Retiro: Otra Malversación Billonaria del PPD

Vea Retiro – NR – La corrupción es humana, en el PNP es de individuos y de chavitos; en el PPD es generalizada, institucionalizada y billonaria, tan grande que en 50 años no han podido lograr ni una sola obra de envergadura en Puerto Rico. Se  estima que durante los cuatrienios de Sila/AAV se malversaron $20 Billones sin obras – sólo destrucción. Pero lo peor es que el PPD ha sido peor y peor en los pasados 50 años, es un mal endémico, que aunque tengan un monigote de candidato a la Gobernación harán los que han hecho en 50 años: malversar y destruir.

Hasta el FBI el lío en Retiro

Por Carmen Arroyo, EL VOCERO el 12 de octubre de 2011 en Negocios · 10 comentarios

Los documentos recopilados en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el Sistema de Retiro del Gobierno serán entregados al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que se investigue la posible comisión de delitos por parte de los involucrados en una emisión de bonos en el 2008.

La legisladora Lourdes Ramos observa al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, mientra firma el recibo el documentos. (EL VOCERO/Luis A. López)

Ayer, tres cajas de documentos, así como una demanda de pensionados contra UBS Finance Services y otros funcionarios gubernamentales por $800 millones, fueron entregados en el Departamento de Justicia para que se investigue si se asigna un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el ex administrador del Retiro, Juan Cancel Alegría, contra ex miembros de la Junta de Síndicos de Retiro y del Banco Gubernamental de Fomento. De igual manera, Justicia determinará si UBS pudo haber incurrido en algún conflicto de interés en el proceso de concretar la emisión de bonos.
La representante novoprogresista Lourdes Ramos entiende que UBS pudo haber incurrido en un conflicto de interés al actuar como consejero del Sistema de Retiro, como “underwriter” de la emisión de bonos y posteriormente adquirir bonos.

Según la representante, UBS “está siendo investigada por la Security Exchange Comision porque hay una serie de conflicto de interés donde fueron ellos los manejadores, underwriters y también compraron bonos. Al comprar bonos tenían una información privilegiada y los compraron cuando los bonos habían subido de valor. No los compraron en la primera emisión”, argumentó Ramos. Los documentos a ser entregados a las agencias federales se están traduciendo al inglés y una vez se complete este proceso se hará la entrega.

La emisión de bonos se llevó a cabo en el 2008, por cerca de $3,000 millones. Ésta es a juicio de Ramos la causa principal para el déficit de $25,000 millones que tiene Retiro.

“Nosotros vamos a hacer un análisis y una evaluación detallada, seria, responsable, imparcial, sobre todo y como siempre a conciencia”, dijo, por su parte, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza al recibir a Ramos en su oficina. El funcionario dijo que si Retiro inicia una acción legal, Justicia, según lo dispuesto por ley, no puede representar a la entidad.

Cuando un periodista le preguntó que si una transacción perdidosa para el Gobierno constituía un delito, Somoza respondió que se analizará toda la información con personal con conocimientos específicos en economía y valores para determinar si se cometieron delitos por intención o por negligencia.

Ramos insistió en que la emisión de bonos fue ilegal, pues Retiro, por ley, no puede hacer emisiones de bonos y tampoco contaba con el aval legislativo para ello. Sostuvo que Cancel Alegría fue invitado a las vistas de la Cámara en cuatro ocasiones y no compareció. La Legisladora dijo que tiene acuse de recibo de las cartas que se le enviaron al también ex senador popular a Atlanta donde reside actualmente.

La pesquisa en Justicia quedó en manos de la fiscal, Maricarmen Rodríguez, directora interina de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina del Contralor y de la fiscal Liza Báez.

Justicia recibe evidencia de mal manejos en los Sistemas de Retiro

La representante Lourdes Ramos entregó tres cajas de documentos al Departamento de Justicia.

 Por Yaritza Santiago /ysantiago@elnuevodia.com    11 Octubre 2011  7:00 p.m.

La representante Lourdes Ramos entregó hoy al Departamento de Justicia tres cajas con documentos  que evidencian la posible comisión delito por parte del ex administrador de los Sistemas de Retiro,  Juan Cancel Alegría, los miembros de la Junta de Síndicos de esa entidad y  del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para que sean investigados por poner en “crisis” los sistemas de pensiones del gobierno.

“La documentación evidencia negligencia en el cumplimiento de sus funciones. La mayor crisis que tiene los Sistemas de Retiro es el flujo de caja”, dijo la representante, quien llegó a Justicia a eso de las 10:30 a.m. Los documentos entregados hoy son los resultados de la investigación cameral que realizó  la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público, que preside Ramos,  sobre tres emisiones de bonos en dicha entidad.

El informe de la investigación reveló, entre otras cosas, que las aportaciones de los patronos se utilizaron como respaldo a esas transacciones, lo que es contrario a su Ley Orgánica, y que ese estatuto no establece que el Sistema de Retiro podía tomar dinero prestado a través de emisiones de bonos.

La primera de las tres emisiones de bonos ocasionó que en cinco meses el sistema perdiera unos $19 millones.  Ramos indicó que la Junta de Síndicos aprobó la segunda y tercera emisión de bonos con el propósito de levantar fondos para un plan estratégico de inversiones, pero el mismo nunca se puso en vigor. Ese dinero fue depositado en el BGF ganando menos de lo que debían pagar a los bonistas.

Ramos expuso que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, le indicó hoy que unirá esfuerzos con el Comisionado de Instituciones Financieras y otras fuentes de apoyo para investigar este caso.

“Yo le di los documentos, le toca a él (Somoza) evaluarlos todos. Estoy bien satisfecha que esos documentos estén claros, concisos e incluyan una evaluación grande de cómo se hizo esa transacción. Le lleve todo lo relacionado a los hallazgos que tuvimos”, expuso la representante, al destacar que Justicia determinará si asignará un fiscal especial independiente para investigar a los implicados.

Ramos aseguró que si su Comisión encuentra información adicional  sobre este caso la proveerá a Justicia. “Estoy todavía buscando información. Si tengo algo adicional tengo las puertas abiertas para seguir enviando información”, apuntó Ramos.

Este diario intentó obtener -sin éxito alguno- una reacción de Cancel Alegría a la acción de la representante Ramos.

Vientos huracanados en Milla de Oro

6 de agosto de 2012 – NegociosPuerto Rico – 

Un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal investiga irregularidades en el mercado financiero

La SEC lleva más de un mes entrevistando y emplazando inversionistas y banqueros en la Isla. EL VOCERO / Archivo

Como punta de lanza de una nueva investigación de irregularidades en el mercado financiero en Puerto Rico, un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) lleva más de un mes entrevistando y emplazando inversionistas y banqueros en la Isla, según confirman documentos oficiales así como distintas entrevistas.

Entre los banqueros emplazados por el SEC se encuentra el presidente de UBS Financial Services of Puerto Rico, Miguel A. Ferrer, quien simultáneamente está peleando las acusaciones previas de fraude bursátil hechas por los reguladores contra él así como contra otro alto ejecutivo de las subsidiarias boricuas del megabanco suizo, Carlos J. Ortiz. Los reguladores acusaron a ambos ejecutivos de “engañar” a sus clientes y corredores tanto para beneficio propio así como para afianzar las finanzas de la firma en medio de la crisis financiera del 2008. Aunque UBS transó el primero de mayo la querella en su contra por $26.6 millones en un acuerdo donde el banco no admitió ni negó los hallazgos de los reguladores federales, Ferrer y Ortiz han insistido que son inocentes de los cargos y optaron por litigar.

Pero es justamente en este pleito subsiguiente del SEC contra Ferrer y Ortiz donde ha salido a relucir la nueva investigación como consecuencia inesperada de los esfuerzos de Ferrer para impedir que se le tomase una deposición o tener que entregar documentos adicionales al alegar que era una expedición de pesca para obtener evidencia adicional en su contra.

En respuesta, la División de Cumplimiento del SEC en Miami llevó su caso ante la jueza de ley administrativa Brenda P. Murray ante la cual adujo que la nueva pesquisa – identificada internamente con el número FL-03491 – no estaba relacionada con los cargos previos. Murray estuvo de acuerdo: “La División indica que la citación hecha a Ferrer no es con el propósito de obtener evidencia en estos procedimientos”, señaló Murray. La jueza también rechazó lo que dijo eran los esfuerzos del controvertible banquero local de “dictar las condiciones” bajo las cuales daría testimonio adicional.

“No se puede esperar que se detengan las labores de la División (de Cumplimiento) por un procedimiento pendiente. Espero que los litigantes actúen razonablemente de manera que las otras investigaciones y este procedimiento puedan continuar simultáneamente”, indicó Murray quien a su vez le advirtió a los reguladores que la evidencia obtenida en la nueva investigación no puede ser usada en el actual litigio contra Ferrer y Ortiz, pero añadió que en el caso de surgir algo inesperado pero tangente con el actual litigio tienen que entregar copia de tal evidencia a ambos ejecutivos.

Funcionarios del SEC en Miami, incluyendo su director regional, Eric Bustillo, no contestaron las llamadas ni los correos electrónicos de este diario. Ya en mayo, sin embargo, Bustillo le había adelantado a este diario, sin dar detalles, que su oficina estaba lista para emprender una limpieza del sector financiero en la Isla con un “tenemos otras cosas por venir”.

Estas “otras cosas” han caído bajo un espeso velo de secretividad en las oficinas de Miami pero distintas fuentes de la industria en San Juan han indicado por separado que esta vez se trata de un esfuerzo en dos vertientes – el determinar si ha habido mal manejo en el multimillonario mercado de los fondos mutuos cerrados y examinar cómo fue que se dio la polémica emisión de $3,000 millones en bonos del Sistema de Retiro de Empleados Público en el 2008, cuyos problemas todavía amenazan el futuro económico de miles de jubilados.

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