Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico

RESPUESTA RÁPIDA: 11 de abril 
Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico / PS 1121

Hoy el Gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley el Proyecto del Senado 1121, que establece “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” y el Marco Regulatorio para la venta y concesión de Activos de la AEE.
 La nueva política pública requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía.
 Se establece una nueva cartera de energía renovable: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050.
 Hoy estamos dando un paso de avanzada para mejorar la calidad de vida de todos quienes residimos en la Isla.
 La Ley provee una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.
 Se establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante Alianza Público-Privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año.
 La baja en los costos de energía solar y los sistemas de baterías harán posible la implantación de esta ley, con muchas opciones al abonado y añadiendo resiliencia en la red.
 Esta Ley encamina a Puerto Rico en la dirección correcta, colocándonos en un futuro cercano a la generación de energía a menor escala, en la que los mayores proveedores sean los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales, microrredes, entre otros.
 Puerto Rico está ahora a la vanguardia con otras jurisdicciones y lugares en el mundo que se mueven a producir el 100 por ciento de electricidad con fuentes de energía renovables.
 Esta ley va a establecer las guías correctas para que Puerto Rico cuente con un sistema energético confiable, moderno y resiliente que sirva de vehículo para un desarrollo económico sostenible.
 Se establecen unas salvaguardas para que el proceso de privatización sea transparente y que beneficie al consumidor.
 La Ley le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o APP.
 También se puntualiza que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación.
 Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor a cinco años.
 Las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala.
 Los empleados regulares de la AEE que no pasen a trabajar para los Contratantes retendrán sus plazas, o serán transferidos a otras plazas dentro de la AEE u otras Entidades Gubernamentales.
 Los empleados que sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o que pasen a ser empleados de los Contratantes de las Transacciones de la AEE (empresas privadas), conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables.
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