Indignación ante arrestos por fraude con contratos de la AEE – La gobernadora y varios líderes reaccionan al caso de fraude en fondos federales

Indignación ante arrestos por fraude con contratos de la AEE

La gobernadora y varios líderes reaccionan al caso de fraude en fondos federales

• Christian G. Ramos Segarra, EL VOCERO11/09/2019  2 Facebook Twitter Email

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Los arrestos suscitados por un aparente esquema de fraude de sobre $1.8 billones en fondos federales para levantar el sistema eléctrico, vuelven a poner a Puerto Rico bajo la mirilla del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), lo que, a juicio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced resulta “reprochable e indignante”.

Los arrestos por conspiración de dos exfuncionarias de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el expresidente de Cobra Aquisitions, Donald Keith, se dan en momentos en que Vázquez Garced visita la capital estadounidense para intentar recobrar la confianza del Congreso y la Casa Blanca tras los arrestos por corrupción en el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

“Conocer que funcionarios del gobierno federal, en este caso FEMA, y la compañía privada Cobra, encargada de ayudar a Puerto Rico en la restauración del sistema eléctrico, (hayan incurrido en esto) es una gran tristeza. Estos, según la acusación, mal utilizaron y se aprovecharon de la necesidad y el dolor que Puerto Rico enfrentaba después del paso del huracán María”, comentó la exsecretaria de Justicia.

No obstante, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de Industria Eléctrica y de Riego (Utier), aseguró a EL VOCERO que están convencidos de mayores irregularidades relacionadas al otorgamiento de contratos. Según discutió, el monto relacionado al esquema fraudulento representa el pago de la nómina total de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por plazo de seis años.

“Hay que seguir investigando. No es posible que una compañía haya facturado tanto dinero en tan poco tiempo. Hay que corroborar que el trabajo que se facturó sea el correcto y que no haya otros funcionarios que también estén corriendo otro esquema o modelo de corrupción”, exclamó el líder sindical.

Vázquez, por su parte, indicó que, ante la racha de esquemas de fraude y casos de malversación de fondos federales que en parte han involucrado al gobierno, “fortalecemos cada día las medidas para identificar posibles conductas de aquellos que pretendan aprovecharse de la necesidad y el dolor de un pueblo”.

Recientemente, la sucesora de Rosselló puntualizó que —pese a las situaciones y a que la desconfianza de los federales se exacerbó con los esquemas de corrupción— el gobierno central no perdería acceso a los fondos destinados a la recuperación de la Isla. “Ese dinero nos pertenece como ciudadanos americanos y nuestro pueblo lo necesita”, dijo.

Están cooperando con autoridades

El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, aseguró que han cooperado y seguirán cooperando con las investigaciones que están siendo ejecutadas por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, Homeland Security y el FBI.

Ortiz recalcó que la corporación pública canceló los contratos que mantenían con Cobra desde el pasado mes de marzo, cuando salieron a relucir posibles irregularidades que involucraban las gestiones realizadas como parte del proceso de recuperación del huracán María. Además, sostuvo que la AEE solicitará próximamente una reunión con funcionarios de FEMA para determinar los próximos pasos a seguir.

“Siempre ha sido una prioridad para nosotros el poder asistir y colaborar con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades locales y federales, y así lo continuaremos haciendo, como parte de nuestro deber ministerial de velar por el buen uso de los fondos públicos”, puntualizó el ejecutivo.

Ejercieron presión con Whitefish

En el caso resultaron involucradas la exadministradora regional de FEMA, Ahsha Tribble y Jovanda Patterson, quien fuera subjefa regional de FEMA y renunciara en julio de 2018 a su cargo para trabajar en Cobra Energy.

EL VOCERO intentó conseguir reacción de la agencia, pero indicaron que no emitirán declaraciones sobre sus exempleadas.

Por su parte, Ricardo Ramos, exprincipal oficial ejecutivo de la AEE y quien firmó el primer contrato otorgado a Cobra, denunció a este rotativo que Tribble pudo haber ejercido presión para crear una controversia con el contrato que había sido adjudicado a Whitefish Energy por $300 millones y beneficiar a Cobra.

“La controversia relacionada a Whitefish fue un ‘fake news’ porque todo lo hicimos bien y no hubo ninguna irregularidad o ilegalidad. Me pregunto si FEMA y Cobra inventaron esto para su propio beneficio”, dijo.

Ramos aseguró que las contrataciones de Whitefish y Cobra se habían realizado previo a la llegada de Tribble a Puerto Rico. No obstante, relató que la exfuncionaria federal comenzó a levantar cuestionamientos sobre Whitefish cuando ambos contratos eran idénticos. “Mi experiencia con los funcionarios locales de FEMA fue muy buena, una vez llegan funcionarios de Estados Unidos, el panorama se complicó”, agregó.

“Los gringos también roban”

El senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó a EL VOCERO que esto solo demuestra que “la respuesta de FEMA con Puerto Rico ha sido anémica y representa un menosprecio de las responsabilidades con la Isla”.

“Hay un refrán que dice que los ricos también lloran, pero en este caso se demuestra que los gringos también roban. Como había anticipado en el Senado, se aprovecharon de la economía de desastre para lucrarse”, opinó.

“Esto es una respuesta en consideración de lo que se supone que es la responsabilidad de la metrópoli con su territorio. Esto no son dádivas, ni regalos. Aquí se paga por los por cientos de unos intereses hipotecarios y los seguros”, añadió Dalmau.

A su vez, el senador Larry Seilhamer, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien preside la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, considera que los funcionarios de la AEE hicieron la advertencia adecuada para alertar que los servicios por los que se contrató a Cobra resultaban más caros que los estimados ofrecidos por otras empresas.

Sin embargo, Seilhamer es puesto en duda por Figueroa Jaramillo, quien entiende que la corporación no estaba al tanto porque le otorgaron una extensión del contrato. El primer contrato de la corporación pública totalizó $200 millones, mientras que el último ascendió a $900 millones.

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