Territorio incorporado para la isla como paso hacia la estadidad – Por Dr. José M. Saldaña
Territorio incorporado para la isla como paso hacia la estadidad.
La Cámara de Representantes federal aprobó el jueves 15 de diciembre el HR 8393 que ordena la celebración de un plebiscito ratificado federalmente para que los ciudadanos de Puerto Rico determinemos el estatus político de la isla entre estadidad, independencia o libre asociación. El mismo fue aprobado con 233 votos a favor y 191 en contra.
Poco antes de la consideración del proyecto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó la aprobación del proyecto que «proveería a los puertorriqueños un proceso democrático, justo y obligatorio para atender el estatus político de Puerto Rico». La declaración fue emitida por la Casa Blanca a solo minutos de que iniciara el debate cameral.
“Durante demasiado tiempo, los residentes de Puerto Rico -más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses- se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía por residir en un territorio estadounidense. La H.R. 8393 daría un paso histórico para corregir este error”, indicó.
Considero que es un logro que un proyecto para tratar la descolonización de Puerto Rico que hemos padecido por 124 años se haya aprobado, sin embargo, el proyecto tiene lo que considero una píldora venenosa muy importante. Ante el hecho de que ya la cámara de representantes y el ejecutivo federal admiten que el actual estatus de territorio no incorporado llamado ELA es uno bochornoso para la nación y lo dejaron fuera de consideración en el proyecto , los populares de Aníbal Acevedo Vila que se llaman soberanistas, no pudieron tragarse el que dejaran fuera al ELA ( territorio no incorporado) y por medio de su representante en el Congreso Nydia Velázquez introdujeron la Libre Asociación como una de las opciones, algo que no es otra cosa que la independencia – como lo han señalado todos los informes presidenciales – pero ahora lo proponen con ciudadanía americana. Esto constituye una píldora venenosa para la no aprobación del proyecto por lo que en ese caso Puerto Rico se quedaría como está beneficiando así únicamente al liderato del Partido Popular que por razones de seguir chupando del presente estatus eso es lo que quieren.
Aunque la legislación fue aprobada en la Cámara baja, el propio líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), quien lo impulsara en la Cámara, reconoce que no hay posibilidad alguna de aprobar esa legislación en el Senado.
Al Congreso le resta, quizá, una semana de sesión, dedicada principalmente a buscar un acuerdo sobre el presupuesto federal.
“Estoy extático de que lo hallamos logrado. Sé que (el 8393) no va a pasar en el Senado. No hubiese pasado si lo hubiésemos aprobado hace tres meses porque todavía no tenemos 60 votos (en ese cuerpo legislativo). Pero, esto eleva la premisa de que la gente de Puerto Rico se merece el derecho a determinar su destino y de que si vota no va a ser una mera expresión”, dijo Hoyer.
Como vemos, el Senado federal no habrá de aprobar el proyecto ya que en ese cuerpo los republicanos han expresado por diversas razones que van desde prejuicio, desinformación hasta temor de que Puerto Rico se convierta en un estado demócrata. Se necesitan 60 votos republicanos en el Senado para ser considerado y aprobado, cosa que es imposible con la actual composición del senado.
El 12 de febrero de 2019 yo escribí en Sin Paños Tibios una sinopsis de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, nación de la que somos ciudadanos, lo que voy a resumir aquí para sostener lo que propongo al final de este escrito.
Hasta principios del siglo 20 todas las posesiones adquiridas por los Estados Unidos pasaban a ser territorios incorporados -Ordenanza del Suroeste -o sea estaban en ruta a convertirse en un estado de la unión.
En 1898, como resultado del Tratado de París tras la Guerra Hispano- americana, España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos.
En 1900 el Congreso promulgó la Ley Orgánica (P.L.56-191) también conocida como la Ley Foraker, para establecer en Puerto Rico un gobierno popular republicano limitado. La isla estaba dirigida por un gobernador nombrado por el presidente y una Asamblea Legislativa electa.
En 1901, el Congreso influenciado por el Tribunal Supremo de la nación y ambos por la teoría racista de supremacía blanca de Abbott L. Lowell – expresidente racista de la Universidad de Harvard- determinó que, para fines de la Cláusula de Uniformidad de la Constitución, Puerto Rico no era parte de Estados Unidos. Pertenecemos a, pero no éramos parte de. El juez White en su opinión concurrente estableció el concepto de “no incorporación” cuando opinó que el Congreso tiene discreción para decidir si se incorporaba o no un territorio a los Estados Unidos, y cuándo. El Congreso entonces definió a Puerto Rico como un territorio “no incorporado” y por lo tanto concluyó que la Constitución y Carta de Derechos de Estados Unidos no se aplican íntegramente a la isla. Así se nos impuso un estatus de territorio no incorporado. A pesar de que esa posición jurídica se pensó que sería por un tiempo (Dowell& Bidell), ese no ha sido el caso.
En 1917, con la Ley Jones (39 Stat.951) el Congreso de Estados Unidos les otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico. Dicha ley también modificó la estructura del poder legislativo para incluir un Senado y una Cámara de Representantes.
En Balzac vs. Porto Rico (1922) el TS declaró que había una segunda clase de ciudadanos americanos que a pesar de haber nacido americanos no podían disfrutar de los mismos derechos constitucionales de los demás ciudadanos por haber nacido en el territorio no incorporado, esto a pesar de la opinión disidente del Juez John Marshall Harlan advirtiendo que ese estatus en forma indefinida crearía un sistema colonial horrendo y extraño a los principios constitucionales de igualdad.
El presidente de los Estados Unidos continuó nombrando al gobernador, y la ley les otorgó al presidente y al Congreso la autoridad de hacer caso omiso de leyes puertorriqueñas en ciertos casos. Tanto la Ley Foraker como la Ley Jones estipulan que las leyes federales de Estados Unidos se debían aplicar en general a la isla.
Por décadas se llevaron a cabo eventos importantes en el desarrollo político de nuestro pueblo como la designación en 1946 por el presidente Truman del primer gobernador Puertorriqueño Jesús T. Piñero sustituyendo a Rexford G. Tugwell quien había sido designado por Franklin D. Roosevelt.
1947, el presidente Harry S. Truman promulgó la Ley de Gobernadores Electos (Elective Governors Act o P.L.80-362), que por primera vez autorizó al pueblo puertorriqueño a elegir a su propio gobernador. El primer gobernador de Puerto Rico electo por voto popular fue Luis Muñoz Marín, quien fue elegido en 1948.
Muñoz Marín propuso redactar una constitución de Puerto Rico, que consideraba proporcionaría una plataforma para la reforma económica y cambios políticos fundamentales. Para esto contó con el firme respaldo del gobierno del presidente Truman y el Congreso.
En 1950, del Congreso promulgó la Ley de Relaciones Federales (Puerto Rican Federal Relations Act (P.L.81-600), autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución “sobre asuntos de incumbencia puramente local” por medio de una Asamblea Constituyente que se requería para abordar dos elementos clave: primero, se requería que los constituyentes establecieran un tipo representativo de gobierno, y segundo, el proyecto de constitución debía incluir una carta de derechos.
La Asamblea, bajo el liderazgo del gobernador Muñoz Marín, se reunió durante varios meses y redactó la constitución. Esta fue ratificada por el pueblo de Puerto Rico el 3 de marzo de 1952. Fue aprobada subsiguientemente, sujeta a condiciones, por el Congreso y firmada por el presidente Truman como Ley Pública 82-447 (66 Stat.327) el 3 de julio, 1952.
La Asamblea Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir el 10 de julio de 1952 y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82-447. El gobernador Muñoz Marín promulgó la constitución el 25 de julio de 1952 (conocido como “el Día de la Constitución” de Puerto Rico). Este proceso, aprobado por el pueblo puertorriqueño en un referéndum, creó lo que se denomina como el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (“Commonwealth of Puerto Rico”).
Las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos las continúan definiendo la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Relaciones Federales. Los asuntos de gobierno, tales como moneda, defensa, relaciones exteriores y comercio interestatal, están bajo la jurisdicción del gobierno federal. El gobierno local está a cargo de un gobernador y una legislatura bicameral elegidos por voto popular. Puerto Rico está representado en el Congreso de Estados Unidos por un Comisionado Residente, quien es elegido por el pueblo cada cuatro (4) años y es un miembro sin voto de la Cámara de Representantes. La política del poder ejecutivo federal es desde hace mucho tiempo que el estatus de Puerto Rico debe ser determinado por el pueblo puertorriqueño. El presidente Obama ha reafirmado esta política. Sin embargo, si el pueblo puertorriqueño opta por un cambio de estatus, tal decisión debe ser implementada por medio de legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente.
Casos subsiguientes de la Corte Suprema crearon un marco para determinar caso por caso cuáles cláusulas constitucionales y leyes federales se aplicaban a territorios no incorporados.
Los tiempos han cambiado y los Estados Unidos no tienen como política pública mantener territorios indefinidamente.
Desde entonces durante diferentes administraciones nacionales y locales ha habido infinidad de esfuerzos para determinar la voluntad del pueblo puertorriqueño y tratar de instituir cambios a nuestra actual relación política. Se crearon varios comités Ad Hocs con este fin, pero los resultados nunca fueron sustantivos ni aprobados por el Congreso.
El presidente George H. W. Bush, en su discurso ante el Congreso el 9 de febrero, 1989, instó al Congreso a autorizar un referéndum para permitir que los puertorriqueños decidieran su futuro político e indicó que favorecía la estadidad.También emitió un memorando el 30 de noviembre, 1992, estableciendo la actual relación administrativa entre el gobierno federal y Puerto Rico. Este memorando dio instrucciones a “todos los departamentos, agencias y funcionarios federales, para que en la medida que sea coherente con la Constitución y las leyes de Estados Unidos, de ahora en adelante se trate a Puerto Rico administrativamente como si fuese un estado, excepto cuando el hacerlo, con respecto a un programa o actividad federal existente, aumenten o disminuyan los ingresos o gastos federales, o se altere seriamente la operación de tal programa o actividad”. La directiva del presidente Bush debía permanecer en vigor hasta que, según el memorando, el Congreso aprobara legislación para cambiar el estatus político de Puerto Rico de acuerdo a la voluntad del pueblo puertorriqueño.
En 1993 y 1998, el gobierno de Puerto Rico aprobó legislación para realizar plebiscitos. Los resultados del celebrado en 1993 fueron: 48.6 por ciento escogió la opción de estado libre asociado; 46.3 por ciento, la estadidad, y 4.4 por ciento, independencia.
El resultado del plebiscito de 1998 continúa siendo materia de debate. La opción “ninguno de los anteriores”, apoyada por el Partido Popular Democrático, obtuvo 50.3 por ciento del voto (en comparación con 46.5 por ciento para estadidad, 2.54 por ciento para independencia, 0.29 por ciento para la libre asociación y 0.06 por ciento para estado libre asociado). Algunos interpretaron estos resultados como un voto de protesta respecto a las opciones del plebiscito, puesto que el Congreso no estaba obligado a implementar ninguno de los resultados, y que quienes favorecían el estado libre asociado no se ponían de acuerdo sobre la definición de estado libre asociado en la boleta. Independientemente de la interpretación de los resultados, los plebiscitos demostraron lo importante que es el asunto del estatus para el pueblo puertorriqueño: por lo general, participa un 70 por ciento de los votantes.
El asunto del estatus fue el único asunto tratado por el Grupo de Trabajo constituido por el presidente Bill Clinton. El presidente George W. Bush también se siguió concentrando en el estatus. Los informes del Grupo de Trabajo de su gobierno en el 2005 y 2007 se centraron en dos asuntos:
(1) analizar la constitucionalidad de ciertas opciones de estatus y
(2) recomendar un tipo específico de plebiscito para determinar la opinión del pueblo puertorriqueño sobre el estatus.
En marzo de 2011 se dio a conocer el Informe de la Casa Blanca del presidente Obama. Este ha sido el informe más exhaustivo emitido por la Casa Blanca sobre Puerto Rico.
Recomendación # 1: El Grupo de Trabajo recomienda que todas las partes pertinentes—el Presidente, Congreso y los líderes y residentes de Puerto Rico—trabajen para asegurar que los puertorriqueños puedan expresar su voluntad sobre las opciones de estatus y que se cumpla su voluntad para fines del 2012 o poco después.
Recomendación # 7: Si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, el presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación que entre en vigor automáticamente y especifique anticipadamente para el pueblo puertorriqueño un conjunto de opciones aceptables de estatus que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad. Esta legislación debe conllevar el compromiso de Estados Unidos de cumplir con la decisión de Puerto Rico (siempre que sea una de las opciones de estatus especificadas en la legislación) y debe especificar la manera en que se tomaría dicha decisión. El Grupo de Trabajo recomienda que, para fines del 2012, el poder ejecutivo desarrolle, redacte y colabore con el Congreso para poner en vigor la medida propuesta.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el Partido Demócrata Nacional en su plataforma incorporó una resolución aprobada unánimemente en la que en el primer párrafo dice textualmente que: “El estatus político de Puerto Rico permanece como un asunto de extrema importancia, pero la falta de una resolución respecto al estatus ha mantenido a la isla atrasada”.
Se señala además en el segundo párrafo de dicha resolución lo que ya forma parte de la recomendación #7 del Informe de la Casa Blanca de marzo de 2011 conteniendo la posición del presidente Barack Obama sobre Puerto Rico,: “Si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, el Presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación autoejecutable que especifique por adelantado para el pueblo de Puerto Rico un conjunto claro de opciones de estatus, como las recomendadas en el Informe de Casa Blanca que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad”.
El tercer y último párrafo de la resolución comienza con la siguiente oración: “El éxito económico de Puerto Rico está íntimamente ligado a una rápida solución del asunto del estatus, así como a esfuerzos consistentes enfocados en mejorar la vida del pueblo de Puerto Rico.”
El 6 de noviembre de 2012 se celebró un plebiscito en el que la primera pregunta pedía saber si está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial de actual Estado Libre Asociado. El resultado fue: el 54% de 1.8 millones de votantes expresaron no y un 46% expresó que sí.
En la segunda pregunta se les pidió a los electores irrespectivamente de la contestación a la pregunta anterior, cuál de las siguientes opciones no territoriales preferiría: El 61.13 % prefirió la estadidad, el 33.32 % prefirió el estado libre asociado soberano y el 5.54% prefirió la independencia
En junio de 2017 se celebró el último plebiscito para determinar nuestro estatus. El PPD saboteo el mismo por alegadamente no estar el ELA en la papeleta a pesar de que estuvo el actual estatus territorial como lo definió el Departamento de Justicia federal. Hubo la más baja participación en una de estas consultas. Con solamente un 23% de participación electoral: La estadidad obtuvo el 97 % de los votos, el actual estatus territorial el 1.32% y la Libre asociación/independencia el 1.5% de los votos.
Durante el 2016 surge lo que se sabía que más temprano que tarde ocurriría, la monumental quiebra del gobierno por más de $75 billones y la pérdida total del crédito en los mercados de valores. Todo ello por la irresponsabilidad de algunos gobernantes que gastaron más allá de lo que era nuestra capacidad de producir y de pagar.
El año 2017 fue uno nefasto para el ELA. Los tres poderes del gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial nos señalaron crudamente, sin adornos de clase alguna , la realidad de que a pesar de todos los pujos de autonomismo que nos señalaron por 60 años los populares, seguimos siendo un territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del congreso.
El departamento de Justicia federal señaló antes del plebiscito de junio del 2017 que somos un territorio no incorporado bajo los poderes del congreso y que la libre asociación es claramente la independencia.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Sánchez Valle resolvió que Puerto Rico no tiene soberanía propia para basar su poder de establecer procesos penales pues es una delegación del Congreso. Peor aún, con la ley PROMESA el Congreso de los Estados Unidos, ejerciendo los poderes plenipotenciarios sobre este llamado territorio no incorporado le confiere a la creada Junta de Supervisión Fiscal las facultades necesarias en última instancia independientemente de las leyes y la constitución del territorio, para forzar sacarnos de la crisis económica y fiscal en la que nos hemos metido por irresponsables.
En septiembre del pasado 2018 entró en acción el huracán María con furia de vientos de 200 millas por hora devastando totalmente la isla. Añadiéndose esta calamidad a la monumental quiebra gubernamental de más de $75 billones y a la total ausencia de crédito en los mercados financieros. La crisis social no se hizo esperar. La enorme ayuda billonaria del gobierno federal – por ser ciudadanos americanos — para lidiar con la crisis comenzó a fluir, aunque no con la velocidad necesaria sirviendo para evitar lo que de otra forma sería una severa crisis humanitaria.
Ese estatus desigual, cruel y denigrante todavía lo sufrimos a pesar de los intrascendentes pujos autonómicos con la creación del ELA en 1952. Esta condición de inferioridad junto a la irresponsable manera en que muchos de nuestros gobernantes por décadas se excedieron gastando dinero más allá de nuestra capacidad de producir, ante la actitud de “benign neglect” del congreso, de la corrupción congresional admitida por la propia senadora Elizabeth Warren -quien nos visitara- así como por la devastación causada por el peor huracán de la historia, han sido en gran medida responsables por la realidad de la horrible quiebra y gran crisis económica, fiscal y social que nos arropa.
El 3 de noviembre de 2020 en la celebración de las elecciones generales de Puerto Rico se aprovechó para consultar a los electores si preferían la estadidad Sí o No. El resultado de las elecciones fue una victoria de Pedro Pierluisi para la gobernación con 33.24 % sobre Carlos Delgado Altieri 31.75%, por un margen de 1.4% perdiendo el PNP cámara y senado. En la consulta sobre estatus triunfó la estadidad (SI)con un 52.52 % y el No obtuvo un 47.48%.
Así las cosas después de 124 años de tener un estatus territorial indigno y discriminatorio, los puertorriqueños seguimos procrastinando, resbalando en el fango territorial sin tomar una decisión de forma clara y contundente en una consulta que vincule al congreso con la solución final que escojamos.
Esta situación tiene un impacto nocivo en toda nuestra sociedad de tal magnitud que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas en términos de nuestro futuro político e ideológico. Es precisamente en este tipo de crisis económica y social en la que los políticos populistas de la izquierda se ceban y aprovechan para vendernos sueños llevando un mensaje demagógico utópico de necesidad de cambio hacia un futuro ideal, irreal, hacia una justicia social basada en un socialismo que supuestamente distribuya equitativamente la riqueza para eliminar la pobreza. La situación se exacerba diariamente por parte de sectores de una prensa, radial y televisiva, de la jerarquía de la iglesia católica, de artistas y académicos, todos antiamericanos socialistas y contrarios a la actual administración.
Ante esta coyuntura se propuso por la Comisión de Recursos Naturales que preside Raúl Grijalva, este proyecto que fue aprobado el pasado jueves el que ofrece una oportunidad real para poner fin a la colonización que ha oprimido al pueblo de Puerto Rico durante más de un siglo.
«Ahora, el Senado también debe actuar para reconocer que el status quo en Puerto Rico es injusto e insostenible. Los más de tres millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico y sus aliados estarán prestando mucha atención», manifestó Grijalva. Sin embargo, la suerte de dicho proyecto está en manos del Senado que no habrá de actuar sobre el mismo quedando todo como al presente.
Los que creemos en la democracia liberal norteamericana y el capitalismo, no podemos asumir una actitud pasiva… Tenemos que unirnos y ser combativos. La opción ante esta situación que hace imprescindible ya una solución de terminar con el actual estatus denigrante, es optar por insistir que el Congreso le ponga fin a la jurisprudencia racista de los casos insulares para terminar con este estatus de territorio no incorporado y se nos conceda el estatus de territorio incorporado. En cuyo caso se estaría en camino seguro hacia la estadidad, opción preferida por la mayoría de los puertorriqueños.
El Congresista Raul Grijalva que se ha expresado sobre la necesidad del gobierno federal descartar la jurisprudencia sobre los casos insulares que creó el estatus de territorio no incorporado tiene ahora la oportunidad de presentar legislación a esos efectos .
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