Desde el famoso “hombre del chaquetón verde” en 1945, donde vieron a una persona con esa vestimenta entrar a la bóveda del Departamento de Hacienda, que guardaba los bonos para el desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico, conocidos como “Bonos de la Victoria”, y que al día siguiente en dicho lugar había medio millón de dólares menos, hasta estos tiempos, la corrupción ha sido una constante en la historia política de Puerto Rico.
Antes los casos eran esporádicos y, aunque no decidían elecciones, hacían daño político al incumbente que aspiraba a la reelección. Campaña tras campaña se mencionaban casos de líderes políticos o funcionarios de gobierno que habían cometido actos contra la función pública con el detalle de cada caso expuesto a la luz del sol.
A principios de la década del noventa del siglo pasado comienza una espiral de funcionarios acusados por corrupción que ha durado hasta el día de hoy. En el cuatrienio de 1989 a 1992 un tercio del Senado, que era dominado por el Partido Popular, fue convicto por casos de corrupción contra la función pública. Fue algo nunca antes visto en nuestra historia. Ya la devaluación de los valores comenzaba a manifestarse en nuestra sociedad y en la nueva camada de líderes que entraban a la política y al servicio público.
Durante la década de los noventa Puerto Rico sufrió el más dramático flagelo de la corrupción gubernamental de toda su historia. Decenas de funcionarios fueron convictos por delitos contra la función pública. Alcaldes, legisladores y secretarios de gobierno cayeron en la redada de los federales al llegarles a estos el olor a podrido que emanaban las agencias del gobierno estatal.
Un caso que es emblemático de hasta dónde puede llegar la codicia humana y demostrar que toda persona es impredecible hasta el tuétano, es el del exsecretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo. Bajo su dirección su agencia se convirtió en una máquina de robar. Fue algo que hirió la fibra moral de los puertorriqueños. Por eso fue convicto y por la magnitud de los hechos será recordado por varias generaciones, lo que sería su peor condena.
Durante la segunda administración de Pedro Rosselló el gobierno se convirtió en una verdadera máquina de robar. El dinero del pueblo perdió el valor moral, el servicio público quedó desacreditado y el gobierno estatal no hacía nada para combatirla y procesar criminalmente a los delincuentes. Manadas de maletines con billetes corrieron por las agencias para contratistas y de estos para campañas políticas. Son hechos que ya son parte del inconsciente colectivo del puertorriqueño.
Las réplicas de ese cataclismo de corrupción se sintieron por varios años, cuando seguían saliendo casos. Bajo esa administración no hubo voluntad política para atajar este mal. Todo era legislación, pero ninguna acción, por eso el Partido Nuevo Progresista quedó maltrecho y desacreditado por un tiempo, aunque todavía hay quienes traen al recuerdo todos esos espantosos episodios.
Con el Partido Popular llegaron los Anaudi Hernández Pérez, Ramón Orta, Sol Luis Fontánez y el caso de Aníbal Acevedo Vilá que, aunque salió no culpable, durante el juicio desfiló un esquema de corrupción que dejó atónito al pueblo entero. Y en ambos partidos a sus anchas el oscuro padrino, Oscar Santamaría.
El efecto en el proceso político en Puerto Rico salta a la vista. En las elecciones de 2008 un millón de electores votó por Luis Fortuño que obtiene el 53.43%. Doce años más tarde -en 2020- el candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, saca 427,016 votos para un 33.24%. Por el Partido Popular, en el 2012 Alejandro García Padilla obtiene 896,060 votos para un 47.73% y ocho años luego Charlie Delgado Altieri recibe 407,817 votos para un 31.75%.
Según las estadísticas, en doce años los progresistas bajaron veinte puntos porcentuales y los populares dieciséis. Son reducciones dramáticas que han lacerado la imagen y la solidez que estos partidos tenían. De sus filas se han fundado dos grupos políticos: Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana.
