta por comunicaciones de su presidente José Carrión III ha hecho expresiones sobre el balance que debe existir con relación a los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico que no se

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deben afectar, y el pago a los bonistas. El presupuesto aprobado por el gobierno y por la Junta lleva consigo unas reducciones significativas en varios renglones, como gastos en las agencias del gobierno, reducción en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, en planes de retiro, salud, educación, policía, tribunales y otros.

Con respecto a los servicios de salud, inicialmente se indicó que se debía reducir el presupuesto en $1 billón de dólares anuales. Eso equivale a casi la mitad del presupuesto de la Administración de Servicios de Salud (ASES). Luego se informó que solo se reduciría el presupuesto de salud en $100 millones y más recientemente se hizo pública una reducción adicional de $22 millones. Sin embargo, los pagos a las aseguradoras de salud aumentaron para el recién comenzado año de servicios. Si bien es cierto que una de las funciones de la Junta es reducir los gastos y tener un presupuesto balanceado, entiendo que la Junta también puede ayudar al gobierno a sobrellevar la carga económica en los servicios esenciales, especialmente la salud del pueblo.

Es por todos conocido que el costo de los medicamentos es uno de los renglones de gastos más altos en el Plan de Salud del Gobierno (PSG). El año pasado el costo en medicamentos fue de $730 millones, de un presupuesto de $2.8 billones. Para evitar que la reducción en el presupuesto de salud afecte a los pacientes más vulnerables del sistema, recomiendo que la JSF ayude al gobierno a comprar los medicamentos a través de lo que se conoce como 340B. Este es un programa de descuentos del gobierno federal creado en 1992 bajo la presidencia de George HW Bush, para que los manufactureros de medicamentos puedan darle descuentos a ciertas organizaciones de servicios médicos que sean elegibles bajo este plan. El plan 340B se origina en la Sección 340B de la Ley de Salud Pública Federal. El programa es administrado por la Oficina de Asuntos de Farmacia (Office of Pharmacy Affairs) dentro del Departamento de Salud Federal. Entre las entidades que pueden recibir el beneficio de comprar medicamentos a bajo precio están: los hospitales pediátricos, hospitales de cáncer, centros de referido rurales (Centros 330), hospitales de la comunidad, hospitales de veteranos y hospitales que atienden un grupo desproporcionado de pacientes sin cubierta médica.

La JSF debe ayudar a ASES, entidad que administra el PSG, a que logren tener acceso al sistema de descuentos a través del programa 340B. Los ahorros obtenidos evitarían que se tengan que remover cientos o miles de pacientes del PSG por falta de financiamiento para dicho plan.

El Centro Médico de Puerto Rico pudiera beneficiarse del programa 340B, dado que el Hospital Pediátrico, el Hospital Universitario y el Hospital de Cáncer y el Hospital Municipal tratan a un número desproporcionado de pacientes sin cubierta médica o cubierta de Medicaid. De esta forma, la JSF se ganaría la credibilidad, la admiración y el respeto de la ciudadanía.