Reclamar la Estadidad Porque Puerto Rico ya es Territorio Incorporado – El Otro camino hacia la Estadidad – Por Gregorio Igartúa

Reclamar la Estadidad Porque Puerto Rico ya es Territorio Incorporado – El Otro camino hacia la Estadidad

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 19 de octubre de 2022

Lcdo. Isaías Sánchez-Báez Asesor Legal Gobernador La Fortaleza

San Juan, P.R.

RE: PUERTO RICO – TERRITORIO INCORPORADO DE ESTADOS UNIDOS

 Estimado Lcdo. Sánchez:

Hechos recientes evidencian la necesidad imperante de tomar una acción afirmativa en vía a la estadidad. Entiendo el camino del plebiscito no es la contestación. Respetaré cualquier decisión institucional hacia la estadidad, pero creo que el camino correcto es solicitar la certificación por el Congreso de que Puerto Rico es un territorio incorporado en tránsito hacia la estadidad. La incorporación no es un status, es el proceso hacía la estadidad. (Los bueyes vienen primero y empujan la carreta). Considera:

• Rafael Hemández Colon (Q.E.P.D.) dijo en una conferencia antes de su fallecimiento que el ELA culminaría antes de 15 años en la estadidad. Ya para el año 1958 le preparó una tesis a Muñoz exponiendo lo que había ocurrido con la nueva

Constitución de Puerto Rico era que se había cumplido con todos los requisitos para ser estado. (P.R. Bar Journal 207, 239-1959).

• José Hernández Mayoral dijo hace dos semanas que no hay duda de que el Pueblo solo quiere la ciudadanía americana.

• El proyecto de un plebiscito no tiene apoyo en el Congreso. Tampoco se garantiza la mayoría electoral con un plebiscito, más aún considerando los resultados de las elecciones pasadas. Peor, un plebiscito es para los estadistas ponerse en duda así mismo, poner en duda nuestros derechos adquiridos en ser el territorio más asimilado a ser como un estado que ningún otro. Es la razón de la sin razón. Es un territorio de ciudadanos Americanos de sexta generación abriéndole las puertas al Partido Popular y al Independentista a promover sus políticas. Si podemos unirnos a populares estadistas en la lucha por la igualdad, no con un plebiscito confundiendo más a los congresistas con el verdadero status político y legal de nuestro Puerto Rico, ya Tampoco es más obligatorio un plebiscito que no obliga a ningún Congreso subsiguiente, la incorporación es permanente e irreversible.

• El Juez Gustavo Gelpi dictaminó ya que Puerto Rico es un territorio incorporado

(Consejo de Salud Playa de Ponce v. Rullan, 586 FS nd 22-2008).

• No pueden negar la incorporación en el Congreso, porque ya Puerto Rico tiene todos los elementos de esta. Así lo han confirmado los Tratadistas de Derecho Internacional, porque somos ciudadanos americanos. (Ver Igartua, 51 The de Facto Incorporated Territory Of Puerto Rico 2021). (Comparar con la Ordenanza del Noroeste de 1791 que estableció los criterios para mover los territorios hacia la estadidad, los tenemos todos y más).

• La Constitución de E.U. aplica diariamente en el Tribunal Federal de Puerto Rico, en todos los casos allí radicados y en los del Tribunal Apelativo y en los del Tribunal Supremo. No podemos cerramos los ojos con esta realidad como hacen muchos jueces dudando si aplica la constitución a Puerto Rico.

• El Congreso le aplica todas las leyes federales a Puerto Rico Vivimos bajo la sombrilla federalista.

• 1 Tribunal Supremo acaba de denegar un caso relacionado a los casos Insulares. itisemanu v US (21-1394 US Supreme Court). Estos no hay que revocarlos para mover nuestra (Ver Anejo A). Los Jueces han ignorado que tienen criterios favorables a la incorporación. De hecho, yo adelanté públicamente ese no era el caso. Hay muchos protagonistas sobre al asunto en la calle y tristemente algunos líderes se envuelven con ellos, aun sin ser abogados. El mero olor a casos insulares no abre las puertas al Tribunal Supremo. El caso de Samoa no es el de Puerto Rico. Nosotros no podemos unimos al protagonismo de que el caso del territorio de Puerto Rico se puede comparar o litigar con similitud al de otros territorios. Perjudica y retrasa nuestra causa. Además de D.C., somos los únicos que tenemos la mínima población requerida para votar por el Presidente, por dos Senadores al Congreso y por cinco representantes.

Agradeceré le informe al Hon. Gobernador, Pedro Pierluisi, de mi preocupación de buena fe, de mi interpretación, y de mi sugerencia. De ser necesario, estoy en disposición de compartir una evaluación constitucional sobre la incorporación de Puerto Rico con ustedes. (Ver Anejo B Carta al Presidente Biden).

Saludos y éxito.

f/Gregorio Igatúa

WASHINGTON D. C.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no intervenir en el caso que buscaba revisar los Casos Insulares

El máximo foro judicial federal negó el certiorari presentado en el caso de tres samoanos que reclamaron derecho a la ciudadanía de Estados Unidos                                                                                                                                                                                             ,

(Agencia EFE)

Washington D. C. – El Tribunal Supremo estadounidense rechazó hoy, lunes, intervenir en el caso Fitisemanu versus Estados Unidos, en el que naturales de Samoa reclamaron tener derecho a la ciudadanía estadounidense y revisar la doctrina racista de los Casos Insulares.

En su lista de anuncios del día, el máximo foro judicial estadounidense informó que ha negado el certiorari presentado por los abogados de John Fitisemanu y otros dos samoanos residentes en Estados Unidos.

El Décimo Circuito de Apelaciones descartó naturalizar por la vía judicial a los nacidos en Samoa, en respuesta a una demanda de tres samoanos que reclaman ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense con las mismas protecciones de los que nacen en los estados.

Los nacidos en Samoa americana son «nacionales» de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses, una situación jurídica que el gobierno de ese territorio prefiere mantener.

«Es un golpe en el estómago que los jueces dejaran en vigor un fallo que dice que no soy igual a otros estadounidenses simplemente porque nací en un territorio estadounidense. Nací en suelo estadounidense, tengo pasaporte estadounidense y pago mis impuestos como todos los demás. Pero debido a una ley federal discriminatoria, no soy reconocido como ciudadano estadounidense. Como resultado, ni siquiera puedo votar en las elecciones locales, y mucho menos para presidente. Esto es antiestadounidense y no puede compaginarse con los principios democráticos y constitucionales de Estados Unidos», indicó John Fitisemanu, principal demandante en el caso.

El caso comenzó como un reclamo de Fitisemanu y sus colegas en favor del derecho al voto en Utah.

El Décimo Circuito de Apelaciones revocó en 2021 la decisión de un juez de distrito de Utah que le había dado la razón a los demandantes. «El Congreso siempre ha ejercido plena autoridad sobre el status de ciudadanía de los territorios no incorporados, una práctica que en sí se remonta a la administración territorial en el siglo XIX», indicó el foro de apelaciones.

aproveche para tachar la doctrina de los Casos Insulares, por la cual – a principios del siglo pasado-, creó el concepto de los territorios no incorporados, que pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y en donde aplican directamente solo los derechos fundamentales de la Constitución.

Por ejemplo, en el caso Downes versus Bidwell, el tribunal dictaminó – al crear el concepto de territorio no incorporado­ que Puerto Rico y otras áreas insulares estaban habitados por «razas alienígenas» que no estaban familiarizadas con los principios anglosajones ni regirse por ellos.

Recientemente, los jueces Neil Gorsuch, conservador, y Sonia Sotomayor, liberal, habían expresado interés en revisar la doctrina de los Casos Insulares.

«La inacción de hoy por parte de los jueces destaca el hecho de que Estados Unidos tiene un problema de colonias. Además, nuestro país se niega obstinadamente a reconocer que este problema existe y mucho menos a hacer algo al respecto», indicó Neil Weare, presidente y fundador de la organización Equally American.

Como parte de los argumentos del caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantuvo que el caso no requería revisar la doctrina de los Casos Insulares para poder ser resuelto.

«El argumento del gobierno no se basa en ese marco. El gobierno no depende de la premisa de que la ciudadanía no es (un derecho) ‘fundamental’, o en la visión que extender la ciudadanía por nacimiento a los estadounidenses Samoa sería ‘impracticable y anómalo’. Y el gobierno de ninguna manera se basa en los aspectos indefendibles y desacreditados del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares que los peticionarios destacan aquí», indicó entonces la oficina de la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar.

En su presentación, el Departamento de Justicia afirmó que la cláusula de ciudadanía de la décimo cuarta enmienda de la Constitución estadounidense aplica a los nacidos en Estados Unidos, no en sus territorios no incorporados, un concepto creado por medio de los Casos Insulares para distinguir de los antiguos territorios que se encaminaron a la estadidad.

En la práctica, los abogados de los samoanos, legisladores federales y defensores de los derechos civiles consideraron que la argumentación del gobierno de Joe Biden tiene el efecto de validar la doctrina de los Casos Insulares, pues se había perdido una oportunidad para exhortar al Tribunal Supremo estadounidense a rechazarla.

«La continua defensa de los Casos Insulares por parte de la administración Biden está completamente fuera de sintonía con el rumbo que debería tomar nuestro país cuando se trata de abordar el racismo sistémico yla supremacía blanca. Ahora le toca a la Corte Suprema y al Congreso dar un paso al frente y dejar en claro que la discriminación racial y el colonialismo no tienen cabida en nuestro país», dijo en aquel momento el presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

An open letter to President Joseph R. Biden re: the draft bill on PR’s Governing

By Gregorio lgartúa

Dear Mr. President:

Puerto Rico is a United States territory where more than 3 million American citizens live. In Puerto Rico, the U.S. Constitution is the supreme law of the land and the U.S. Supreme Court is the ultimate court of appeals. AII federal laws, except those that are locally inapplicable, apply in P.R. Federal agencies operate in P.R., and the American citizens living there have been serving in the U.S. armed forces for more than a century.

Residents of P.R. contribute more to the U.S. Treasury in Social Security, Medicare, and Unemployment lnsurance taxes than the residents of sorne states.

U.S. Representatives Steny Hoyer (D-Md.), Nydia Velázquez (D-N.Y.), and Resident Commissioner Jenniffer González Colón (R-P.R.) introduced a draft bill in Congress that will provide for a federal government-sponsored plebiscite that will allow residents of P.R. to choose between statehood, an independent republic, and an associated republic status. The bill has the support of Gov. Pedro Pierluisi Urrutia. The bill is an attempt in good faith to solve the issue of the political uncertainty that we have lived in for 124 years. 1 respectfully oppose the plebiscite draft bill for the following reasons:

1.  Never in the history of the U.S. have more than 3 million American citizens been asked to subject themselves to the authority of a foreign nation, in this case, the Republic of Puerto Rico, nor have they been asked to exit their nation, the U.S.A.

2.   At sóme po nt after independence people born in P.R. will not be American citizens at birth like we are now. Never in the history of the U.S. have more than 3 million American citizens been asked to deny their children and grandchildren the precious legacy of American citizenship.

3.   On and after the day that Puerto Rico becomes an independent republic the United States will place itself in the unenviable position of having to litigate, negotlate, and even use the force of arms to protect the safety and well-being of more than 3 million of its citizens living in a foreign country. To some extent, this also represents a security risk.

The Financial Oversight and Management Board has not uncovered the true cause of Puerto Rico’s economic problems, which is the discriminatory differential treatment of Puerto Rico on the part of the U.S. Congress. That differential treatment is damaging Puerto Rico’s economy and is encouraging healthcare providers, lawyers, law enforcement officers, teachers, and other skilled workers to move from P.R. to the continental U.S. in search of better economic conditions. Should Congress continue to ignore our acquired rights as American citizens? Should· we be forced to beg for the opportunity to vote in congressional and presidential elections? Would it have been morally right to ask slaves whether they wanted to be free or not? Would it have been morally rlght to ask Americans of African ancestry whether they wanted to end segregation or not?

At the same time that we are being denied our full rights as American citizens, and are being presented with the option of losing our American citizenship, millions of immigrants are being allowed to enter the U.S. with the option of eventually becoming American citizens.

Is your administration and the U.S. Congress willing to make us an independent nation and to discriminatorily deny us becoming full members of the American family? Federal courts continue to consider the Insular Cases of 1901 as the legal basis for their decisions concerning Puerto Rico in the 21st century. This policy is legally unfounded and incorrect. The practice of treating Puerto Rico in some cases as an unincorporated territory where only sorne consUtutional provisions apply, and in other cases as an incorporated territory where the full U.S. Constitution applies, must end. This has led to capricious, unequal, and discriminatory treatment by the three branches of the federal government against the American citizens residing in P.Ft lt is as if Plessy v. Ferguson had not been revoked. We cannot continue to be treated by the federal government as what we might become, as the bill propases, but rather we should be treated as what we are, 4th-, 5th- and 6th-generation American citizens on our way to statehood. The theory of a permanent non-incorporated territorial status does not fit within the U.S. constitutional framework. The degree of incorporation of P.R. to be like a state can be considered by implication as strong as to exclude any other view than it is an incorporated territory of the U.S. (Consejo de Salud v Rullan, 586, FS2nd 27 (2008). (Opinion by Hon. Judge Gustavo Gelpí. (See also, G. lgartúa, The «de facto » lncorporated U.S. Territory of Puerto Rico, 2019).

The discriminatory treatment of the more than 3 million American citizens living in P.R. will end when the U.S. Congress adopts a resolution to certify P.R. as an incorporated territory. Mr. President, you can propose that resolution, which is 124 years overdue.

Gregario lgartúa is an attorney with a practice  San Juan.

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