Breve Historial del Status Político de Puerto Rico – Por Héctor Ramos

23 de junio de 2022

Breve Historial del Status Político de Puerto Rico

El tema del status político de Puerto Rico
afecta no sólo a los que llamo “status
junkies” si no a toda la sociedad.

Durante los últimos 124 años ha habido
muchas expectativas frustradas, muchas
promesas olvidadas, muchas decepciones,
muchas fantasías tejidas, espejismos (como
el representar el Estado Libre Asociado
como un status político creado mediante un

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pacto), mitos y muchos secuestros
e intentos de secuestros de nuestro destino.
El más reciente de esos intentos fue el de la
llamada Convención Constitucional de
Status. También ha habido muchos
trampantojos como las distintas
Comisiones
de Status congresionales y de Casa Blanca,
y
simulacros como los repetidos y fallidos
intentos de culminación del status territorial
presente comenzados apenas 5 anos
después de su aprobación.
De todos éstos el ejercicio más serio y
sustantivo fue el proyecto conocido como el
Bill Johnston de 1989 que definía con el
mayor detalle el contenido y las
transiciones
respectivas de cada alternativa y tuvo la

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participación de la administración Bush
pero
por un voto no logró la mayoría para ser
aprobado por la comisión.
Ahora nos presentan un borrador de
proyecto producto
de una negociación, de un consenso,
logrado por el Congresista Hoyer, portavoz
de la mayoría demócrata en la Cámara, para
sustituir el de la Comisionada Residente y el
de la Congresista Nydia Velázquez por
dicho
borrador que entre otros elementos
provee para que bajo la Libre
Asociación los puertorriqueños que
ostentan la ciudadanía de los EE.UU.
tendrían derecho a retenerla o a transmitirla
en ciertas condiciones.
Pero la Enmienda XIV de la Constitución

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federal dispone que “All persòns born or

naturalized in the United States, and subject
to the jurisdiction thereof, are citizens of
the
United States and the State in which they
reside”.

O sea que para ser ciudadano la persona
debe estar sujeta a la jurisdicción de los
EE.UU. La Libre Asociación se define en el
borrador de proyecto como un status
con soberanía internacional. Es un
verdadero reto determinar por qué un
ciudadano de un país soberano reconocido
internacionalmente quiera ser ciudadano de
otro país o por qué ese otro país va a
aceptar
que ciudadanos suyos lo sean también de

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otro país soberano sobre el cual no tienen
jurisdicción.

Después de las vistas sobre el borrador
llevadas a cabo hace dos semanas la
Congresista Velázquez expresó que
someterá enmiendas a las disposiciones
sobre ciudadanía. Veremos por dónde se
decanta.

En cuanto a mí respecta la inclusión de la
posibilidad (aunque condicionada) de la
ciudadanía americana en el caso de la Libre
Asociación no tiene otro
propósito que proveerle una herramienta
de propaganda a los favorecedores de ese
status. Se trata de proyectar la impresión,
sea para ahora o para el futuro,

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de que algo que valoramos mucho no
se afectará.
El borrador de proyecto tiene otra
disposición problemática. Se trata de la que
provee para que los resultados sean
“vinculantes”, o sea que el Congreso venga
obligado a aceptarlos e implantarlos.
Algunos han dicho que ese elemento
constituye una “píldora venenosa” para
afectar a la estadidad que no sería acogida
por el Congreso. Lo cierto es que es un
principio manido que en ningún asunto un
Congreso puede obligar a uno subsiguiente.

En éste caso se trata de un Congreso que
termina éste año, recesa en agosto y
vuelve a sesionar por breve tiempo
antes de las elecciones de noviembre

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cuando se elegirá uno nuevo. Estas
circunstancias también dificultan la
aprobación de cualquier proyecto y
prácticamente imposibilitan su
consideración en el
Senado.
Y para terminar con las píldoras venenosas
la Congresista Ocasio Cortés anunció que
presentará enmiendas para hacer constar
que en la Estadidad el español será el
idioma
oficial del gobierno de Puerto Rico y de la
enseñanza pública.
Parece no saber ésta Congresista que los
Estados Unidos de América, el gobierno
Federal, no tiene ni ha tenido un idioma
oficial, que 20 estados no tienen idioma
oficial y que otros estados han otorgado

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categoría de idioma oficial a otros idiomas
que no son el inglés, incluso a idiomas de
tribus indias. También desconoce
que el gobierno federal no tiene jurisdicción
sobre esos asuntos y que los mismos son
potestativos de los estados.
¿Cómo es posible que nos encontremos en
ésta noria en el 2022?
En julio de 1898, poco después de
desembarcar el General Miles en Puerto
Rico, emitió una proclama expresando que
las fuerzas militares americanas ocupaban a
Puerto Rico por la causa de la
justicia y la humanidad, enarbolando la
bandera de la libertad.

En Ponce Miles fue recibido por el alcalde

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acompañado de la Banda Municipal que
tocó
el Star Spangled Banner.
La prensa y los principales líderes políticos
expresaron su adhesión a los EE.UU. y su
meta de que P.R. se organizara como
territorio de los EE.UU y subsiguientemente
entrara a la Unión como estado.
Desde 1899 un estudio de Henry K. Carroll
encomendado por el Presidente McKinley
recomendó el otorgamiento de la ciudadanía
americana a los puertorriqueños. En 1900
Mckinley instruyó al gobernador Allen:
“PREPARE THEM FOR STATEHOOD AS
RAPIDLY AS POSSIBLE”.
Tras visitar a Puerto Rico en 1906 el
Presidente Theodore Roosevelt compareció
ante el Congreso sobre varios asuntos y le

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hizo un llamado a extender “full American
citizenship upon the people of Porto Rico. It
seems to me a matter of right and justice to
the people of Puerto Rico”.
La ciudadanía, sin embargo, se atrasó hasta
1917 y se trató de crear el mito de
Que la motivación fue reclutar
puertorriqueños para servir en el
ejército. La realidad es que nunca el ser
ciudadano de EE.UU. fue requisito para
servir en el ejército y que tantos los que lo
eran como los que no estaban obligados a
servir. De hecho ya antes de la primera
guerra puertorriqueños organizaron un
batallón para servir voluntariamente.

Mientras tanto los partidos políticos y
líderes

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locales incluyendo a Barbosa, Iglesias,
Degetau, Muñoz Rivera y De
Diego abogaban por la ciudadanía y por la
Estadidad. Sí, De Diego también.

Pero ya en 1912 había aflorado una
corriente
a favor de la independencia dentro del
Partido Unionista generada por la
inacción del gobierno federal con relación a
liberalizar la estructura gubernamental
establecida por la Ley Foraker,
extendernos la ciudadanía y encaminarnos
hacia la estadidad. Todos reconocían que el
progreso en cuanto a salud, infraestructura,
educación, seguridad desde 1898 había sido
gigantesco pero el poder político estaba
limitado y las aspiraciones a la participación

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en la Unión dudosas.
De esa frustración es que nace el
Independentismo en Puerto Rico, primero
como alternativa a la estadidad y luego
como
opción única. Y entremedio en el mismo
Partido Unionista, entonces de mayoría, la
llamada facción autonomista. Una
“triple plataforma” de la cual pronto
sacarían
a la estadidad.
En esos vaivenes de ideologías y partidos
estuvimos hasta que el Congreso autorizó
que en 1948 eligiéramos al gobernador que
hasta entonces era designado por el
Presidente, y que aprobáramos
una constitución para nuestro gobierno en
1952.
Ese gobierno interno se denominó

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“Estado Libre Asociado”, apelativo que
prontamente se representó como si fuera
un
status político per se. Pero el título de
Estado
Libre Asociado o ELA no identifica a un
status político si no que es la designación
de
la entidad que conforma al gobierno de
Puerto Rico. Se trata del concepto del “body
politic” constituído con autoridad para
representar y actuar a nombre del gobierno,
de la autoridad gubernamental.
El ELA vino a ser el sucesor legal de lo que
se conocía con la designación oficial de “El
Pueblo de Puerto Rico” en nombre del cual
se aprueban leyes y reglamentos locales, se
deciden casos en los tribunales, se emiten
denuncias de tráfico, etc.

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La adopción del título de Estado Libre
Asociado que evidencia lo anterior está
recogida en la Resolución 22 de la
Convención Constituyente. Dicha
Resolución
es un admirable ejercicio de
contorsionismo linguístico obra de don
Jaime Benítez. Pero NO es un status
político.
El status político de Puerto Rico es aún el
de
un territorio perteneciente a los EE.UU. tal
cual lo era antes de la aprobación de la
Constitución.
El mito de que había un pacto entre Puerto
Rico y los EE.UU. fue quedando al
descubierto primero por opiniones del
Departamento de Justicia Federal y del
Congressional Research Service así como

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por las acciones congresionales y
ejecutivas
federales que nos afectan y en las cuales
no tenemos ingerencia, incluyendo a
las asignaciones económicas. Y, claro,
desde
la rama ejecutiva se llenan los pulmones
prometiéndonos trato igual mientras apoyan
la continuación del status quo.
Pero más dramáticas en exponer la realidad
han sido las decisiones judiciales del
Tribunal Supremo de los EE.UU. como las
de
los casos de Sánchez Valle, Franklin Trust,
Aurelius y Vaello Madero. Cada una reafirma
la autoridad plenaria del Congreso sobre
Puerto Rico bajo el Artículo IV, Sección 3
de
la Constitución, conocida como la cláusula

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territorial.
Y quizás lo más contundente es la Ley
PROMESA que aún sirviendo de salvavidas
al fisco constituye el ejercicio de poder más
claro del Congreso sobre el territorio.
Quiero referirme a un artículo del ex
senador
Eduardo Bhatia publicado hace pocos días
en el cual analiza el balance de poder, el
nivel de autoridad y jurisdicción entre los
estados, los territorios y el gobierno federal.
El ex senador Bhatia afirma favorecer se
haya excluido al territorio como alternativa
en el borrador del proyecto de plebiscito
porque, según explica, ante el escenario de
poderes y jurisdicciones de los gobiernos
estatales y el federal que analiza se trata de
un status inefectivo.

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Me recordó la frase de Rafael Hernández
Colón refiriéndose al mismo status. Dijo
Hernández Colón que “sin poderes no se
puede”.

Y todos sabemos que los poderes emanan
del poder principal que es el del voto para
elegir 5 congresistas, 2 senadores y tener
peso en la elección del Presidente. Sólo así
tendremos influencia en las políticas
públicas nacionales y en los programas.
Sólo
así tendremos presencia y peso en comités
congresionales. Sólo así aportaremos y
seremos iguales en vez de ser vistos
como una jurisdicción dependiente y
pedigueña.
Hace años un estudio del Banco

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Gubernamental de Fomento sobre el
Desarrollo de Puerto Rico concluyó algo
muy
interesante que encapsuló expresando que
el obstáculo más grande para ese desarrollo
es lo que llamó el “foreignness syndrome”
refiriéndose así a la inseguridad o falta de
certeza que representa nuestro status
político para inversionistas a largo plazo
que
los hace abstenerse o invertir poco y a
corto plazo.
Varios informes del White House
Task Force on Puerto Rico, bajo
administraciones demócratas y
republicanas, han concluído que nuestro
status territorial constituye una limitación
(a
hindrance) a nuestro desarrollo.

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Y mientras la noria sigue dando vueltas
nuestra gente joven y productiva se nos va.
(No quisiera pensar que son masoquistas
que se mudan al continente para “sufrir” en
la estadidad). Así nos convertimos en un
lugar de viejos, de dependientes y de un
tipo
de inversión que nos da muy mal nombre.
Mientras también los independentistas
pautan el discurso público. Los medios de
comunicación exhiben su agenda según la
cual hay muy poca información sobre
eventos políticos, económicos, culturales o
sociales relacionados con los EE.UU. Las
pocas noticias las limitan al marco de la
información internacional. Se
refieren a la “nación norteamericana”
estableciendo así distancia y

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y diferencias.
Adoptan la terminología independentista
como referirse a Puerto Rico como
“colonia”
y propagan las referencias al derecho a
la “libre determinación” que son los
conceptos de derecho internacional que no
nos aplican. Se trata de los conceptos que
por 40 años han usado los países
comunistas, totalitarios liderados por Cuba,
para pedir la intervención de las Naciones
Unidas en una maniobra para imponer la
independencia.
A nosotros nos aplica la Constitución de
los EE.UU de América. Ninguna entidad
internacional tiene jurisdicción sobre Puerto
Rico. Lamentablemente líderes estadistas
también han caracterizado a Puerto Rico

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como “colonia” y se han referido a la
“autodeterminación”. Así de mucho ha
penetrado el discurso independentista.
Es también la terminología del
excongresista
Luis Gutiérrez y de las congresistas Ocasio
Cortés y Nydia Velázquez. Lo grave es que
al
anunciar el borrador de proyecto del que
antes hablamos, el congresista Steny Hoyer,
quien lleva décadas en el Congreso y
además es el portavoz de la mayoría en la
Cámara de Representantes, usó el mismo
lenguaje.
Así de mucho ha penetrado el discurso
independentista y así de poco hemos
abierto los ojos.
Ese discurso, esa ideología nacionalista,
independentista, socialista, ha penetrado

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comunidades hispanas (incluyendo
puertorriqueñas), universidades, escuelas,
entidades culturales, fundaciones y medios
de comunicación en los Estados Unidos.
Y los estadistas de Puerto Rico no hemos
despertado. No somos capaces de otra cosa
que – si acaso somos conscientes –
quejarnos como hago ahora. Pero no nos
organizamos para tener presencia seria y
con sustancia en los medios locales y
nacionales, en el Congreso, en el Ejecutivo
federal, en las comunidades
puertorriqueñas
a las cuales se han mudado muchos
estadistas, ante entidades educativas y
“think tanks”.
Debemos reconocer y apoyar la iniciativa
del
doctor José Manuel Saldaña de organizar el

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Puerto Rico Statehood Project que puede,
junto a otras organizaciones, emprender
algunas de éstas iniciativas.
En los escenarios presentes muchas
personas se preguntan qué puede
aportar Puerto Rico habiendo perdido
facilidades como Ramey y Roosevelt Roads
así como las operaciones del Comando Sur
que protegía a Puerto Rico y al Continente
del tráfico de drogas, entre otras cosas.
Todavía nos resuenan y nos afectan las
expresiones del Presidente George W.
Bush:
“They don’t want us there”.
Pero la localización geográfica de Puerto
Rico es privilegiada para la protección del
tráfico comercial así como para la seguridad
nacional cuando en nuestro entorno se está

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desarrollando agresivamente la presencia
de
Rusia, China y hasta Irán mediante
inversiones y financiamientos así como
facilidades y acuerdos de entrenamientos
militares. Esto ha estado ocurriendo en
Cuba
y Venezuela, por supuesto, pero también
en Nicaragua, Chile, Argentina y otros
países a los que pronto se unirá Colombia.
La tecnología hoy día hace menos
indispensable la inmediatez de la presencia
física pero todavía la ubicación cuenta. Hay
razones por las cuales es preferible lanzar y
operar satélites desde Puerto Rico y todavía
Venezuela está a 550 millas de San Juan.
Se trata de un tema que debemos estudiar y
desarrollar entre personas entendidas. Los
EE. UU. no pueden arriesgarse a verse

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rodeados por operaciones hostiles.
Debemos de identificar más temas o áreas
que realcen nuestro valor en las que
podamos incidir.
Nos debemos a nosotros mismos y a los
que
sigan no conformarnos, no quedarnos
quietos.
Como gritó Baldorioty ¡QUÉ HACEN
LOS PUERTORRIQUEÑOS QUE NO SE
REBELAN! O muy bien nos aplica el
lema de Juan Mari Bras: ¡Despierta
Boricua,defiende lo tuyo!
Muchas gracias. Almuerzo Trincheros 6/26/2022