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Es hora de activarse – Sugerimos se Organice un Grupo de Trinchantes Estadistas en cada Municipio/Precinto que se reúna a Almorzar o Cenar Mensualmente

Héctor R. Ramos

Puerto Rico Statehood Project

24 hr ago

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Conferencia dictada ante el grupo estadista “Trinchantes” en el Restaurante Antonio’s el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

Buenas tardes. Muchas gracias por acogerme. Muchas gracias a Kaki en particular. Les estoy agradecido porque además de permitirme la oportunidad de compartir temas de relevancia inmediata para nuestra isla, tengo el placer de estar con amigos que lo hemos sido por años, a quienes estimo mucho y a quienes hace demasiado que no veía. Pero estamos tan bien, hemos cambiado tan poco, nos conservamos de tal manera que nos reconocemos como si nos hubiéramos visto ayer. Lo que deseo servirles hoy y que trinchemos juntos consiste de variaciones o vertientes de un menú común. El tema del status político de Puerto Rico afecta no sólo a los que llamo “status junkies” si no a toda la sociedad.

Durante los últimos 124 años ha habido muchas expectativas frustradas, muchas promesas olvidadas, muchas decepciones, muchas fantasías tejidas, espejismos (como el representar el Estado Libre Asociado como un status político creado mediante un pacto), mitos y muchos secuestros e intentos de secuestros de nuestro destino.  

El más reciente de esos intentos fue el de la llamada Convención Constitucional de Status. También ha habido muchos trampantojos como las distintas Comisiones de Status congresionales y de Casa Blanca, y simulacros como los repetidos y fallidos intentos de culminación del status territorial presente comenzados apenas 5 años después de su aprobación. De todos éstos el ejercicio más serio y sustantivo fue el proyecto conocido como el Bill Johnston de 1989 que definía con el mayor detalle el contenido y las transiciones respectivas de cada alternativa y tuvo la participación de la administración Bush, pero por un voto no logró la mayoría para ser aprobado por la comisión.

Ahora nos presentan un borrador de proyecto producto de una negociación, de un consenso, logrado por el Congresista Hoyer, portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, para sustituir el de la Comisionada Residente y el de la Congresista Nydia Velázquez por dicho borrador que entre otros elementos provee para que bajo la Libre Asociación los puertorriqueños que ostentan la ciudadanía de los EE.UU. tendrían derecho a retenerla o a transmitirla en ciertas condiciones. Pero la Enmienda XIV de la Constitución federal dispone que “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and the State in which they reside”. O sea que para ser ciudadano la persona debe estar sujeta a la jurisdicción de los EE.UU.  

La Libre Asociación se define en el borrador de proyecto como un status con soberanía internacional. Es un verdadero reto determinar por qué un ciudadano de un país soberano reconocido internacionalmente quiera ser ciudadano de otro país o por qué ese otro país va a aceptar que ciudadanos suyos lo sean también de otro país soberano sobre el cual no tienen jurisdicción. Después de las vistas sobre el borrador llevadas a cabo hace dos semanas la Congresista Velázquez expresó que someterá enmiendas a las disposiciones sobre ciudadanía. Veremos por dónde se decanta.

En cuanto a mí respecta la inclusión de la posibilidad (aunque condicionada) de la ciudadanía americana en el caso de la Libre Asociación no tiene otro propósito que proveerle una herramienta de propaganda a los favorecedores de ese status. Se trata de proyectar la impresión, sea para ahora o para el futuro, de que algo que valoramos mucho no se afectará.

El borrador de proyecto tiene otra disposición problemática. Se trata de la que provee para que los resultados sean “vinculantes”, o sea que el Congreso venga obligado a aceptarlos e implantarlos. Algunos han dicho que ese elemento constituye una “píldora venenosa” para afectar a la estadidad que no sería acogida por el Congreso. Lo cierto es que es un principio manido que en ningún asunto un Congreso puede obligar a uno subsiguiente. En este caso se trata de un Congreso que termina éste año, recesa en agosto y vuelve a sesionar por breve tiempo antes de las elecciones de noviembre cuando se elegirá uno nuevo. Estas circunstancias también dificultan la aprobación de cualquier proyecto y prácticamente imposibilitan su consideración en el Senado.

Y para terminar con las píldoras venenosas la Congresista Ocasio Cortés anunció que presentará enmiendas para hacer constar que en la Estadidad el español será el idioma oficial del gobierno de Puerto Rico y de la enseñanza pública. Parece no saber esta Congresista que los Estados Unidos de América, el gobierno Federal, no tiene ni ha tenido un idioma oficial, que 20 estados no tienen idioma oficial y que otros estados han otorgado categoría de idioma oficial a otros idiomas que no son el inglés, incluso a idiomas de tribus indias. También desconoce que el gobierno federal no tiene jurisdicción sobre esos asuntos y que los mismos son potestativos de los estados.

¿Cómo es posible que nos encontremos en ésta noria en el 2022? En julio de 1898, poco después de desembarcar el General Miles en Puerto Rico, emitió una proclama expresando que las fuerzas militares americanas ocupaban a Puerto Rico por la causa de la justicia y la humanidad, enarbolando la bandera de la libertad. En Ponce Miles fue recibido por el alcalde acompañado de la Banda Municipal que tocó el Star Spangled Banner.  La prensa y los principales líderes políticos expresaron su adhesión a los EE.UU. y su meta de que P.R. se organizara como territorio de los EE.UU y subsiguientemente entrara a la Unión como estado. Desde 1899 un estudio de Henry K. Carroll encomendado por el Presidente McKinley recomendó el otorgamiento de la ciudadanía americana a los puertorriqueños. En 1900 Mckinley instruyó al gobernador Allen: “Prepare them for Statehood as rapidly as possible”.

Tras visitar a Puerto Rico en 1906 el Presidente Theodore Roosevelt compareció ante el Congreso sobre varios asuntos y le hizo un llamado a extender “full American citizenship upon the people of Porto Rico. It seems to me a matter of right and justice to the people of Puerto Rico”. La ciudadanía, sin embargo, se atrasó hasta 1917 y se trató de crear el mito de que la motivación fue reclutar puertorriqueños para servir en el ejército. La realidad es que nunca el ser ciudadano de EE.UU. fue requisito para servir en el ejército y que tantos los que lo eran como los que no estaban obligados a servir. De hecho ya antes de la primera guerra puertorriqueños organizaron un batallón para servir voluntariamente.

Mientras tanto los partidos políticos y líderes locales incluyendo a Barbosa, Iglesias, Degetau, Muñoz Rivera y De Diego abogaban por la ciudadanía y por la Estadidad. Sí, De Diego también. Pero ya en 1912 había aflorado una corriente a favor de la independencia dentro del Partido Unionista generada por la inacción del gobierno federal con relación a liberalizar la estructura gubernamental establecida por la Ley Foraker, extendernos la ciudadanía y encaminarnos hacia la estadidad. Todos reconocían que el progreso en cuanto a salud, infraestructura, educación, seguridad desde 1898 había sido gigantesco pero el poder político estaba limitado y las aspiraciones a la participación en la Unión dudosas.

De esa frustración es que nace el Independentismo en Puerto Rico, primero como alternativa a la estadidad y luego como opción única. Y entremedio en el mismo Partido Unionista, entonces de mayoría, la llamada facción autonomista. Una “triple plataforma” de la cual pronto sacarían a la estadidad. En esos vaivenes de ideologías y partidos estuvimos hasta que el Congreso autorizó que en 1948 eligiéramos al gobernador que hasta entonces era designado por el Presidente, y que aprobáramos una constitución para nuestro gobierno en 1952.

Ese gobierno interno se denominó “Estado Libre Asociado”, apelativo que prontamente se representó como si fuera un status político per se. Pero el título de Estado Libre Asociado o ELA no identifica a un status político si no que es la designación de la entidad que conforma al gobierno de Puerto Rico. Se trata del concepto del “body politic” constituído con autoridad para representar y actuar a nombre del gobierno, de la autoridad gubernamental.

El ELA vino a ser el sucesor legal de lo que se conocía con la designación oficial de “El Pueblo de Puerto Rico” en nombre del cual se aprueban leyes y reglamentos locales, se deciden casos en los tribunales, se emiten denuncias de tráfico, etc. La adopción del título de Estado Libre Asociado que evidencia lo anterior está recogida en la Resolución 22 de la Convención Constituyente. Dicha Resolución es un admirable ejercicio de contorsionismo lingüístico obra de don Jaime Benítez, pero no es un status político. El status político de Puerto Rico es aún el de un territorio perteneciente a los EE.UU. tal cual lo era antes de la aprobación de la Constitución.

El mito de que había un pacto entre Puerto Rico y los EE.UU. fue quedando al descubierto primero por opiniones del Departamento de Justicia Federal y del Congressional Research Service así como por las acciones congresionales y ejecutivas federales que nos afectan y en las cuales no tenemos injerencia, incluyendo a las asignaciones económicas. Y, claro, desde la rama ejecutiva se llenan los pulmones prometiéndonos trato igual mientras apoyan la continuación del status quo.

Pero más dramáticas en exponer la realidad han sido las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de los EE.UU. como las de los casos de Sánchez Valle, Franklin Trust, Aurelius y Vaello Madero. Cada una reafirma la autoridad plenaria del Congreso sobre Puerto Rico bajo el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución, conocida como la cláusula territorial. Y quizás lo más contundente es la Ley PROMESA que aún sirviendo de salvavidas al fisco constituye el ejercicio de poder más claro del Congreso sobre el territorio.

Quiero referirme a un artículo del exsenador Eduardo Bhatia publicado hace pocos días en el cual analiza el balance de poder, el nivel de autoridad y jurisdicción entre los estados, los territorios y el gobierno federal. El ex senador Bhatia afirma favorecer se haya excluido al territorio como alternativa en el borrador del proyecto de plebiscito porque, según explica, ante el escenario de poderes y jurisdicciones de los gobiernos estatales y el federal que analiza se trata de un status inefectivo. Me recordó la frase de Rafael Hernández  Colón refiriéndose al mismo status. Dijo  Hernández Colón que “sin poderes no se  puede”.

Todos sabemos que los poderes emanan del poder principal que es el del voto para elegir 5 congresistas, 2 senadores y tener peso en la elección del Presidente. Sólo así tendremos influencia en las políticas públicas nacionales y en los programas. Sólo así tendremos presencia y peso en comités congresionales. Sólo así aportaremos y seremos iguales en vez de ser vistos como una jurisdicción dependiente y pedigueña.  

Hace años un estudio del Banco Gubernamental de Fomento sobre el Desarrollo de Puerto Rico concluyó algo muy interesante que encapsuló expresando que el obstáculo más grande para ese desarrollo es lo que llamó el “foreignness syndrome” refiriéndose así a la inseguridad o falta de certeza que representa nuestro status político para inversionistas a largo plazo que los hace abstenerse o invertir poco y a corto plazo. Varios informes del White House Task Force on Puerto Rico, bajo administraciones demócratas y republicanas, han concluído que nuestro status territorial constituye una limitación (“a hindrance”) a nuestro desarrollo.

Mentras la noria sigue dando vueltas nuestra gente joven y productiva se nos va. (No quisiera pensar que son masoquistas que se mudan al continente para “sufrir” en la estadidad). Así nos convertimos en un lugar de viejos, de dependientes y de un tipo de inversión que nos da muy mal nombre. Mientras también los independentistas pautan el discurso público. Los medios de comunicación exhiben su agenda según la cual hay muy poca información sobre eventos políticos, económicos, culturales o sociales relacionados con los EE.UU. Las pocas noticias las limitan al marco de la información internacional. Se refieren a la “nación norteamericana” estableciendo así distancia y diferencias. Adoptan la terminología independentista como referirse a Puerto Rico como “colonia” y propagan las referencias al derecho a la “libre determinación” que son los conceptos de derecho internacional que no nos aplican. Se trata de los conceptos que por 40 años han usado los países comunistas, totalitarios liderados por Cuba, para pedir la intervención de las Naciones Unidas en una maniobra para imponer la independencia.

A nosotros nos aplica la Constitución de los EE.UU de América. Ninguna entidad internacional tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Lamentablemente líderes estadistas también han caracterizado a Puerto Rico como “colonia” y se han referido a la “autodeterminación”. Así de mucho ha penetrado el discurso independentista.

Es también la terminología del excongresista Luis Gutiérrez y de las congresistas Ocasio Cortés y Nydia Velázquez. Lo grave es que al anunciar el borrador de proyecto del que antes hablamos, el congresista Steny Hoyer, quien lleva décadas en el Congreso y además es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, usó el mismo lenguaje. Así de mucho ha penetrado el discurso independentista y así de poco hemos abierto los ojos. Ese discurso, esa ideología nacionalista, independentista, socialista, ha penetrado comunidades hispanas (incluyendo puertorriqueñas), universidades, escuelas, entidades culturales, fundaciones y medios de comunicación en los Estados Unidos. Y los estadistas de Puerto Rico no hemos despertado. No somos capaces de otra cosaque – si acaso somos conscientes – quejarnos como hago ahora. Pero no nos organizamos para tener presencia seria y con sustancia en los medios locales y nacionales, en el Congreso, en el Ejecutivo federal, en las comunidades puertorriqueñas a las cuales se han mudado muchos estadistas, ante entidades educativas y “think tanks”. Debemos reconocer y apoyar la iniciativa del doctor José Manuel Saldaña de organizar el Puerto Rico Statehood Project que puede, junto a otras organizaciones, emprender algunas de éstas iniciativas.

En los escenarios presentes muchas personas se preguntan qué puede aportar Puerto Rico habiendo perdido facilidades como Ramey y Roosevelt Roads así como las operaciones del Comando Sur que protegía a Puerto Rico y al Continente del tráfico de drogas, entre otras cosas. Todavía nos resuenan y nos afectan las expresiones del Presidente George W. Bush: “They don’t want us there”.

Pero la localización geográfica de Puerto Rico es privilegiada para la protección del  tráfico comercial así como para la seguridad Nacional cuando en nuestro entorno se está desarrollando agresivamente la presencia de Rusia, China y hasta Irán mediante inversiones y financiamientos así como facilidades y acuerdos de entrenamientos militares. Esto ha estado ocurriendo en Cuba y Venezuela, por supuesto, pero también en Nicaragua, Chile, Argentina y otros países a los que pronto se unirá Colombia. La tecnología hoy día hace menos indispensable la inmediatez de la presencia física pero todavía la ubicación cuenta. Hay razones por las cuales es preferible lanzar y operar satélites desde Puerto Rico y todavía Venezuela está a 550 millas de San Juan. Se trata de un tema que debemos estudiar y desarrollar entre personas entendidas. Los EE. UU. no pueden arriesgarse a verse rodeados por operaciones hostiles.

Debemos de identificar más temas o áreas que realcen nuestro valor en las que podamos incidir. Nos debemos a nosotros mismos y a los que sigan no conformarnos, no quedarnos quietos. Como gritó Baldorioty: “¡Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan!”.  O muy bien nos aplica el lema  de Juan Mari Bras: “¡Despierta Boricua, defiende lo tuyo!”

Muchas gracias.

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Puerto Rico Statehood Council June 24th, 2022 Letter to House Committe on Natural Resources

Puerto Rico Statehood Project

Jun 28

Below is the link link to the letter sent by the Puerto Rico Statehood Council on June 24, 2022 to U.S. House Committee on Natural Resources regarding the draft of the Puerto Rico Status Act. PR Statehood Council June 24, 2022 Letter on Puerto Rico Status Act draft

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