Nota del Editor: Se anticipa que el fondo de Retiro no podrá pagar sus obligaciones en pensiones a empleados públicos jubilados tan temprano como el año 2015. El déficit certificado de $25 mil millones apunta hacia la insolvencia de la obligación más grande de una sola fuente que pesa sobre el contribuyente. Si ese déficit no se solventa, el contribuyente tendrá que pagar las pensiones. Este escenario es el que precisamente estaremos plasmando en esta serie de reportajes.  

Gracias al tsunami fiscal creado en el 2008 por las billonarias emisiones de bonos de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, en escasamente una década el gobernador de turno podría confrontarse con el serio dilema de tener que pagar una deuda de $3,000 millones sin contar con el suficiente dinero. Esta peligrosa perspectiva fue confirmada por Juan Carlos Battle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Síndicos de Retiro.

“La deuda no se va a ir”, dice Battle. “Hay que repagar esos bonos. El problema de los bonos es cuando se venza el principal”.

Battle también es parte de un comité nombrado por La Fortaleza para trabajar a puertas cerradas buscando nuevas alternativas financieras que estabilicen a Retiro y presuntamente, es el arquitecto de una nueva ley que le dio acceso al sistema de pensiones a los fondos destinados a mejorar la infraestructura física del País. La ley 96 de julio de 2011autorizó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a transferir $162.5 millones para invertir  en un llamado ‘bono de apreciación de capital’ emitido por la Corporación para el Fondo de Interés

Apremiante de Puerto Rico (COFINA) con la expectativa que para principios de la próxima década tenga un rendimiento de $1,600 millones con los cuales se pagaría al menos la mitad del principal de las emisiones del 2008.

Mientras tanto Retiro, confrontado con la necesidad de imponer rápidamente una serie de medidas de austeridad políticamente tóxicas para asegurar el dinero de las pensiones presentes y futuras de decenas de miles de jubilados, ha hecho caso omiso de las recomendaciones de sus propios peritos al optar por una ‘curita’ que aplaza la crisis pero no la resuelve.

Esta falta de urgencia está documentada por récords públicos y confidenciales, así como múltiples entrevistas realizadas por EL VOCERO. Las mismas hacen eco de la necesidad de actuar con rapidez expresada por los peritos y por la comisión cameral que tiene jurisdicción sobre Retiro, llamado que aparentemente está ausente en esta agencia. Hasta ahora, las medidas remediales del Sistema se han limitado a respaldar legislación para subir paulatinamente las aportaciones patronales; el reclutar al Centro de Recaudos de Impuestos Municipales (CRIM) para que cobre cualquier deuda pendiente de las agencias gubernamentales y municipios morosos;  el abrirle a las Cooperativas los programas de préstamos que fueron identificados por los peritos de Conway MacKenzie como uno de los principales problemas con las finanzas de Retiro  y tratar de venderle su cartera de préstamos a la banca comercial.

Decisiones a ciegas

Uno de los problemas con estas gestiones es que aparentemente adolecen del mismo defecto que la controvertible emisión de bonos de $3,000 millones en el 2008 bajo la incumbencia del exadministrador de Retiro, Juan Cancel Alegría.  No se realizaron análisis financieros ni estudios actuariales antes de tomar una decisión que va a afectar a todas las agencias y a todos los municipios de Puerto Rico por décadas– según admitió la presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos Rivera, quien defiende la Ley 116 de su autoría explicando que “no hay estudio pero había que hacer el aumento”. Este aumento –el primero en aportaciones patronales desde 1990– duplica el 9.275 por ciento actual en aportaciones patronales para principios de la próxima década.

Los críticos de esta medida dicen que eso crea un nuevo problema ya que las dificultades de Retiro simplemente se han transferido al gobierno central y a los municipios, aun a sabiendas de que muchos tienen sus propios déficits.

“El aumento en las aportaciones patronales es una curita,” dice la vicealcaldesa de San Juan, Lourdes Rovira, cuyo municipio es uno de los 10 patronos más importantes bajo el sistema. Rovira, quien fue presidente del BGF, aboga por una reforma más integral del sistema de pensiones incluyendo el que se ponga coto a algunas de las llamadas ‘leyes especiales’ que a lo largo del tiempo han ido sobrecargando el sistema.

Los primeros tres años los aumentos en las aportaciones de los municipios los va a pagar la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en una implícita admisión del peso fiscal que esto representa y, según Rovira, esto lo único que hace es posponer lo inevitable. “Es fácil decir que los patronos paguen más, pero ¿cómo vamos a pagar?”, pregunta, añadiendo que el aumento “es un ‘burden’ bien ‘heavy’” para los municipios, particularmente los que ya están corriendo con un déficit sin la carga adicional.

Para Ramos Rivera, sin embargo, el imponer gradualmente el aumento alivia tal peso: “Como los municipios tienen presupuestos ajustados eso les da tiempo para que vayan ajustando” cómo pagar el incremento. En este momento, explicó, hay 13 municipios con planes de pagos ascendentes a $16 millones. No quiso, sin embargo, identificar cuáles son estos municipios que durante años no solo dejaron de remitir a Retiro sus aportaciones patronales, sino que impunemente retuvieron las deducciones a los empleados sin enviarlas para así cubrir sus propios gastos. Dijo que los alcaldes eran tanto populares como penepés. Battle también evadió identificar a estos municipios.

Bloqueando a los ‘sabuesos’

El año pasado Ramos Rivera trató de investigar a fondo los problemas de Retiro pero finalmente se dio por vencida ante las múltiples barreras que encontró a su paso, incluyendo las actitudes asumidas por exfuncionarios públicos, tales como el expresidente del BGS, Alfredo Salazar y Cancel Alegría que rehusaron acudir a las vistas legislativas u otros a los que simplemente no pudieron físicamente localizar. Aun así, publicó el año pasado un par de detallados informes sobre la crisis en Retiro y le refirió sus hallazgos a los fiscales estatales y federales, así como a la Comisión Federal de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en inglés). “No tenía los recursos con que seguir”, admite Ramos Rivera.

Pero para cuando Ramos Rivera se dio por vencida, la firma de consultores de Conway MacKenzie le había rendido a Retiro un devastador informe documentando una debacle que dijeron estuvo gestándose por casi 60 años y que finalmente estalló en el 2008 con las tres emisiones de bonos por más de $3,000 millones, transacciones que compromete los beneficios de los jubilados hasta el año 2058.

A este diario se le hizo imposible localizar a los principales exfuncionarios de Retiro y del BGF que aprobaron las emisiones, algunos de los cuales alegadamente residen hoy en día fuera de la Isla.

Las emisiones de bonos por más de $3 mil millones se hicieron en el 2008 cuando Juan Cancel Alegría era el administrador de Retiro y Alfredo Salazar era presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Ninguno de los dos exfuncionarios pudo ser citado por la Cámara de Representantes para acudir a las vistas públicas de la investigación legislativa. Informes ubicaron a Cancel Alegría residiendo fuera de Puerto Rico, mientras Salazar regresó a la empresa privada donde de hecho en diciembre de 2009 se acogió a una quiebra en la corporación The Plaza Resort at Palmas de la que era accionista principal.

En un giro inesperado, el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, Héctor Mayol, defendió las controvertibles emisiones de bonos por más de $3 mil millones en el 2008 que han puesto en peligro la futura seguridad económica de miles de jubilados, al sostener que fueron una tabla de salvación para el maltrecho sistema.

“Si no llegamos a tener esos $3 mil millones no íbamos a poder pagar las pensiones de los pensionados,” dijo Mayol en entrevista telefónica con EL VOCERO durante la cual contradijo su testimonio en el Capitolio, los hallazgos de sus propios consultores y expertos financieros, así como la conclusión de los legisladores que analizaron la transacción y las condiciones endémicas que plagan el sistema.

Los bonos, que se vendieron solamente a inversionistas en Puerto Rico porque desde antes se sabía que no había mercado fuera de la Isla para la transacción, supuestamente impactarán por los próximos 50 años las finanzas de Retiro. En el primer año, los mismos reflejaron una pérdida de $200 millones, de los cuales hasta ahora, solo se ha podido recuperar la mitad. Se estima que a su fecha de vencimiento la deuda, cuya única colateral son las aportaciones patronales, rondará cerca de los $3 mil millones y requirirá un servicio anual de $167 millones; lo cual convierte a la deuda total en $8,642,389,750, según los hallazgos oficiales.

“Esta transacción se hizo con absoluto menosprecio y negligencia al deber fiduciario que tenía la Junta de Síndicos de proteger las finanzas del sistema, sin importarles si este tenía dinero suficiente para el pago de sus obligaciones, el préstamo y los intereses del mismo a los bonistas,” señaló uno de los dos informes de la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes. “Se dan como garantía de pago unas aportaciones patronales sin pensar que esas aportaciones ya estaban comprometidas con el pago de las pensiones y no eran suficientes para el pago de éstas”.

Retiro: no hubo pérdidas

No obstante, Mayol recién le aseguró a este diario que “no ha habido pérdida ninguna que se le pueda imputar” a la emisión, respuesta que contrasta tanto con las expresiones del presidente de la Junta de Síndicos de Retiro, Juan Carlos Battle -quien simultáneamente funge como presidente del Banco Gubernamental de Fomento- como con la de la representante Lourdes Ramos Rivera, quien preside la comisión que investigó por más de un año el desbarajuste fiscal en el sistema y quien ha propulsado varias medidas legislativas para tratar de ayudar a estabilizar sus finanzas.

A fines del año pasado Ramos Rivera le pidió al Departamento de Justicia estatal y al federal, así como a la Comisión de Intercambio de Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés), que investiguen qué delitos, si algunos, se cometieron cuando se diseñó y ejecutaron las transacciones. El informe final de la comisión alega, entre otras cosas, que las emisiones y venta de bonos fueron en sí ilegales porque Retiro no tenía ni tiene facultad para emitir bonos por su cuenta y que, además, la ley impide que las aportaciones patronales se usen como garantía para una deuda.

“Si ahora (Mayol) cambia de interpretación, miente”, respondió la Representante ante la pregunta de EL VOCERO por las expresiones de Mayol en entrevista con este diario. La legisladora hizo referencia al testimonio bajo juramento de Mayol en una vista pública del 25 de mayo de 2010 en que el funcionario declaró que “se han perdido $200 millones y tan solo se han podido recuperar $100 millones”.

BGF: si hubo pérdidas

Battle, por otro lado, coincidió con Ramos Rivera. “Sí, hubo pérdidas”, afirmó sin titubeos el banquero, pero explicó que él personalmente se está inhibiendo de todo lo que tenga que ver con la investigación de las emisiones del 2008 porque en aquel momento era un alto ejecutivo de Santander Securities, uno de los comanejadores de las emisiones.

Mayol también participó como comanejador en la venta de estos bonos como el principal ejecutivo en la Isla de la firma de inversiones Samuel Ramírez. El secretario de Hacienda, Jesús F. Méndez, es otro de los miembros de la Junta de Síndicos que participó en la transacción como funcionario de la banca de inversión suiza UBS, empresa que jugó el doble rol de asesor gubernamental y de comanejador principal. Estos tres funcionarios están también incluidos en una demanda radicada en octubre pasado por dos jubilados en el Tribunal Superior de San Juan a nombre del sistema, contra todos los funcionarios y banqueros asociados con la transacción.

Un elemento clave en la demanda y en los informes legislativos son los hallazgos que detallan un informe de un grupo de consultores norteamericanos, Conway MacKenzie, contratados por el propio Mayol para que evaluasen en su totalidad el sistema de pensiones y el impacto de las multibillonarias emisiones de bonos del 2008.

Peritos: que se investigue negligencia

Conway encontró la transacción “descabellada” y entre otras cosas recomendó que el Gobierno procediera a investigar a todos los funcionarios involucrados, incluyendo a dos expresidentes del BGF y otros dos administradores de Retiro así como sus síndicos. Los consultores no mencionan la responsabilidad, si alguna, que debe pesar sobre el sindicato de banqueros que participó en la emisión y venta de los bonos.

Para enfatizar cuán desatinada fue la acción de Retiro, Ramos Rivera apunta que “se trata de una deuda que va a llegar a los $9 mil millones. Tú no coges prestado para pagar deudas”.

La legisladora novoprogresista es la que empujó para que se aprobasen nuevas leyes que tratan de estabilizar los déficits de Retiro con un aumento gradual en las aportaciones patronales. Estas leyes también le imponen a Retiro el reportarle al Centro de Recaudos de Impuestos Municipales (CRIM) cualquier atraso de más de 30 días en las aportaciones patronales para su cobro. Estas leyes, sin embargo, no resuelven el problema a largo plazo, ya que eventualmente Retiro o el Gobierno central van a tener que pagar el principal.

De hecho, hace escasamente seis meses el Gobierno recurrió de emergencia al Fondo de Desarrollo de Infraestructura para crear un nuevo fondo con el cual eventualmente podría enfrentarse a la deuda en la próxima década. Con esto en mente, en junio de 2011, se aprobó una enmienda a las leyes que rigen la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para que pudiera transferir $162.5 millones a invertirse en un bono de apreciación de capital emitido por la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) con un vencimiento no menor de 30 años ni mayor de 40 años y a una tasa de interés de no menos de 7.00%.

La nueva ley 96 estima que el valor al vencimiento de este bono debería ser de $1,200 millones, menos de una tercera parte de la deuda. Sin embargo, Battle calculó debe ser un poco mayor: $1,600 millones. Aún así, admitió, que todavía estaría sustancialmente debajo de lo necesario para cubrir una obligación inexplicablemente creada en el 2008 cuando ya se sabía que los mercados de valores se estaban derrumbando.

Un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal investiga irregularidades en el mercado financiero

Como punta de lanza de una nueva investigación de irregularidades en el mercado financiero en Puerto Rico, un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) lleva más de un mes entrevistando y emplazando inversionistas y banqueros en la Isla, según confirman documentos oficiales así como distintas entrevistas.

Entre los banqueros emplazados por el SEC se encuentra el presidente de UBS Financial Services of Puerto Rico, Miguel A. Ferrer, quien simultáneamente está peleando las acusaciones previas de fraude bursátil hechas por los reguladores contra él así como contra otro alto ejecutivo de las subsidiarias boricuas del megabanco suizo, Carlos J. Ortiz. Los reguladores acusaron a ambos ejecutivos de “engañar” a sus clientes y corredores tanto para beneficio propio así como para afianzar las finanzas de la firma en medio de la crisis financiera del 2008. Aunque UBS transó el primero de mayo la querella en su contra por $26.6 millones en un acuerdo donde el banco no admitió ni negó los hallazgos de los reguladores federales, Ferrer y Ortiz han insistido que son inocentes de los cargos y optaron por litigar.

Pero es justamente en este pleito subsiguiente del SEC contra Ferrer y Ortiz donde ha salido a relucir la nueva investigación como consecuencia inesperada de los esfuerzos de Ferrer para impedir que se le tomase una deposición o tener que entregar documentos adicionales al alegar que era una expedición de pesca para obtener evidencia adicional en su contra.

En respuesta, la División de Cumplimiento del SEC en Miami llevó su caso ante la jueza de ley administrativa Brenda P. Murray ante la cual adujo que la nueva pesquisa – identificada internamente con el número FL-03491 – no estaba relacionada con los cargos previos. Murray estuvo de acuerdo: “La División indica que la citación hecha a Ferrer no es con el propósito de obtener evidencia en estos procedimientos”, señaló Murray. La jueza también rechazó lo que dijo eran los esfuerzos del controvertible banquero local de “dictar las condiciones” bajo las cuales daría testimonio adicional.

“No se puede esperar que se detengan las labores de la División (de Cumplimiento) por un procedimiento pendiente. Espero que los litigantes actúen razonablemente de manera que las otras investigaciones y este procedimiento puedan continuar simultáneamente”, indicó Murray quien a su vez le advirtió a los reguladores que la evidencia obtenida en la nueva investigación no puede ser usada en el actual litigio contra Ferrer y Ortiz, pero añadió que en el caso de surgir algo inesperado pero tangente con el actual litigio tienen que entregar copia de tal evidencia a ambos ejecutivos.

Funcionarios del SEC en Miami, incluyendo su director regional, Eric Bustillo, no contestaron las llamadas ni los correos electrónicos de este diario. Ya en mayo, sin embargo, Bustillo le había adelantado a este diario, sin dar detalles, que su oficina estaba lista para emprender una limpieza del sector financiero en la Isla con un “tenemos otras cosas por venir”.

Estas “otras cosas” han caído bajo un espeso velo de secretividad en las oficinas de Miami pero distintas fuentes de la industria en San Juan han indicado por separado que esta vez se trata de un esfuerzo en dos vertientes – el determinar si ha habido mal manejo en el multimillonario mercado de los fondos mutuos cerrados y examinar cómo fue que se dio la polémica emisión de $3,000 millones en bonos del Sistema de Retiro de Empleados Público en el 2008, cuyos problemas todavía amenazan el futuro económico de miles de jubilados.