La transformación más grande y difícil en el complejo sistema eléctrico de Puerto Rico ha comenzado. El informe sobre energía renovable del Departamento de Energía de los Estados Unidos el lunes y la alianza con New Fortress Energy sobre generación que se anunció el miércoles son solo dos piezas de un rompecabezas enorme con cientos de acciones correctivas necesarias para generar y distribuir en el futuro electricidad de calidad en la isla. Sin estudiar y entender todas esas piezas que interactúan entre ellas a la misma vez, es imposible tener una idea de la magnitud del problema y de la urgencia nuestra de provocar estos cambios.

La transformación más grande y difícil en el complejo sistema eléctrico de Puerto Rico ha comenzado. Resumo 10 acciones de la Ley 17 que son fundamentales, escribo Eduardo A. Bhatia Gautier. (Shutterstock)

Muchos factores, crudas realidades en la isla y actores inescrupulosos contribuyeron al colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica. La AEE quebró a muchas familias, a muchos negocios y eventualmente se quebró a sí misma y quebró a Puerto Rico. Peor aún, en el lento proceso de ese colapso ha muerto gente por la fragilidad del sistema. De hecho, no existe en la historia de Puerto Rico o de los Estados Unidos una compañía eléctrica pública (“public electric utility”) con mayores deudas, líos financieros, líos legales y laborales, y menor eficiencia y confiabilidad que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Duele decirlo, pero es la verdad.

Tuve el gran honor de servir a Puerto Rico junto a Larry Seilhamer en el Senado desde partidos políticos opuestos, pero encontramos causa común en estudiar, entender y diseñar acciones para enfrentar el problema y desarrollar una nueva era con energía robusta, de calidad, resiliente, renovable y asequible. Por años nos dimos a la tarea de escuchar a todos los grupos y sectores dentro y fuera de la isla que quisieron ofrecer sus comentarios e ideas. El respeto a la diversidad siempre estuvo presente.

En el proceso, logramos identificar y separar a los que hablan de energía solo para las gradas con un populismo hueco, falso, peligroso, infantil y egoísta. Esos, por lo general, quieren que sea la ineficiencia del gobierno la que siga manejando el 100 por ciento de un sistema roto y politizado porque los beneficia a ellos. Por otro lado, se encuentran los que luchan por el bien común, hablan de forma seria, científica y profesional y quienes ayudaron a identificar las mejores prácticas energéticas en el mundo. Usamos desde el principio estudios serios del Centro para la Nueva Economía, aportaciones del Regulatory Assistance Project de Vermont y entidades mundialmente reconocidas como el Rocky Mountain Institute (RMI). Aprendimos mucho de ellos y abrimos el espacio para que académicos locales ofrecieran su insumo.

La misión era y seguirá siendo velar por el bienestar de Puerto Rico. La pregunta básica es la misma desde hace 10 años: ¿qué hay que hacer para modernizar y fortalecer el sistema eléctrico? Aunque ir punto por punto de los planos finales en el diseño que logramos en la Ley 57 de 2014 y Ley 17 de 2019 para el sistema eléctrico no es tarea fácil en una columna (la ley 17 solamente tiene 120 páginas y 167 mandatos de política pública), resumo 10 acciones que son fundamentales.

Primero, desde 2014 creamos un regulador. Sin un regulador independiente es imposible pensar que Puerto Rico pueda transformar su sistema. El Negociado de Energía existe para ponerle el cascabel al gato: entre otras funciones, determinan el precio de la electricidad usando factores públicos y constatables. Se acabó la imposición unilateral de la AEE.

Segundo, después del huracán María, identificamos la necesidad de un operador independiente para la transmisión y distribución de la electricidad que a su vez reconstruyera la red eléctrica que está destruida. El gobierno federal aportó $12 mil millones para este esfuerzo y por lo bajo siempre se opusieron a que lo dirigiera la AEE. Nosotros diseñamos la ley, pero no participamos en la selección de LUMA ni de ningún otro proponente de servicios al gobierno.

Tercero, concluimos que el 70% de la generación de electricidad no puede seguir estando en manos del gobierno de Puerto Rico, que no tiene ni el dinero ni la cultura profesional para manejarlo adecuadamente. Décadas de abandono y de no construir plantas nuevas han resultado en que la flota de generación sea obsoleta y en esencia chatarra que cuesta mucho operar, se rompe todo el tiempo y contamina el ambiente. Esas plantas termoeléctricas de la AEE tienen más de 50 años de construidas cuando el promedio en EEUU es 18 años. Tampoco participamos en la selección de New Fortress.

Cuarto, separamos la generación de la distribución. Tienen que ser compañías distintas las que manejen los diferentes componentes del sistema para evitar el monopolio vertical y provocar entre ellas competencia y supervisión fiscal.

Quinto, creamos un mandato de 100% energía renovable para Puerto Rico. La AEE resistía la energía renovable y se oponía a la energía solar. Impusimos por ley un calendario que transforma el sistema totalmente los próximos 25 años, comenzando con 40% para el 2025. El anuncio el lunes de la secretaria de Energía Federal Jennifer Granholm valida y refuerza la meta que establecimos y ofrece datos técnicos vitales para poder cumplirlo. El gobierno federal también está aportando miles de millones de dólares para financiarlo.

Sexto, en 2018 aprobamos la Ley 258 para fomentar el desarrollo de cooperativas eléctricas en Puerto Rico. En Estados Unidos hay más de 950 cooperativas exitosas donde los dueños/socios son los propios usuarios del sistema. Creemos en diversificar a través de cooperativas los operadores de sistemas eléctricos, incluyendo municipios y comunidades organizadas.

Séptimo, insistimos en la apertura de un mercado de competencia y terminar el monopolio de la AEE. Si alguien quiere tomarse el riesgo de desarrollar su propio sistema eléctrico para vender electricidad y ofrece mejores servicios y costos que el gobierno de Puerto Rico, que lo haga. Acabamos con el proteccionismo asfixiante que por 70 años le ha dado a la AEE un monopolio absoluto y que ha contribuido a su colapso. Añadimos un mandato que permite alquilar los cables de distribución de la AEE para que cualquier productor de energía pueda transbordar su producción al cliente (“wheeling”) pagando una renta por el uso del cable.

Octavo, creamos en la ley un banco verde para que financie sistemas solares en los techos de familias de bajos ingresos que no tienen el dinero para esos sistemas. Siguiendo el exitoso modelo de Casa Pueblo, el objetivo es que se ayude a cada familia según su necesidad. Para este esfuerzo habrá miles de millones de dólares federales pronto.

Noveno, le dimos al Negociado de Energía una orden para desarrollar las reglas para hacer microredes en Puerto Rico. La reglamentación de microredes que recientemente publicaron es la primera en todos los Estados Unidos.

Décimo, prohibimos el impuesto al sol y eliminamos el pago de IVU por equipo solar y baterías.

Todas estas acciones, y muchas más, se han ido desarrollando con grandes obstáculos, incluyendo ataques diarios, mentiras y demagogia, tal y como habíamos anticipado. Pero son acciones necesarias para el desarrollo de un sistema eléctrico robusto, descentralizado y confiable. Cuando todas las piezas finalmente estén en su sitio, Puerto Rico comenzará a crecer nuevamente. Hemos avanzado; la lucha continúa.