Malletes rojos

Malletes rojos

Por: Luis Dávila Colón

«Nuevamente vuelve a aflorar el tema de la falta de imparcialidad de la rama de gobierno judicial y la corrupción partidista e ideológica del sistema de juzgados. Esa candente controversia que ha sido recurrente durante los 55 años del ELA, ha vuelto a tomar prominencia con la comedia de errores y horrores surgida en el procesamiento criminal del principal líder de la oposición, Pedro Rosselló.

PORTADA LIBRO JUSTICIA ROJ

La semana pasada en este mismo espacio, la ex jueza Berta Mainardi, quien salió exonerada de un rancho ético que le fabricó el sistema, afirmó que la Rama Judicial había perdido la confianza del pueblo. El semanario Claridad le dedicaba su edición, precisamente a la politización partidista de los tribunales y la minoría PNP gritaba a los cuatro vientos los abusos y el discrimen que rondan los tribunales de primera instancia, los apelativos y el Supremo. El 5 de enero de 2007, ante el asedio y las críticas de todos lados, el Juez Presidente, Federico Hernández Denton, tuvo que pedir confianza en el sistema judicial y «espacio para que el sistema funcione». Nuevamente el 27 de enero de 2007, el Juez Presidente salió en defensa de la independencia judicial y censuró a aquellos que cuestionan la neutralidad juzgadora y la ecuanimidad de los tribunales.

El caso político del procesamiento de Pedro Rosselló volvía a sacar para afuera el pus de la corrupción ideológica y partidista que ha erosionado la fe pública en la rama de gobierno judicial. Que conste para récord, que hace 10 años para esta época, denuncié el amancebamiento de esa Rama por el Partido Popular, la segregación de la administración de justicia y la contaminación ideológica y partidista a favor de los intereses del Partido Popular en la toma de decisiones fundamentales que envuelven política pública. Aquella opinión fundamentada, me costó una amenaza de Ferdinand Mercado, entonces Presidente de la Judicatura, y curiosamente una portada de Claridad, que me acusó de haber violado todos los cánones de ética profesional por haber denunciado la injusticia del sistema de justicia colonial. Por supuesto, nadie se atrevió a radicarme un solo cargo. Posteriormente, fundamenté mi opinión y libertad de pensamiento respecto a la degeneración de la justicia en mi libro Justicia Roja, que se convirtió en el más vendido en las Navidades del 2003.

En esos 10 años, ni el Colegio de Abogados, ni la Conferencia Judicial, ni la Asociación de Miembros de la Judicatura y mucho menos el Departamento de Justicia controlado por el Partido Popular, han intentado discutir o sanear el problema. No debe sorprender a nadie. La erosión de la confianza pública en la justicia y en la judicatura ha continuado a pasos agigantados. Ni las noticias ni el Derecho se analizan en un vacío. El contexto histórico de los últimos dos años ampliamente documenta y da una base más que razonable a aquellos que pensamos que el sistema opera desde, por y para los intereses coloniales. Hagamos un repaso somero de las principales controversias políticas juzgadas en nuestra rama de gobierno judicial:

Las minorías nunca olvidan, que el hoy Gobernador ostenta el cargo, no por haber salido electo por una mayoría de votos (el PNP fue el partido que más votos sacó y por mucho), sino porque el Tribunal Supremo, ejerciendo sus premisas inarticuladas, sumariamente lo proclamó gobernador en el invierno del 2004. Aquella decisión validaba papeletas contradictoriamente marcadas bajo la insignia del PIP y que a su vez escogían a los candidatos del Partido Popular en la papeleta. Aquel triple voto, íntegro y mixto y a la misma vez contado para el PIP (sin votarle sus candidatos) y para Aníbal Acevedo Vilá, constituyó un virtual Golpe de Estado judicial que proclamó al peor gobernador en la historia y sometió a este pueblo al sufrimiento y a la opresión que vivimos. Con esos aires tortuosos comenzó el cuatrienio judicial.

Del 2005 para acá, los juzgados todo lo que han hecho es refrendar los intereses y las políticas del Gobernador y del PPD. Sumemos: 1) En abril, el Supremo archivó la querella ética contra Aníbal Acevedo Vilá por haberse embolsillado los donativos del Dr. Machado. 2) En abril, un tribunal de instancia desestimó la demanda de profesores y estudiantes contra el cierre patronal que impuso la universidad pública a raíz de una protesta estudiantil. 3) En mayo, el juez Oscar Dávila Suliveres desestimó una demanda del Senado para detener una asignación adicional de $2 millones para el referéndum de la unicameralidad. 4) En junio, el Supremo declaró «no a lugar» al mandamus de legisladores del PNP para paralizar el referéndum. 5) En septiembre, el Supremo declaró «no ha lugar» a una petición del PIP solicitando se declarase ilegal el «Willie tax».

En el 2006 continuaron las decisiones pro gobierno. 6) En marzo, ordenaron al Procurador General a continuar investigando a Tomás Rivera Schatz, Aníbal Vega Borges y María Milagros Charbonier por violaciones a los Cánones de Etica de los abogados, por unas críticas que como políticos hicieron en plena campaña contra dos ex agentes del NIE. Nótese la doble vara. Al Gobernador le desestimaron los cargos éticos por haber depositado en su cuenta y no reportado en la planilla los $30 mil del Dr. Machado. 7) En abril, el Supremo denegó un mandamus radicado por la Cámara contra el Gobernador para obligarle a pagar la nómina de su presupuesto en pleno cierre del gobierno. El Supremo validó el cierre y el confiscarle el presupuesto a la Rama Legislativa. A la vez, el 28 de abril el Juez Presidente se reunía con el Ejecutivo y lograba fondos para continuar operando la Rama Judicial, alegando que era inconstitucional confiscarle sus fondos a esa Rama igual. 8) En mayo, amonestaron a la juez Zaida Hernández por críticas a la Legislatura que hizo luego de testificar para la Fiscalía en el caso de SIDA en el 2001. 9) En junio, el Apelativo desestimó una demanda de consumidores por el sobrecobro en las facturas de Energía Eléctrica. 10) En junio, el Supremo ordenó el envío de la Reforma Contributiva para la firma del Gobernador, aunque la Cámara reclamaba que no era el 7% lo que se aprobó. 11) En agosto, el Apelativo exoneró a AAV de violar la veda electoral por su mensaje de tranque presupuestario a un mes del referéndum. 12) En noviembre, el Supremo desestimó el recurso de Romero Barceló impugnando el IVU de 7%. 13) En diciembre, acogieron un pleito para obligar a legislar la unicameralidad, aún cuando la Cámara le votó el contra. Y 14) Ahora en enero, lo insólito; el Circuito Apelativo consideró una alzada de la alzada y una petición de Justicia para que una juez predilecta sea la que vea el caso Rosselló.

A la luz de este breve historial, no hay duda que existe fundamento, causa y base razonable para que las minorías critiquen y desconfíen de los malletes rojos…

2/18/07

Enlace: _http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Comentarios&n=86855_
(http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Comentarios&n=86855)