Sinopsis de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico – Dr. José M. Saldaña

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12 de febrero de 2019MM

Sinopsis de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Desafortunadamente la mayor parte de los puertorriqueños no tenemos clara la historia reciente de nuestro pueblo y nuestra relación con los Estados Unidos. Esto hace que la estimación actual de esa relación sea una principalmente fundamentada en la emoción y no en la razón. Asi las cosas podemos sucumbir ante argumentos puramente emocionales para tomar la decisión final y firme que acabe de una vez por todas con la actual situación indigna de limbo político en que nos encontramos. Vamos a dar un repaso breve de esa relación para que nuestro futuro político sea uno racionalmente logrado. Que no sucumbamos ente políticos populistas de la izquierda que aprovechando la actual situación de crisis fiscal, económica y social en que nos encontramos sumidos nos vendan un romántico futuro utópico de ensueño. 

A sabiendas de que nuestro pueblo no es uno amante de la lectura, pretendo que este resumen que hemos preparado sea inicialmente leído por usted, analizado y comentado en el entorno familiar y luego circulado y divulgado entre amigos, conocidos y todo aquel que usted entienda que debe conocerlo para en su momento hacer la decisión final inteligente.

Hasta principios de siglo 20 todos las posesiones adquiridas por los Estados Unidos pasaban a ser territorios incorporados -Ordenanza del Suroeste -o sea estaban en ruta a convertirse en un estado de la unión.

En 1898, como resultado del Tratado de París tras la Guerra Hispano- americana, España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos.

En el 1900 el Congreso promulgó la Ley Orgánica (P.L.56-191) también conocida como la Ley Foraker, para establecer en Puerto Rico un gobierno popular republicano limitado. La isla estaba dirigida por un gobernador nombrado por el presidente y una Asamblea Legislativa electa.

En 1901, el Congreso influenciado por el Tribunal Supremo de la nación y ambos por la teoría racista de supremacía blanca de Abbott L. Lowell – expresidente racista de la Universidad de Harvard- determinó que, para fines de la Cláusula de Uniformidad de la Constitución, Puerto Rico no era parte de Estados Unidos. Pertenecíamos a, pero no éramos parte de. El juez White en su opinión concurrente estableció el concepto de “no incorporación” cuando opinó que el Congreso tiene discre­ción para decidir si se incorporaba o no un territorio a los Estados Unidos, y cuándo. El Congreso entonces definió a Puerto Rico como un territorio “no incorporado” y por lo tanto concluyó que la Constitución y Carta de Derechos de Estados Unidos no se aplicaban íntegramente a la isla. Asi se nos impuso un estatus de territorio no incorporado. A pesar de que esa posición jurídica se pensó que sería por un tiempo (Dowell& Bidell), ese no ha sido el caso.

En 1917, con la Ley Jones (39 Stat.951) el Congreso de Estados Unidos les otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico. Dicha ley también modificó la estructura del poder legislativo para incluir un Senado y una Cámara de Representantes.

En Balzac vs. Porto Rico 1922) el TS declaró que había una segunda clase de ciudadanos americanos que a pesar de haber nacido americanos no podían disfrutar de los mismos derechos constitucionales de los demás ciudadanos por haber nacido en el territorio no incorporado, esto a pesar de la opinión disidente del Juez John Marshall Harlan advirtiendo que ese estatus en forma indefinida crearía un sistema colonial horrendo y extraño a los principios constitucionales de igualdad.

El presidente de los Estados Unidos continuó nombrando al gobernador, y la ley les otorgó al presidente y al Congreso la autoridad de hacer caso omiso de leyes puertorriqueñas en ciertos casos. Tanto la Ley Foraker como la Ley Jones estipularon que las leyes federales de Estados Unidos se debían aplicar en general a la isla.

En1946 el presidente Harry Truman designó a Jesús T. Piñero como el primer gobernador puertorriqueño sustituyendo Piñero a Rexford G. Tugwell quien había sido designado por Franklin D. Roosevelt.

1947, el presidente Harry S. Truman promulgó la Ley de Gobernadores Electos (Elective Governors Act o P.L.80-362), que por primera vez autorizó al pueblo puertorriqueño a elegir a su propio gobernador. El primer gobernador de Puerto Rico electo por voto popular lo fue Luis Muñoz Marín, quien fue elegido en 1948. 

Muñoz Marín propuso redactar una constitución de Puerto Rico, que consideraba proporcionaría una plataforma para la reforma económica y cambios políticos fundamentales. Para esto contó con el firme respaldo del gobierno del Presidente Truman y el Congreso.

En 1950, del Congreso promulgó la Ley de Relaciones Federales (Puerto Rican Federal Relations Act (P.L.81-600), autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución “sobre asuntos de incumbencia puramente local” por medio de una Asamblea Constituyente que se requería para abordar dos elementos clave: primero, se requería que los constituyentes establecieran un tipo representativo de gobierno, y segundo, el proyecto de constitución debía incluir una carta de derechos.

La Asamblea, bajo el liderazgo del gobernador Muñoz Marín, se reunió durante varios meses y redactó la constitución. Esta fue ratificada por el pueblo de Puerto Rico el 3 de marzo, 1952. Fue aprobada sub­siguientemente, sujeta a condiciones, por el Congreso y firmada por el presidente Truman como Ley Pública 82-447 (66 Stat.327) el 3 de julio, 1952. 

La Asamblea Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir el 10 de julio, 1952 y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82-447.  El gobernador Muñoz Marín promulgó la constitución el 25 de julio, 1952 (conocido como “el Día de la Constitución” de Puerto Rico). Este proceso, aprobado por el pueblo puertorriqueño en un referéndum, creó lo que se denomina como el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (“Commonwealth of Puerto Rico”).

Las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos las continúa definiendo la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Relaciones Federales. Los asuntos de gobierno, tales como moneda, defensa, relaciones exteriores y comercio interestatal, están bajo la jurisdicción del gobierno federal.  El gobierno local está a cargo de un gobernador y una legislatura bicameral elegidos por voto popular.  Puerto Rico está representado en el Congreso de Estados Unidos por el Comisionado Residente, quien es elegido por el pueblo cada cuatro (4) años y es un miembro sin voto de la Cámara de Representantes.  La política del poder ejecutivo federal es desde hace mucho tiempo que el estatus de Puerto Rico debe ser determinado por el pueblo puertorriqueño. El presidente Obama ha reafirmado esta política. Sin embargo, si el pueblo puertorriqueño opta por un cambio de estatus, tal decisión debe ser implementada por medio de legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente.

Casos subsiguientes de la Corte Suprema crearon un marco para determinar caso por caso cuáles cláusulas constitucionales y leyes federales se aplicaban a territorios no incorporados.

 Los tiempos han cambiado y los Estados Unidos no tienen como política pública mantener territorios indefinidamente.

Ha habido varios esfuerzos para determinar la voluntad del pueblo puertorriqueño. En 1959 el Comisionado Residente Antonio Fernos Isern y el Senador James Murray (D-MT) presentaron un Proyecto en el cual buscaban transferir algunos poderes del gobierno federal a Puerto Rico tales como fijar impuestos locales al café. A pesar de que el Proyecto tenía algún apoyo la discusión se proyectó hasta el 1960 si éxito alguno.

 En 1967, la asamblea legislativa de Puerto Rico legislo un referéndum para examinar tanto el interés del pueblo puertorriqueño como la voluntad del Congreso de poner fin al debate sobre el estatus político. Ese referéndum resultó en el respaldo a la opción de Estado Libre Asociado (60.4 por ciento a favor).

En 1970, el gobierno del presidente Nixon creó el primer Grupo Asesor Ad Hoc sobre Puerto Rico. Este grupo se reunió en 1970 y 1971 para considerar la viabilidad de permitir que los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico voten en las elecciones presidenciales y finalmente recomendó que se permita que los residentes puertorriqueños lo hagan. Sin embargo, el Congreso rechazó dicha recomendación.

El segundo Grupo Asesor Ad Hoc, comisionado conjuntamente por el presidente Nixon y el gobernador Hernández Colón en septiembre de 1973, fue responsable por determinar en qué medida se aplicaban las leyes y normas federales a Puerto Rico en vista de su estatus como estado libre asociado. Ese grupo asesor redactó legislación sobre un “pacto”, que le dio a Puerto Rico mayor autonomía de la que se le había otorgado previamente. Debido a la oposición de ambos partidos, la propuesta no recibió apro­bación a nivel de comité.

El segundo Grupo Ad Hoc continuó hasta el gobierno del presidente Ford y el 1º de octubre, 1975, presentó su informe final y bilingüe: Pacto de Unión Permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos: Informe del Grupo Asesor Ad Hoc sobre Puerto Rico (Compact of Permanent Union between Puerto Rico and the United States: Report of the Ad Hoc Advisory Group on Puerto Rico). En el pacto vislum­brado por el Grupo Ad Hoc se modificaría y haría permanente la relación indefinida establecida por la legislación de 1950.

El 31 de diciembre, 1976, el presidente Ford rechazó las recomendaciones del Grupo Ad Hoc tras un análisis por su gabinete, declarando que consideraba que la estadidad era un paso más apropiado para Puerto Rico. Consecuentemente, anunció una nueva comisión para examinar los asuntos e implicaciones de que Puerto Rico logre la estadidad. Recomendó que el Congreso aprobara una ley con ese fin, pero no se hizo nada al respecto.

En 1978, el gobierno del Presidente Carter formuló una política de “futuros alternativos”, en que el poder ejecutivo apoyaba como legítimos todos los estatus posibles para la isla pero no promovía una opción específica de estatus. Sin embargo, el Congreso no aprobó legislación que le ofreciera dichas alternativas al pueblo puertorriqueño.

El Presidente George H. W. Bush, en su discurso ante el Congreso el 9 de febrero, 1989, instó al Congreso a autorizar un referéndum para permitir que los puertorriqueños decidieran su futuro político e indicó que favorecía la estadidad. También emitió un memorando el 30 de noviembre, 1992, estableciendo la actual relación administrativa entre el gobierno federal y Puerto Rico. Este memorando dio instruc­ciones a “todos los departamentos, agencias y funcionarios federales, para que en la medida que sea coherente con la Constitución y las leyes de Estados Unidos, de ahora en adelante se trate a Puerto Rico administrativamente como si fuese un estado, excepto cuando el hacerlo, con respecto a un programa o actividad federal existente, aumenten o disminuyan los ingresos o gastos federales, o se altere seria­mente la operación de tal programa o actividad”. La directiva del Presidente Bush debía permanecer en vigor hasta que, según el memorando, el Congreso aprobara legislación para cambiar el estatus político de Puerto Rico de acuerdo a la voluntad del pueblo puertorriqueño.

En 1993 y 1998, el gobierno de Puerto Rico volvió a aprobar legislación para realizar plebiscitos. Los resultados del celebrado en1993 fueron: 48.6 por ciento escogió la opción de estado libre asociado; 46.3 por ciento, estadidad, y 4.4 por ciento, independencia.

El resultado del plebiscito de 1998 continúa siendo materia de debate. La opción “ninguno de los anteriores”, apoyada por el Partido Popular Democrático, obtuvo 50.3 por ciento del voto (en com­paración con 46.5 por ciento para estadidad, 2.54 por ciento para independencia, 0.29 por ciento para la libre asociación y 0.06 por ciento para estado libre asociado). Algunos interpretaron estos resultados como un voto de protesta respecto a las opciones del plebiscito, puesto que el Congreso no estaba obligado a implementar ninguno de los resultados, y que quienes favorecían el estado libre asociado no se ponían de acuerdo sobre la definición de estado libre asociado en la boleta. Independientemente de la interpretación de los resultados, los plebiscitos demostraron lo importante que es el asunto del estatus para el pueblo puertorriqueño: por lo general, participa un 70 por ciento de los votantes.

El asunto del estatus fue el único asunto tratado por el Grupo de Trabajo constituido por el Presidente Clinton. El Presidente George W. Bush también se siguió concentrando en el estatus. Los informes del Grupo de Trabajo de su gobierno en el 2005 y 2007 se centraron en dos asuntos:

(1) analizar la con­stitucionalidad de ciertas opciones de estatus y

 (2) recomendar un tipo específico de plebiscito para determinar la opinión del pueblo puertorriqueño sobre el estatus.

En Marzo del 2011 se dio a conocer el Informe de la Casa Blanca del Presidente Obama. Este ha sido el informe mas exhaustivo emitido por la Casa Blanca sobre Puerto Rico.

Recomendación # 1: El Grupo de Trabajo recomienda que todas las partes pertinentes—el Presidente, Congreso y los líderes y residentes de Puerto Rico—trabajen para asegurar que los puertorriqueños puedan expresar su voluntad sobre las opciones de estatus y que se cumpla su voluntad para fines del 2012 o poco después.

Recomendación # 7: Si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, el Presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación que entre en vigor automática­mente y especifique anticipadamente para el pueblo puertorriqueño un conjunto de opciones aceptables de estatus que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad. Esta legislación debe conllevar el compromiso de Estados Unidos de cumplir con la decisión de Puerto Rico (siempre que sea una de las opciones de estatus especificadas en la legislación) y debe especificar la manera en que se tomaría dicha decisión. El Grupo de Trabajo recomienda que, para fines del 2012, el poder ejecutivo desarrolle, redacte y colabore con el Congreso para poner en vigor la medida propuesta.

 Como si lo anterior no fuera suficiente el Partido Demócrata Nacional en su plataforma incorporo una resolución aprobada unánimemente en la que en el primer párrafo dice  textualmente que: “El estatus político de Puerto Rico permanece como un asunto de extrema importancia, pero la falta de una resolución respecto al estatus ha mantenido a la isla atrasada”.

Se señala además en el segundo párrafo de dicha resolución lo que ya forma parte de la recomendación #7 del Informe de la Casa Blanca dese marzo de 2011 conteniendo la posición del presidente Barack Obama sobre Puerto Rico,: “Si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, el Presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación autoejecutable que especifique por adelantado para el pueblo de Puerto Rico un conjunto  claro de opciones de estatus, como las recomendadas en el Informe de Casa Blanca  que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad”.

El tercer y último párrafo de la resolución comienza con la siguiente oración: “El éxito económico de Puerto Rico está íntimamente ligado a una rápida solución del asunto del estatus así como a esfuerzos consistentes enfocados en mejorar la vida del pueblo de Puerto Rico.”

El 6 de noviembre de 2012 se celebro un plebiscito en el que la primera pregunta pedía saber si Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial de actual Estado Libre Asociado. El resultado fue: el 54% de 1.8 millones de votantes expresaron no y un 46% expreso que si.

En la segunda pregunta se les pidió a los electores irrespectivamente de la contestación a la pregunta anterior, cuál de las siguientes opciones no territoriales preferiría: El 61.13 % prefirió la estadidad, el 33.32 % prefirió el estado libre asociado soberano y el 5.54% prefirió la independencia

En junio de 2017 se celebró el último plebiscito para determinar nuestro estatus. El PPD saboteo el mismo por alegadamente no estar el ELA en la papeleta a pesar de que estuvo el actual estatus territorial como lo definió el Departamento de Justicia federal. Hubo la más baja participación en una de esta consultas. Con solamente un 23% de participación electoral: La estadidad obtuvo el 97 % de los votos, el actual estatus territorial el 1.32% y la Libre asociación/independencia el 1.5% de los votos.

Durante el 2016 surge lo que se sabia que más temprano que tarde ocurriría, la monumental quiebra del gobierno por más de $75 billones y la pérdida total del crédito en los mercados de valores. Todo ello por la irresponsabilidad de algunos gobernantes que gastaron más allá de lo que se sabia que era nuestra capacidad de producir y de pago.

El año 2017 fue uno nefasto para el ELA. Los tres poderes del gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial nos señalaron crudamente, sin adornos de clase alguna la realidad de que a pesar de todos los pujos de autonomismo que nos señalaron por 60 años los populares, seguimos siendo un territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del congreso.

 
 
 
 
 
 

El departamento de Justicia federal señaló antes del plebiscito de junio del 2017 que somos un territorio no incorporado bajo los poderes del congreso y que la libre asociación es claramente la independencia.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Sánchez Valle resolvió que Puerto Rico no tiene soberanía propia para basar su poder de establecer procesos penales pues es una delegación del Congreso. Peor aún, con la ley PROMESA el Congreso de los Estados Unidos, ejerciendo los poderes plenipotenciarios sobre esta colonia llamada territorio le confiere a la creada Junta de Supervisión Fiscal las facultades necesarias en última instancia independientemente de las leyes y la constitución de la colonia, para forzar sacarnos de la crisis económica y fiscal en la que nos hemos metido por irresponsables.

En septiembre del pasado 2018 entro en acción el huracán María con furia de vientos de 200 millas por hora devastando totalmente la isla. Añadiéndose esta calamidad a la monumental quiebra gubernamental de más de $74 billones y a la total ausencia de crédito en los mercados financieros. La crisis social no se hizo esperar. La enorme ayuda billonaria del gobierno federal – por ser ciudadanos americanos – para lidiar con la crisis comenzó a fluir, aunque no con la velocidad necesaria sirviendo para evitar lo que de otra forma sería una severa crisis humanitaria.

Ese estatus desigual, cruel y denigrante todavía lo sufrimos a pesar de los intrascendentes pujos autonómicos con la creación del ELA en 1952. Esta condición de inferioridad junto a la irresponsable manera en que muchos de nuestros gobernantes por décadas se excedieron gastando dinero más allá de nuestra capacidad de producir, ante la actitud de “benign neglect” del congreso, de la corrupción congresional admitida por la propia senadora Elizabeth Warren -quien recientemente nos visitara- así como por la devastación causada por el peor huracán de la historia, han sido en gran medida responsables por la realidad de la horrible quiebra y gran crisis económica, fiscal y social que nos arropa.

Asi las cosas después de 120 años de tener un estatus territorial indigno y discriminatorio los puertorriqueños seguimos procrastinando, resbalando en el fango colonial sin tomar una decisión de forma clara y contundente en una consulta que vincule al congreso con la solución final que escojamos.

Esta situación tiene un impacto nocivo en toda nuestra sociedad de tal magnitud que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas en términos de nuestro futuro político e ideológico. Es precisamente en este tipo de crisis económica y social en la que los políticos populistas de la izquierda se ceban y aprovechan para vendernos sueños llevando un mensaje demagógico utópico de necesidad de cambio hacia un futuro ideal, irreal, hacia una justicia social basada en un socialismo que supuestamente distribuya equitativamente la riqueza para eliminar la pobreza. La situación se exacerba diariamente por parte de sectores de una prensa, radial y televisiva, de la jerarquía de la iglesia católica, de artistas y académicos, todos antiamericanos socialistas y contrarios a la actual administración. Esto pone en peligro que en noviembre del 2020 suceda un cambio por un gobierno capitaneado por la alcaldesa socialista Yulin Cruz que nos conduzca a la libre asociación/independencia que proponen ella y el PPD, para una vez en ese estatus, paulatinamente, sin marcha atrás llevarnos al socialismo del Siglo 21 de la Venezuela de Chávez y Maduro, sus admirados amigos.

Ante esta coyuntura los que creemos en la democracia liberal norteamericana y el capitalismo, no podemos asumir una actitud pasiva…tenemos que informarnos para para no seguir cometiendo errores. Tenemos que unirnos y estar combativos. Ahora sí nos va la vida como pueblo.

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