United States v. Vaello-Madero – Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado

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United States v. Vaello-Madero

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Abraham Lincoln dijo: “Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. Sabias palabras de Lincoln que se produjeron en el contexto de la esclavitud racial en los Estados Unidos. Todavía persisten en su sabiduría en el contexto colonial de Puerto Rico bajo la ficción jurídica que conocemos como “territorio no incorporado” o Estado Libre Asociado.

El Diccionario de la Real Academia define “esclavitud” como la “sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación”. El colonialismo también es esclavitud porque es la imposición unilateral excesiva de las decisiones de quien se atribuye la autoridad o soberanía. Es la obligación de los gobernados a tener que aceptar esas decisiones unilaterales, desiguales y sin ningún derecho de participación.

Somos ciudadanos americanos porque así lo legisló el Congreso y porque consideran que Puerto Rico es propiedad federal, una finca caribeña, donde hacen, omiten, dan y quitan a su única discreción. Nada distinto al amo dueño de la finca esclavista de los siglos 18 y 19 que determinaba unilateralmente todo sobre las vidas de sus esclavos afroamericanos a base de sus “bondades”, si las tenía, y no de los derechos de esos seres aunque eran hijos de Dios y creados iguales que los más blancos. Por supuesto, los amos alimentaban y algunas atenciones médicas les daban a sus esclavos, pero nunca igual que a los blancos. Solamente les daban lo necesario para que continuaran vivos y sin riesgo de amotinamiento. Con el ELA, de eso mismo hemos dependido los ciudadanos americanos de Puerto Rico: de la discreción de nuestros amos políticos en Washington DC para privarnos de los derechos que consideren a su única discreción; o de su bondad para darnos, si algo, lo que consideren necesario.

El gobierno federal es culpable de que Puerto Rico continúe sufriendo el discrimen y la desigualdad a través de leyes federales y decisiones judiciales federales, arcaicas y bochornosas, que son discriminatorias a la altura del siglo 21. Ahora, tienen la fuerza de cara de recriminar al pueblo de Puerto Rico de que deberíamos tener una economía fuerte y sustentable porque hemos recibido millones por su “bondad”. Lo que no reconocen esos funcionarios federales es que, solamente durante la década 2000-2010, sus leyes y decisiones judiciales federales coloniales impidieron que nuestra economía y nuestra gente recibieran $130 mil millones en fondos federales en comparación con cualquier estado de la Unión con nuestra misma población y nivel de necesidades. Es imposible tener una economía fuerte comparable a un estado, si durante más de un siglo nos han tratado, política y económicamente, como una finca de discriminados y dependiente de las inciertas migajas por la “bondad” de sus actos.

Puerto Rico también es responsable de lo que ocurre. Existe conformismo y demasiado complejo colonial de inferioridad. Hay quienes creen que no vale la pena salir a votar en plebiscitos exigiendo la Igualdad.

José Luis Vaello Madero no pensó así cuando el gobierno federal le vino “pa’encima” con una demanda en la corte federal para cobrarle $28,000 que había recibido del Seguro Social Suplementario federal (SSI) desde que se mudó de New York a Puerto Rico. Vaello Madero no se intimidó ni se acomplejó. Decidió hacerse sentir, darse a respetar, defender y reclamar su derecho a la Igualdad, pues en Puerto Rico continuaba siendo tan ciudadano americano como lo era en New York cuando fue elegible para recibir esos beneficios. En esa corte, Vaello tuvo un juez federal justo y valiente, Gustavo Gelpí, que le otorgó la razón con el apoyo de sus abogados y de nuestra comisionada residente, Jennifer González, que también lo apoyó interviniendo como “amiga de la corte”.

El triunfo legal de Vaello es un homenaje al derecho a la Igualdad que tenemos los puertorriqueños, no por el ELA —que a Vaello y millones de puertorriqueños les ha provocado discrimen e incertidumbre— sino porque somos ciudadanos americanos bajo la bandera y la Constitución federal. El ELA es la peor condición de vida y de derechos para un ciudadano americano. El ELA nos coloca en la desventaja de que cada 121 años aparezca un juez federal que saque la cara por la justicia para 3.3 millones de seres que somos americanos y creados iguales por Dios.

Thomas Rivera Schatz

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