En 1980 fue a la inversa. El Partido Popular le señala al Partido Nuevo Progresista, que estaba en el poder, casos de corrupción y los utiliza como tema de campaña. Muchos de esos funcionarios habían sido despedidos y se había dado instrucciones de procesarlos criminal o administrativamente -dependiendo el caso- por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, de quien creo ha sido el gobernante que más ha combatido la corrupción gubernamental en la historia de Puerto Rico.

Las campañas de 1984 y 1988 siguieron igual rumbo. Sin embargo, para 1992 había empeorado este flagelo de la administración pública. Un tercio de los senadores del Partido Popular fueron convictos por casos de corrupción, incluyendo a un vicepresidente. Representantes a la Cámara, como fue el caso de Fernando Tonos, y alcaldes, como Juan M. Higgins de Humacao, hicieron de las suyas al convertir sus puestos en máquinas de robar.

Fue bajo el gobierno de Pedro Rosselló cuando la corrupción hizo crisis. El segundo cuatrienio, el más corrupto de la historia, sobre cuarenta funcionarios de gobierno, alcaldes y legisladores fueron procesados criminalmente por usar sus puestos para beneficio propio y sin escrúpulo alguno. Algo que hasta el día de hoy sigue afectando la imagen del PNP. (Véase a Antonio Quiñones Calderón, Corrupción e Impunidad en Puerto Rico: la caída moral de líderes políticos y funcionarios públicos).

Los últimos cuatro años del gobierno de Rosselló fueron algo que no ha tenido parangón en toda la historia de Puerto Rico. Los senadores Nicolás Nogueras y Víctor “El Buho” Marrero Padilla, otros funcionarios legislativos y del ejecutivo y que -algunos de estos últimos- sus delitos fueron cometidos desde la misma Fortaleza. Pero el caso de mayor envergadura que estremeció la conciencia del pueblo y que será mencionado por generaciones, cuando de la corrupción en el gobierno se trate, fue el del secretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo.

Bajo los gobiernos del Partido Popular durante este siglo se dieron casos como el de Anaudi Hernández Pérez, Ramón Orta, Juan Manuel “Mane” Cruzado, alcalde de Vega Baja, y Sol Luis Fontanes, alcalde de Barceloneta, entre muchos. Sin embargo, el caso que desgarró la opinión pública fue el de Aníbal Acevedo Vilá en el Tribunal Federal. Aunque un jurado lo encontró no culpable, lo que salió en el juicio no solo afectó su imagen para siempre, también la de su partido y de toda la clase política.

En el pasado cuatrienio hemos visto los casos de los alcaldes de Humacao, Aguas Buenas, Cataño y Guaynabo. A los legisladores, Nelson del Valle Colón y Néstor Alonso Vega acusados y procesados criminalmente por actos de corrupción. Todos del PNP. El caso de Néstor Alonso es dramático, pues desde los primeros meses como legislador comenzó con un esquema de defraudar al gobierno de Puerto Rico.

Recientemente fue acusado el alcalde popular de Ponce, Luis Irizarry Pabón, de obligar a los empleados del municipio a donarle dinero para que él pudiera pagar un préstamo que hizo destinado a sufragar los gastos de campaña. Le cobija la presunción de inocencia, pero en el tribunal del pueblo estas acusaciones se dan como ciertas y los efectos de ello son en detrimento a la imagen del líder político. El Partido Popular está en espera de que el caso llegue a juicio para tomar una decisión.

Ahora está de manera conspicua en el firmamento mediático de Puerto Rico el caso de la exlegisladora María Milagros Charbonier. Aunque le asiste la presunción de inocencia, la gente que ha escuchado en los medios lo que se ha vertido durante el juicio ha quedado anonadada por los hechos narrados en sala. Subirle el sueldo a una ayudante para que ésta, mensualmente, le devuelva una cantidad específica de dinero para poder amortizar una deuda, le revuelve las tripas a cualquiera.