Cruda realidad fiscal colonial

El Presupuesto para el año fiscal 2011-12 nos brinda la oportunidad de entender cuan limitados son los recursos de fondos locales para atender las necesidades y las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La situación fiscal es más complejas de lo que se percibe.

El Fondo General recibe $8,650 millones de contribuyentes y negocios en la Isla De ese total, la contribución sobre ingresos de individuos ascendió a $2.574 millones,  solo el 25% de todos los ingresos recibidos.

Ante esa realidad, necesitamos considerar el impacto de los fondos y los programas federales sobre la economía en Puerto Rico.

Los fondos para servicios sociales, protección de la familia y servicios a la niñez merecen escrutinio. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia recibe $2,090,687,000 en fondos federales, lo que representa el 95.5%  de su presupuesto. Sin esa ayuda federal no se recibirían $2,091 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), $87 millones para Ayuda temporal para familias necesitadas ni $5.6 millones para la rehabilitación económica de la familia.

Para describir cuan dependientes somos de los contribuyentes del norte, basta con señalar que la Administración de Familias y Niños recibe $54 millones para servicios del bienestar de los niños y el 95.2% del presupuesto de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), $184.5 millones provienen de fondos federales. La Administración para el Sustento de Menores, depende de $41 millones de fondos federales, 74% de su presupuesto total.

Los servicios de salud no se quedan atrás. La Administración de Servicios de Salud recibe $993 millones de Medicaid y TituloXIX para los programas de asistencia médica; la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (AMSCA) recibe $35 millones; y el Departamento de Salud $476 millones.

Educación va por el mismo camino. El 81% del presupuesto de la Administración de Rehabilitación Vocacional proviene de fondos federales ($72.7 millones), los servicios del Departamento de Educación dependen de $1,404 millones federales y la UPR recibe $305 millones en ayuda federal.

Sin hacer un desglose, es obvio que el gobierno federal subsidia la sociedad puertorriqueña mediante más de 300 programas federales. Los subsidios y donaciones han sido muy buenos para Puerto Rico, especialmente para los ciudadanos más necesitados. Hemos dado la lucha para que nos traten en condición de igualdad con los otros ciudadanos de los Estados Unidos.  La realidad es que los contribuyentes de los cincuenta Estados subsidian nuestra economía, la infraestructura y la función gubernamental.

Las transferencias federales suman más de $21,000 millones al año, incluyendo $7500  millones de subsidios al Gobierno Central para brindar servicios esenciales a toda la ciudadanía; $4,412 millones en otros pagos directos a los individuos y $1,176 millones en pagos de salarios y contratos de las agencias federales en Puerto Rico. Como ciudadanos americanos, pagamos $3,557 millones anualmente por contribuciones para la red de seguridad social, Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo al gobierno federal. A cambio, recibimos $7,700 millones en beneficios de seguro social, retiro e incapacidad.

A pesar de las masivas ayudas y transferencias federales, las cifras de abril del 2011 del Departamento del Trabajo confirman que de una población no-institucional de 3,139,000 solo 1,266,000 personas buscan empleo y solo 1,061,000 estaban empleados.

Para complicar más la situación económica, la crisis fiscal que afecta a los Estados Unidos  obligará al Congreso a tomar medidas que pueden tener un impacto negativo sobre los fondos federales destinados a Puerto Rico. La ayuda unilateral no va a durar para siempre. Tenemos que cambiar la dirección de nuestra economía. Es necesario buscar nuevas estrategias políticas, fiscales y económicas.

El experimento político y modelo colonial del ELA ha sido un fracaso económico. Urge resolver el estatus de Puerto Rico.

Descomposición social

Hernán Padilla

La descomposición del tejido social en Puerto Rico es crónica, persistente y catastrófica.

Esta crisis es motivo de preocupación y debe obligarnos a examinar la realidad puertorriqueña para buscarle soluciones a largo plazo, de otra manera nuestro futuro es muy incierto.

Lo que se vive en estos momentos no es una situación nueva. La pobre calidad de vida viene afectando a toda la sociedad por muchos años. En el 2003 más de 600,000 personas padecían de alguna condición de salud mental. En ese año fueron atendidos 103,052 adultos por problemas de salud mental, pero 148,000 adultos no recibieron los servicios necesarios y 73% de menores con trastornos severos no fueron tratados.

Un estudio científico en el 2007 reveló que Puerto Rico es el segundo país, después de Argentina, donde mas personas, entre 25 y 34  años de edad, utilizan dos drogas o más, combinadas. Se proyecta que 34% de la población está afectada y se asegura que predomina el uso de alcohol y tabaco, seguido por alcohol y marihuana, y luego la cocaína. Sorprende que 13,000 adictos usen alcohol, tabaco, marihuana y cocaína.

Debe preocuparnos que la población promueva, tolera o le huya a la responsabilidad de evitar que 50% de la juventud comience a tomar alcohol antes de cumplir los 18 años. La subcultura del alcohol está muy arraigada y hay que atacarla para proteger la próxima generación.

Las estadísticas del crimen en octubre del 2008 ya evidenciaban que las políticas públicas del pasado para mejorar la calidad de vida y la seguridad pública habían fracasado. En los primeros nueve meses del 2008 se cometieron 622 asesinatos.

Este año, durante el fin de Semana de las Madres mataron a trece personas. Aunque se cuestiona la validez de algunas estadísticas del crimen del 2011, ya se han reportado más de 410 asesinatos. Que sepamos, 47% de las muertes violentas se relacionan a la lucha por el control de los puntos de drogas. No es suficiente que la Policía ha realizado operativos efectivos en contra de 300 puntos de drogas y los federales han dado golpes certeros al narcotráfico.

Los amortiguadores sociales insulares desaparecieron, como desapareció nuestro jibaro y sus valores. Puerto Rico atraviesa por una crisis de valores que afecta todos los niveles de la vida y todos los rincones de la sociedad puertorriqueña. Les corresponde a los hombres y mujeres que están en posiciones de liderato convertirse en verdaderos símbolos de esperanza para el pueblo. La avaricia, falta de principios, y deshonestidad predominan en los que deben dar el ejemplo. La juventud necesita ciudadanos modelos (role models) que inspiren y reflejen honestidad, integridad, justicia, y respeto.

Un buen enfoque, que si lo apoyan puede causar un cambio cultural favorable a largo alcance, es el programa del Gobernador, “Tus valores cuentan”, para enfatizar la importancia de los valores básicos del buen carácter: confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo. Otra excelente iniciativa de Fortuño es promover la fundación y brindarle apoyo a la “Alianza para Transformación Social”, una organización no-gubernamental para “lidiar con el deterioro social”.

Otro de los instrumentos gubernamentales creados es la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción. Esta agencia debe brindar alivio, servicios sociales y servicios de salud cuando la familia, los educadores, las instituciones religiosas y los líderes cívicos y políticos han fracasado. Si esta agencia logra una participación activa de la comunidad en educación y prevención, ganamos todos; si fracasa pierde Puerto Rico.

No debemos pretender que el gobierno lo resuelva todo. Por el contrario, la responsabilidad de los cambios sociales y culturales está en las manos de todos los Puertorriqueños. No se escapa nadie de esta obligación crucial, a menos que decidan esconder sus cabezas como el avestruz.

La AEE: modelo insostenible

Hernán Padilla

Una Nueva AEE, ensayo del Profesor Efraín O’Neill del Recinto Universitario de Mayagüez y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Casa Blanca para una estrategia de energía renovable y la transformación de la economía energética de Puerto Rico merecen una discusión intensa y abierta.

El costo de energía eléctrica en Puerto Rico es más de dos veces mayor que el costo promedio en Estados Unidos. No es necesario ser economista para reconocer que la dependencia del petróleo de Puerto Rico ocasiona que cuando sube su precio se afecta adversamente el consumidor, el comercio, las industrias y la economía.

El Gobernador Fortuño creó un Comité de Política Pública Energética para formular una nueva política energética basada en la diversificación de recursos de energía y un suministro eléctrico económico y sostenible. La meta es facilitar el desarrollo de fuentes de energía renovable y ofrecer incentivos para inversiones en energía renovable.

Es alentador que el Grupo del Presidente apoyara firmemente los esfuerzos del Gobierno Estatal para promover y aplicar la conservación y eficiencia energética, diversificar las fuentes y fomentar el desarrollo económico mientras protege y mejora la calidad del medio ambiente. Lamentablemente, las recomendaciones para una nueva política energética ni los pasos para transformar la economía energética no se han discutido objetivamente como ameritan.

Si no buscamos las maneras para liberarnos de nuestra dependencia del petróleo, como postula el Profesor O’Neill, la próxima crisis será aún peor. La deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era cerca de $8,000 millones en el 2010 y continúa aumentando. El acuerdo con los bonistas establece cobrar una tarifa básica para sufragar los costos de operación cubrir el pago de principal e intereses de la deuda. Incumplir con el acuerdo implica tener que aumentar la tarifa básica y repagar la deuda total  inmediatamente.

La estabilidad fiscal de la Autoridad depende del crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Tan pronto baja la demanda, se afectan las finanzas de la AEE. Una reducción de 5% en la demanda representó $50 millones menos de ingresos en el 2008, cuando perdió $284 millones. Esa es una de las razones por la cual la AEE no fomenta programas agresivos de conservación de energía. Una reducción drástica en el consumo puede causar un aumento inmediato en las tarifas a los consumidores.

Aunque la AEE está prácticamente insolvente, suple servicio gratuito y/o a un precio reducido a algunos de sus usuarios y no puede recuperar esos costos. Históricamente, los municipios no pagan por el consumo de energía, por lo que no tienen incentivo para ahorrar energía. En el 2010 se les liquidó una deuda de $190 millones como una contribución en lugar de impuestos. Al ciudadano común le aplican un 11%, adicional al ajuste por combustible, para cubrir el subsidio a los municipios y otros subsidios dispuestos por ley. Es hora de re-examinar éste “cuasi-impuesto” adicional y la política del mantengo energético.

El ensayo del Profesor O’Neill nos lleva a una conclusión definitiva: el modelo actual de la AEE no es sostenible. Debemos generar energía limpia y fomentar una cultura que premie la conservación y la eficiencia energética, comenzando con los que se benefician con los subsidios.

Me uno al reclamo de que la AEE produzca energía eléctrica limpia de manera que se minimicen los costos de prender una bombilla y sin producir daño al ambiente y a la economía. Debemos apoyar las propuestas de La Mesa de Diálogo del Sistema Eléctrico de PR, un foro con participación multisectorial: para lograr un sistema eléctrico sostenible, tener 30%  de energía renovable, alcanzar el 25% de reducción de consumo eléctrico a través de conservación y eficiencia energética y hacer mas transparente el proceso decisional de la AEE.

Casa Blanca y el “mangó bajito”

Hernán Padilla

Las 29 recomendaciones del Grupo de Trabajo del Presidente en el área de desarrollo económico merecen consideración objetiva. Ahora que la crisis fiscal obliga a Casa Blanca a recortar el presupuesto y reducir los fondos discrecionales, debemos crear equipos con personal especialmente adiestrado y con excelente dominio del inglés, una destreza imprescindible en este mundo moderno y competitivo, para gestionar y sacarle más provecho a los programas federales.

Necesitamos el conocimiento, experiencia y los recursos disponibles en las agencias federales para levantar el nivel de vida en los cuarenta municipios donde más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de pobreza federal.

Ante la crisis hipotecaria y el record de ejecuciones de viviendas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD,) conjuntamente con el Gobierno de Puerto Rico, debe completar el Plan Integral de Vivienda para Puerto Rico.

El Gobernador Fortuño ha expresado un gran interés en desarrollar los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads. Urge que la Administración de Servicios Generales complete el traspaso legal y transfiera la titularidad para que Puerto Rico proceda a desarrollar los terrenos y crear buenos empleos en la antigua Base Naval. Ese debe ser el primer mandato a los federales que tengan a cargo coordinar toda la ayuda técnica y financiera para este crucial proyecto para el turismo y desarrollo económico de Puerto Rico.

Es necesario lograr que Puerto Rico sea incluido dentro del programa de Zonas de Estimulo Económico (Empowerment Zones).  De lograrlo, obtendríamos capital inicial y fondos para planificación, asistencia técnica, incentivos tributarios, incentivo laboral e  incentivos de inversión.

Puerto Rico puede convertirse en un modelo para desarrollar proyectos eficientes y sostenibles de energía limpia. El Departamento de Energía debe ayudar a Puerto Rico a desarrollar un plan integral para una nueva economía energética, diversificar las fuentes de energía y producir más energía renovable, sin olvidar que la primera y más apremiante necesidad es bajar la tarifa de la luz. Para comenzar, es necesario controlar el monopolio ineficiente de la AEE.

El turismo debe convertirse en punta de lanza de nuestro desarrollo económico. Simultáneamente con una Alianza Público Privada para modernizar el Aeropuerto Internacional LMM, es necesario mejorar la seguridad y los servicios a todos los pasajeros y visitantes. Es nuestra obligación reclamar que el Departamento de Comercio federal nos incluya en sus planes bajo la Ley de Promoción de Viajes para mejorar el Turismo.

Ahora es el momento para solicitar que el Centro de Asistencia de Exportaciones de Estados Unidos preste ayuda efectiva al programa de exportación de Puerto Rico. Es ahora que debemos reclamar que consideren el Puerto Las Américas de Ponce para trasladar carga de Estados Unidos que viaja a través del Canal de Panamá hacia destinos lejanos.

La nueva realidad fiscal y política en los Estados Unidos presagia que el barril sin fondo de los contribuyentes americanos y los tiempos del “mangó bajito” están llegando a su fin. Los recortes federales serán sustanciales y dolorosos en el 2011 y 2012.

Ante esta realidad, las limitaciones fiscales y el compromiso de reducir el déficit operacional, el Gobernador presentó el Presupuesto-2012 asignando nuevos recursos para seguridad publica, combatir el crimen y el narcotráfico, extender los servicios de “Mi Salud” a 100,000 ciudadanos adicionales, incentivar la agricultura y continuar con el plan para mejorar la educación, las escuelas y los servicios a niños con necesidades especiales.

Les corresponde a los legisladores ajustarse a un austero plan de prioridades. No existen los fondos para cubrir todas las necesidades. Un verdadero buen gobierno debe ser disciplinado en el uso de los fondos públicos, comprometido con los principios de una sana administración y transparente en toda gestión pública.

A librarnos del yugo político.

Hernán Padilla

El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño para tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.

Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.

Me alegra que el Grupo de Trabajo interpretara que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico” y se comprometiera  con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto”.  Sentencian que “es hora que Puerto Rico de el próximo paso”.

El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento. La ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.

Aunque las fuerzas colonialistas quieran ocultarlo queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una republica independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.

Concurro con el Grupo de Trabajo cuando afirma que “la incertidumbre sobre el estatus está frenando a Puerto Rico en materia económica”. El modelo colonial del territorio no incorporado del ELA fracasó como experimento político, económico y social.

La realidad política es que a menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si no demostramos que la mayoría quiere un cambio político. Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda publica federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocuparán del estatus de Puerto Rico si no lo exigimos convincentemente.

Aunque los defensores del ELA prefieren que se consulte al electorado si desea continuar con el estatus territorial y colonial, el Gobernador Fortuño y el PNP proponen una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y una República Asociada, efectivamente excluyendo al ELA en la primera consulta.

Para entender esta decisión es oportuno considerar la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, los Principios de Descolonización y las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.

Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una República o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o  Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de America. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.

Es de esperar que el tema del estatus predomine en la discusión pública. Pero el debate sobre el estatus no debe interrumpir el compromiso de un “buen gobierno”, mejorar la seguridad pública, luchar contra el narcotráfico y la corrupción, promover el crecimiento económico, creación de empleos, incentivar el turismo, reformar la educación y cumplir el compromiso de la Reforma Legislativa.

Llegó el momento de la decisión final en la lucha por la igualdad. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y permanencia de la Ciudadanía Americana. Es hora de librarnos del yugo político colonial del ELA.

Referéndum descolonizador en Puerto Rico

Hernán Padilla

El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño a tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.

Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.

El Grupo de Trabajo interpreta que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico”, se compromete  con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto” y sentencian que “es hora de que Puerto Rico de el próximo paso”.

El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento, algo parecido al estatus de la Republica de las Islas Marshall y la Republica de Palau.

Para los defensores y promotores del ELA, queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una republica independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.

Es inaceptable que el Grupo de Trabajo no le dedique una sola palabra a la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, a los Principios de Descolonización ni a las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.

Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una Republica o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o  Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de America. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.

El ELA esta en quiebra moral, social y económica. El modelo colonial fracasó como solución política. Aunque el Grupo de Trabajo del Presidente y un sector político de Puerto Rico prefiere que se le consulte al electorado sobre si desea continuar con el estatus transitorio, territorial y colonial actual, el Partido Nuevo Progresista, el partido de mayoría en Puerto Rico, propone legislar una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y Republica Asociada. Ahora comienza el debate de cómo llevar a cabo un plebiscito.

Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda publica federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocuparán del estatus de Puerto Rico.

A menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si la mayoría que quiere un cambio político no se manifiesta enfática y contundentemente. La solución política para la Isla y los Estados Unidos es convertir a Puerto Rico en el Estado 51.

Asfixiados por el petróleo

Hernán Padilla

Ante nuestros ojos se desarrolla la gran transformación mundial del Siglo XXI. El levantamiento en Egipto, la masacre en Libia, la inestabilidad de los gobiernos en el medio oriente y la crisis geopolítica afecta los mercados mundiales del petróleo.

Algunos sectores del pueblo puertorriqueño viven en una burbuja de confianza, como si el problema fuera ajeno. Los últimos sucesos y su efecto sobre el precio de la gasolina  comprueban que estamos equivocados.

Aunque el precio del barril de petróleo ha bajado después del terremoto en Japón, una mayor demanda mundial y la política energética del Presidente Obama que limita la exploración  de petróleo en los Estados Unidos traerá como consecuencia un aumento progresivo del precio. En Puerto Rico se siente la inflación en el aumento de muchos productos de primera necesidad y la gasolina.

Puerto Rico vive dependiente del aceite de petróleo: 69% de toda la energía se produce con aceite de petróleo, 15% con gas natural, 15% con carbón y solo 1%  con energía renovable. La AEE importa más de $2,000 millones (dos billones) de combustible derivado del petróleo anualmente. Por cada $10 de aumento en el petróleo la economía de Puerto Rico siente un impacto negativo de más de $700 millones al año y la factura de la luz aumenta $12.29 mensual para una familia que utiliza solo 800MW al mes.

El impacto del aumento del precio del petróleo, la gasolina y el diesel será devastador. La gasolina subirá a más de $4.00 el galón ($1.00 por litro). En la Isla hay más de 3,020,078 vehículos de motor registrados, incluyendo 2,311,686 automóviles privados, 29,999 vehículos estatal y municipal,  64,490 para alquiler y 348,078 de carga que consumen más de un billón, (1,084 millones de galones) de gasolina y 250 millones de galones de diesel anualmente, contaminan el ambiente y afectan la salud de toda la población.

La contradicción de perder población y aumentar el número de vehículos debe obligar a un debate vigoroso sobre la política pública de importación de vehículos a la isla y su impacto sobre la economía, transporte colectivo y el Plan de Uso de Terrenos. En el 2010 se importaron 95,883  vehículos de motor nuevos, con un posible costo de $3 billones, sin contar el consumo de gasolina. Tantos vehículos requieren más carreteras e inversiones $billonarias en infraestructura.

El aumento en costo de la transportación y los productos relacionados al petróleo y la inflación afectará a las familias más necesitadas, las  industrias, comercios y el costo de todos los servicios esenciales en Puerto Rico. El precio de los comestibles, plásticos, ropa, alojamiento y hasta el cuidado medico le hará la vida más difícil a los desempleados, a los que viven por debajo del nivel de pobreza federal y a la clase media.

Urge implantar un masivo programa de conservación de energía en las agencias del gobierno. Necesitamos educar objetiva y eficientemente al pueblo puertorriqueño sobre ésta nueva realidad económica. La estrategia debe ser reducir el consumo de energía eléctrica, petróleo, gasolina y diesel por todos los medios posibles. Aunque costoso, un sistema de semáforos sincronizados en la avenidas con más transito ayudaría el movimiento vehicular y economizaría millones de galones de gasolina.

Ante ésta crisis, es impostergable buscar una solución pragmática, realista, a corto plazo y costo-eficiente que minimice nuestra dependencia al petróleo y el peligro de la inflación que se avecina. Es necesario acelerar los proyectos de energía renovable que generarán 700 MW y estimular las alianzas público privadas para producir energía eólica, solar y fotovoltaica. Tenemos una obligación moral con las generaciones futuras. Debemos considerar el gas natural como medida de transición para proteger el ambiente, abaratar costos y bajar la factura de la energía eléctrica.

Cocaína Capitolina

Hernán Padilla

El 25 de febrero, viernes negro legislativo, fue un día de desvergüenza, bochorno colectivo, y rabia moral para un pueblo que vive atemorizado por la corrupción,  criminalidad y deterioro social.

El Líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes dio positivo para Cocaína. El Sargento de Armas, el funcionario a cargo del orden en la Cámara, también renunció, alegadamente por usar marihuana. Es  un golpe bajo, sucio y lastimero en contra de las aspiraciones de un pueblo que quiere encontrar paz y tranquilidad. Es una puñalada trapera contra la confianza que debe sentir un pueblo hacia sus gobernantes. Terminó la mentira y la decepción de un violador de la ley, el orden y decencia.

No es posible que la DEA, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia puedan defender a un pueblo aterrorizado, cuando en la Casa de las Leyes un mal llamado líder legislativo compra y consume cocaína y no delata al suplidor.

La responsabilidad constitucional primordial del gobierno es garantizar la seguridad a sus ciudadanos. La Legislatura fracasó moralmente ante el pueblo. En el cuatrienio, cuatro legisladores han sido forzados a renunciar, uno está preso y otro está defendiéndose de una acusación federal. Estos  casos evidencian la corrupción endémica, sin distinción de colores, del Capitolio insular.

Drogadicción es una enfermedad que requiere tratamiento médico y rehabilitación. En el caso de un Legislador con el poder de encaminar los proyectos de ley no sabemos si la enfermedad conduce a la corrupción moral o la corrupción es el comienzo de la enfermedad.

Adicción a cocaína comienza y prospera ligada a la adicción a otras drogas, marihuana y alcoholismo en muchos casos. La persona lleva una doble vida. Oculta su condición detrás de la mentira y engaño. Viven amparados bajo la sombra de  un mundo criminal. Victimas fáciles del crimen organizado. Compran drogas a escondidas. Se codean y se relacionan socialmente con los perversos que destruyen las esperanzas de la juventud. El peligro de la sociedad es claro, inminente y catastrófico.

Los ciudadanos-electores confían que la conducta de los funcionarios electos sea honesta y honorable. Crespo violó flagrantemente el Código de Ética de la Cámara. Pisoteó el mandato que “los Representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público”. Violó el juramento de defender la Constitución contra todo enemigo, como son los narcotraficantes.

Conoce los criminales a los que les compra la droga. Viola la ley cuando no acusan a los narcotraficantes. Es pura corrupción. Las renuncias deben ser solo el inicio del trámite penal delictivo ante las esferas insulares y federales.

Reitero mi señalamiento de la pérdida de decencia y el comportamiento honorable. El liderato político ha claudicado de su responsabilidad para atacar la avaricia y la corrupción. Ante el cuadro de descalabro social, corrupción, criminalidad y desvergüenza que sufre el país hacen falta personas honradas y respetuosas de la ley que reconozcan el privilegio de representar en una democracia y sean ejemplos modelos de buenos ciudadanos.

Apoyo enérgicamente a una madre agraviada cuando asevera que este pueblo tiene que tener la valentía de indignarse y tomar acción en contra de los legisladores corruptos sin distinción de ideologías y partidos políticos;  apoyo también la maestra que se siente desmoralizada y sentencia  que estos eventos son nefastos para la educación.

Jenniffer González ordenó la prueba de drogas. Muestra verdadero liderato, sin ampararse en el amiguismo y preferencia política. Nunca antes, un Presidente de la Cámara ha destituido u obligado a tres legisladores y al Sargento de Armas a renunciar por violaciones de Ley y de Ética. Que tomen nota los que no han entendido el mensaje de honestidad y rectitud que demanda el pueblo de Puerto Rico.

La Alternativa del presente es el Gas natural

Hernán Padilla

La factura de la luz estrangula la economía de Puerto Rico. Para beneficiar los consumidores, promover el desarrollo económico, atraer nuevas empresa y generar empleos es necesario bajar el costo de energía eléctrica. Es imposible levantar la economía, generar riqueza, reducir el desempleo crónico y aliviar la pobreza cuando los usuarios pagan 21.69 centavos por kilovatio/hora, y el resto de la Nación paga a razón de 11 centavos por kv/h.

Cualquier discusión objetiva sobre el costo de la energía en Puerto Rico debe considerar las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La AEE tiene una deuda en bonos y líneas de crédito de más de $7,216 millones que requiere $461 millones anuales para pagar el principal e intereses de los bonos y otros préstamos. Como si fuera una corporación privada, tiene que pagar contribuciones a los municipios a través de un subsidio en lugar de impuestos y otros subsidios ordenados por ley, que ascienden a $277 millones en el 2011.

En palabras sencillas, después de pagar los costos de operación, compra de combustible, compra de $736 millones de energía a EcoElectrica y a AES Puerto Rico, salarios y jornales, mantenimiento, seguros y cuentas de Reserva, tiene que producir una ganancia de $836 millones (de un ingreso de $4,503 millones) en el año fiscal 2011 para poder pagar los prestamos y subsidios.

Las opciones para bajar el costo de la energía resultan limitadas.

Las unidades generatrices que usan petróleo para generar electricidad requieren $223 millones en mantenimiento constante y deben convertirse a unidades que puedan operar con gas natural. Se necesitan más de $1,700 millones en mejoras capitales para convertir las unidades para que usen gas natural o petróleo y mejorar el sistema de distribución y transmisión de electricidad. La Autoridad no tiene recursos para invertir en mejoras capitales.  De sus propios ingresos corrientes, solo puede pagar 1% de la inversión necesaria. Tendría que tomar más dinero prestado.

La Legislatura debe reevaluar el subsidio que paga la AEE a los Municipios en lugar de impuestos. En teoría, la contribución corporativa es 20% de los ingresos netos pero, por ley, los municipios nunca pagan por el consumo de energía. Los consumidores que pagan mensualmente subsidian la ineficiencia y el malgasto de energía. Es una autorización a usar energía sin límites y sin controles.

El costo de combustible es el factor más oneroso que afecta la factura de la luz. La AEE compra más de $2,239 millones de combustible anualmente. El aceite de petróleo constituye el 69% de los combustibles para generar energía; solo 15% gas natural y 15% carbón.

Del costo de 21.69 centavos por kvh, el pago por combustible equivale a 10.43 centavos por kvh. Si continuamos usando petróleo, el combustible más caro y con precio más volátil, la tarifa puede aumentar a más de 25 centavos por kvh.

Es indispensable reducir la dependencia del petróleo para desarrollar nuestra economía. Aunque existen planes para aumentar la producción de energía renovable, tardará muchos años en tener una producción comercial significativa y a un costo que impacte favorablemente la factura de la luz. Generar energía con carbón sería menos costoso, pero no es una alternativa viable en estos momentos.

La alternativa más realista es el gas natural, un combustible más limpio, de menos contaminación, abundante y a un precio más bajo y más estable que el petróleo.

La conversión a gas natural de las unidades generatrices de electricidad de Costa Sur, Palo Seco, San Juan, Cambalache y más tarde Aguirre, beneficiará sustancialmente al consumidor residencial con una rebaja significativa de la factura de la luz y reducirá los costos de operación del sector comercial y manufacturero del país. El gasoducto (Vía Verde) merece consideración favorable.

Crimen, pobreza y desempleo

Hernán Padilla

Cuando se discute el crimen, corrupción, pobreza y desempleo es fundamental considerar la función de los gobiernos municipales. Estos males sociales deben recibir la más alta prioridad por parte de todos los Ejecutivos Municipales, el Gobierno Estatal y los líderes Legislativos.

El Ejecutivo y los Legisladores Municipales tienen contacto día a día con su gente. Viven las necesidades de su pueblo. Es su obligación conocer su municipio y los empleados municipales con lujo de detalles. Los líderes Municipales constituyen la primera línea en la defensa del pueblo; la famosa autonomía municipal conlleva serias responsabilidades.

La seguridad pública es fundamental para que la sociedad viva en paz, en un clima que auspicie progreso y desarrollo económico.

En 2010 se reportaron 62,238 delitos, 983 asesinatos, miles de escalamientos, robos y casos de apropiación ilegal. La realidad es que toda actividad ilegal ocurre dentro de alguna jurisdicción municipal. En San Juan se reportaron 201 asesinatos, Ponce 80, Bayamón 46, Carolina 46, Guaynabo 31, Loíza 25 y 23 en Mayagüez. Durante el 2010 ocurrieron 178 más asesinatos que en el 2009 en 37 municipios.

La redada federal de 533 personas, incluyendo 141 empleados públicos y 72 empleados Municipales de Lares, en un alegado esquema de fraude contra la Aseguradora AFLAC, evidencia contundentemente la corrupción galopante y el colapso de los valores en la sociedad puertorriqueña.

Es necesaria una cruzada sin tregua para atacar el crimen organizado y la corrupción. Las escuelas deben enseñar y la ciudadanía debe defender el valor de la vida, respeto ajeno, honestidad y los valores que antes formaban parte de de nuestra formación en el hogar. La Alianza para Transformación Social del Gobernador Fortuño promueve la participación activa y efectiva de todos los ciudadanos, Si alguien puede comunicarse con los líderes comunitarios para motivarlos en este esfuerzo son los ejecutivos municipales.

Los Alcaldes tampoco pueden sentir tranquilidad cuando la pobreza afecta tanta gente en todos y cada uno de los municipios. La baja escolaridad, escasez de empleos y la dificultad de acceso a los mismos son una de las principales causas de la pobreza. Urge mejorar la educación en todos los municipios.

Un estudio del 2005 al 2009 revela que más de la mitad de la población de 40 municipios se considera bajo el nivel de pobreza federal. Durante cincuenta años, Maricao, Orocovis y Morovis  no han salido de la pobreza extrema. Cuarenta bolsillos de pobreza endémica y estructural del pasado heredados por la presente Administración. En Maricao más del 65%, y en los dos Municipios de menos pobreza, Guaynabo y Carolina, más del 27% viven bajo el nivel de pobreza.

Un desempleo de 14.7% tiene implicaciones muy serias para los municipios. Aunque el desempleo en Guaynabo y Trujillo Alto y San Juan y Carolina es 10.3%, 10.7%, 11.9%  y 12.4%  respectivamente en Ponce es 14.4%, Mayagüez 16.8%, más de 20% en Arroyo, Barranquitas, Ciales, Coamo, Guayama, Las Marías, Maunabo, Morovis, Naguabo, Patillas, Salinas y Santa Isabel, y 25% en Comerlo y Orocovis.

El Gobierno Estatal, la Asamblea Legislativa y los Gobiernos Municipales  tienen la obligación de promover el desarrollo económico, inversión privada, creación de empresas y generar empleos en cada uno de los Municipios. La inversión estatal millonaria en proyectos de infraestructura, la Misión Comercial para atraer nuevas inversiones y la Reforma Contributiva de Fortuño ofrecen una gran esperanza para todos los municipios. Ahora, apremia bajar el costo de energía.

Corresponde a los Gobiernos Municipales y a la ciudadanía en general integrarse a la lucha contra el crimen para devolverles la tranquilidad y seguridad tanto a ciudadanos como a empresarios. Para aliviar la pobreza y el desempleo, tienen que ofrecer incentivos y servicios eficientes para atraer empresas y crear riqueza a nivel municipal.