El proyecto de presupuesto sometido por el presidente Joe Biden al Congreso la semana pasada incluye la propuesta de extender paridad a los territorios en los programas de Medicaid, Seguro Social Suplementario y asistencia nutricional.

A diferencia de Medicare, que se financia con descuentos de nómina para disfrutar de un seguro de salud al alcanzar los 65 años de edad (en apenas siete meses, en mi caso), el programa de Medicaid, que provee servicios de salud a personas necesitadas, se solventa enteramente por el fondo general federal.

Como territorio, Puerto Rico disfruta de una asignación de aproximadamente $400 millones para cubrir el 55% de los gastos de Medicaid aquí y requiere que nuestro gobierno territorial cubra lo restante.

Bajo la incumbencia de la comisionada residente Jenniffer González y los gobernadores Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, el gobierno federal ha asignado unos $2,000 millones adicionales anuales por distintas razones, comenzando por lo inadecuado que es la asignación territorial mínima de $400 millones, los huracanes, los terremotos del año pasado y la pandemia de covid-19. Cada año ella ha tenido que luchar, como lo han hecho sus predecesores Pedro Pierluisi y Luis Fortuño durante los pasados 15 años, para lograr financiamiento adicional para Medicaid.

El presidente Biden ha propuesto que a partir de octubre, en apenas cuatro meses, se nos trate en paridad con los estados y que recibamos $4,100 millones anuales más. Con esa paridad, Puerto Rico podría eliminar el engañoso límite de pobreza, cualificar a cientos de miles de pacientes más, ofrecer los restantes servicios de Medicaid que hoy no se ofrecen en la Isla por falta de fondos y compensar a los proveedores, desde hospitales hasta enfermeras y médicos, igual que en los estados.

Ordinariamente, la propuesta de Biden estaría sujeta a las reglas que rigen el “filibuster” en el Senado federal, que requeriría 60 votos, o sea, la totalidad de los 50 senadores demócratas y por lo menos 10 republicanos. Sin embargo, enmarcado en su propuesta presupuestaria, podría pasar por vía de la excepción aplicable a “reconciliaciones presupuestarias” si los 50 demócratas, incluyendo al rebelde senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, permanecen unidos.

En el caso del Seguro Social Suplementario (SSI), que no tiene nada que ver con el programa del Seguro Social al cual aportamos toda una vida laboral para tener un retiro desde tan temprano como los 62 años, el SSI se sufraga por el fondo general, proveyendo pagos de hasta $700 mensuales a personas mayores de 65 años o discapacitados con necesidad económica. El SSI hoy no aplica a Puerto Rico y con la propuesta de Biden representaría una inyección de $2,300 millones anuales.

Una decisión del hoy juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, nominado al Tribunal de Apelaciones de Boston, extendería judicialmente el SSI a Puerto Rico, pero el caso ha sido inexplicablemente apelado por la administración Biden al Tribunal Supremo de nuestro país, Estados Unidos.

En el caso de la asistencia nutricional, el sistema de cupones de alimentos que aplicaba en igualdad a todos los estados se extendió en paridad a Puerto Rico hace más de 40 años. Sin embargo, en 1982, como parte de un ejercicio de cuadre presupuestario por el presidente Ronald Reagan, se diseñó un programa “especial” para Puerto Rico. Lo único “especial” fue quitarnos los cupones y dejarnos con un recorte de un tercio de lo que recibíamos, por lo que nos eliminaron la paridad que no podían quitarle a ningún estado porque disfrutaban de “igualdad” protegido por la Constitución federal.

Gracias a las propuestas de “paridad” de Biden en estos tres programas, Puerto Rico podría recibir a partir de octubre alrededor de $6,500 millones anuales adicionales. Esa es una cantidad equivalente a dos tercios de lo que hoy contribuimos y gastamos en el presupuesto de $10,000 millones anuales para operar el gobierno de Puerto Rico.

Esa propuesta de “paridad” se da bajo nuestro estatus actual de territorio no incorporado, que algunos perfuman con la frase de “Estado Libre Asociado”. Sin embargo, tal como nos extendieron “paridad” en el Food Stamp Program hace más de 40 años para quitárnoslo hace 39 años, los $6,500 millones que nos ofrece Biden peligrarán desde el primer día porque se trata de mera “paridad” como territorio y no la “igualdad” constitucionalmente protegida bajo la Estadidad.

Con la propuesta de Biden, la Estadidad hará más falta que nunca antes, porque lo que nos ofrece en tan solo tres programas representa mucho más dinero que toda la responsabilidad contributiva que pudieran tener los pudientes bajo la Estadidad. Solo la Igualdad que garantizará nuestra admisión en la Unión protegería la permanencia de los fondos que el presidente Biden nos prometió en su campaña eleccionaria y nos quiere cumplir con el proyecto de presupuesto que presentó al Congreso la semana pasada.