Los pueblos, como las personas debemos vivir dentro de la realidad. No hacerlo es llamar al desastre. Por más de seis décadas Puerto Rico ha vivido de espaldas a su realidad. Hemos pretendido vivir como un pueblo rico – del primer mundo- sin tener ni los recursos ni las actitudes para así hacerlo. Nuestros gobernantes – con algunas excepciones – han sido responsables por esa situación. Para llegar al poder y luego conservarlo, prometieron “villas y castillas”. Nos hicieron creer que había los recursos y que por consiguiente podíamos vivir esa “realidad”. Pero todo era un sueño, una ilusión. No había los recursos y peor aún, no trabajábamos como para vivir así. Fue a base de endeudarnos y depender de las transferencias de recursos que nos hacían nuestros conciudadanos de la metrópolis. Los gobernantes fueron irresponsables y nosotros participábamos de esa irresponsabilidad, cada vez exigiendo y demandando má s. Hoy hemos chocado con la realidad y el sueño se ha convertido en una pesadilla de la que todos hemos sido responsables.

La colonia que somos, a la que hicimos parte integral del sueño llamándole Estado Libre Asociado -sin ser ni estado, ni libre, ni asociado- con su sistema económico, colapsó. Atravesamos hoy por la peor crisis en nuestra historia. Desde hace dos décadas estamos en una severa depresión económica. Estamos en quiebra; debemos mucho más de lo que podemos pagar y algunos todavía no se han dado cuenta de ello o no quieren darse cuenta pretendiendo vivir y exigir como si nada estuviera pasando. Nunca el gobierno había perdido el crédito y quebrado de forma total y tan contundentemente. Pero algunos por razones politiqueras -como el presidente del PPD Héctor Ferrer- quieren hacernos creer que la culpa de este desastre económico la tiene Ricardo Rosselló que solo lleva siete meses en el poder.

Consciente de que el presente estatus colonial junto a la ineptitud e irresponsabilidad de la peor administración de gobierno en nuestra historia han sido los principales responsables de la magnitud de la crisis, y ante la incapacidad de producir estados financieros que evidenciaran la situación, el Congreso en el uso de sus poderes plenipotenciarios sobre el territorio -a petición de AGP- legisló PROMESA para que una Junta de Supervisión Fiscal ayudara a rescatarnos de la situación. Esa junta, sin embargo, se ha convertido en una de Control, que ha sido incapaz de gestionar medidas ne cesarias para impulsar el desarrollo económico. En su novena reunión, a pesar de reconocer que el Gobierno ha hecho progreso significativo en implementar medidas para ajustar su tamaño y gastos, decidió de forma dictatorial imponer una reducción de la jornada laboral de dos días por mes, a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018, así como una reducción en 10% a las pensiones. El Gobernador había propuesto no afectar de ninguna forma las pensiones de los retirados más vulnerables, aquellos que reciben $2,000 o menos de pensión mensual que son el 86% de todos los pensionados. La propuesta de la junta afectará a 75% de los pensionados. Y como si esto fuera poco recomendó imponerle al secretario de Hacienda un síndico que decida qué se paga o no. De esto prevalecer seremos totalmente gobernados por la junta. Ese es el precio que pagaríamos por ser una colonia.

Ante esta situación, el Gobernador ha convocado un frente amplio para cabildear en la capital federal a favor de que se incluya a Puerto Rico en los proyectos de reforma contributiva y en las iniciativas de salud gubernamental que allí se discuten, así como a desobedecer las decisiones de la JCF y de ser necesario ir a la cárcel. Esta pudiera ser la gota que colme la copa para acabar con la colonia.