Para quienes aspiramos a la culminación de nuestra ciudadanía estadounidense a través de la única “unión permanente” con la nación cuya ciudadanía ostentamos, la conversión de la actual condición territorial y colonial en un estado de la Unión federal es aspiración irrenunciable.

En búsqueda de la igualdad política para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, se ha labrado una ingente lucha más que centenaria, la que se halla en el punto de atención más favorable. Los tres proyectos de status aprobados en la Cámara de Representantes federal, incluyendo el más reciente descartando la actual condición política como opción descolonizadora, así lo evidencia. Sin embargo, vaivenes políticos de los partidos, nacionales y locales, plantean una realidad que debemos aceptar: la tozudez de unos legisladores federales, con absoluta ajenidad a nuestra realidad, anhelos e intereses (tómese el caso del senador Joe Manchin, presidente del Comité cameral de Energía y Recursos Naturales) pretenden boicotear, por puro cálculo político, la decisión que nos corresponde respecto a nuestro destino político final.

La “razón numérica” de los votos de mayoría con que cuenta Mr. Manchin en el Senado federal es suficiente para irrespetar la voluntad de los puertorriqueños que, en tres referendos consecutivos, han expresado su preferencia por la estadidad como opción descolonizadora. El caso de Mr. Manchin, como el de otros como él, dramatiza el valor de la franquicia electoral que se nos niega por vivir en un territorio, sin la cual no podemos elegir los congresistas que hacen las leyes, y toman decisiones, que nos afectan, ni por el presidente que las firma.

Entonces, nos corresponde ser creativos. Mientras aguardamos por un cambio de panorama en el escenario congresional respecto a la batalla contra el coloniaje que nos mengua como sociedad, dispongámonos a continuar la lucha por la concesión del voto presidencial a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, que inició durante su mandato en La Fortaleza el gobernador Luis A. Ferré. El voto presidencial –que nunca irá en menoscabo de la continuación de la gran batalla por la estadidad– ha sido avalado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), así como ha salido ampliamente airoso en las encuestas de opinión pública: la más reciente de ellas luego de las elecciones generales de 1980, en la que el 79.4 por ciento de los encuestados favoreció ese derecho de los ciudadanos estadounidenses (Véase: encuesta del grupo Amigos del Voto Presidencial, presidido por el empresario y analista Adolfo Kranz, 1981).

El voto presidencial rebasa las fronteras partidistas. Tanto así, que, desde la década de los años 1960, el entonces gobernador Luis Muñoz Marín abogó por la concesión de ese derecho a los puertorriqueños y el Partido Popular Democrático aprobó la resolución número 1 de 3 de diciembre de 1962, en la que se demandó “la participación del pueblo de Puerto Rico en los poderes que ejercite el gobierno de Estados Unidos en aquellos asuntos que afecten al pueblo de Puerto Rico, y esto podrá incluir, entre otras formas de instrumentar tal participación, el derecho a votar por el presidente y vicepresidente de Estados Unidos”.

Hagámonos eco de las palabras de nuestro prócer don Luis A. Ferré: “Necesitamos, para la protección de los derechos de Puerto Rico, la fuerza política que, en una democracia solamente se deriva del voto. Hagamos uso del derecho al voto presidencial”.