“Yo hice mi trabajo y estamos esperando por la acción de Justicia”

La representante novoprogresista Lourdes Ramos aseguró que las prácticas por las que fue multada la empresa de valores UBS es similar a lo que hizo esta compañía al emitir deudas del Sistema de Retiro. Denunció que el asunto fue referido al Departamento de Justicia y que no ha sido atendido.

“En los dos informes enviados a Justicia se le dio lo relacionado a UBS a Justicia y al Security Exchange Commission también se le envió. Yo tengo fe que si el Departamento de Justicia sigue dándole largas al asunto, el Gobierno federal pueda también emitir su opinión y determinar que en esta ocasión se trabajó de forma incorrecta y se hizo con mucho más dinero”, dijo Ramos.

El informe de la Comisión cameral para el Estudio de los Sistemas de Retiro del Servicio Público –que Ramos preside– fue referido en diciembre del año pasado e implica al exdirector de Retiro, Juan Cancel Alegría.

“Yo hice mi trabajo y estamos esperando por la acción de Justicia”, dijo Ramos.

La directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia, Maricarmen Rodríguez, dijo por su parte que la investigación sobre este referido está en pie. No pudo precisar para cuándo se terminará la pesquisa.

Dijo que la parte referente a las inversiones de UBS con fondos de Retiro es atendida por la Oficina del Contralor y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

“Nosotros recurrimos a la Oficina del Contralor para que nos ayudara en términos de ‘expertise’ y trabajar juntos. Hemos tenido reuniones periódicas con la Oficina de la Contralora y a la vez ellos hicieron un acuerdo de colaboración con Instituciones Financieras”, dijo Rodríguez. “Una vez ellos concluyan y hagan el análisis correspondiente, entonces estaríamos en posición para antever ese aspecto”.

Indicó que la investigación “va sobre la marcha”, pero no pudo precisar cuando estará lista.

“El tiempo que eso tarde, habría que preguntarle a la Oficina del Contralor, pero la investigación está en marcha”, aseguró.

Las tres emisiones de bonos de Retiro en 2008, colocaron al sistema en una precaria situación que amenaza el pago de pensiones al menos por las próximas décadas.EL VOCERO / Archivo / Gerardo Bello

Documentos clave correspondientes al trío de emisiones de bonos por $3 mil millones del 2008 del Sistema de Retiro de los Empleados de Servicio Público, han desaparecido de los expedientes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuyos abogados le pidieron al Departamento de Justicia, a la Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental hace más de un año que investiguen cómo y porqué se eliminaron estos récords, los cuales alegadamente daban la voz de alerta sobre los peligros de la controvertible transacción que afectará a los beneficios de los pensionados por las próximas décadas.

Entre los documentos perdidos y/o incompletos figuran muchas de las minutas de las reuniones de la Junta de Directores del BGF entre los años 2004 y 2008, así como un alegado informe de los asesores financieros del banco del Gobierno -Mesirow Financial- por el cual los contribuyentes boricuas pagaron $350 mil, pero cuya existencia ahora está en duda.

Ante preguntas de EL VOCERO sobre el status actual del referido del BGF, una portavoz de la Oficina del Contralor respondió “estamos auditando. Todo esto se considera en la auditoría que está en proceso. Empezamos la auditoría en enero de 2011”.

Justicia, sin embargo, no respondió a la solicitud de EL VOCERO sobre el status de sus investigaciones, si algunas, en respuesta al pedido del BGF.

Los récords perdidos de las reuniones en que se discutieron los detalles de la cuestionable transacción, supuestamente son parte de las minutas incompletas en el BGF en un período que cubre del 2004 al 2008.

“Esto es un desastre,” admitió un funcionario del BGF, quien añade que “en estos tres años se han tenido que estar reconstruyendo las minutas de la Junta porque muchas estaban pérdidas o destruidas”. Estas ‘lagunas’ en los expedientes son contrarias a los propios reglamentos del banco, los que establecen que la Secretaría de este cuerpo debe mantener copia exacta de lo que se discute en todas sus reuniones las cuales además, son grabadas. Sin embargo, la exasesora legal del BGF, licenciada Maritza Inclé Figueroa, testificó en vista pública en mayo pasado, que todas estas grabaciones rutinariamente se borraban una vez su contenido se resumía por escrito.

Tras el rastro de los síndicos

El poder escudriñar las discusiones de los directores del banco del gobierno y del sistema de pensiones se considera esencial para que los investigadores puedan calibrar como los exdirectores de estas dos entidades llegaron a la decisión de aprobar una serie de transacciones de envergadura en un momento en que ya se preveía el desplome de los mercados a nivel mundial.

Este punto lo enfatiza el informe de los peritos actuariales de Conway MacKenzie, contratados por Retiro en el 2010 para analizar el impacto a corto y largo plazo de la billonaria transacción.

“Encontramos que muchísimas de las minutas del BGF en el periodo que revisamos, del 2004 al 2008, estaban perdidas o incompletas”, indica Conway. “Como consecuencia nos fue imposible seguir el hilo de la discusión o validar la fecha escogida de ciertas decisiones que tomó la Junta de Directores y/o el Comité Ejecutivo, lo cual hubiese ayudado a verificar si algunos issues fueron identificados o considerados por el Banco, sea antes o durante que se emitiesen los bonos de las series B y C”.

Los bonos de Retiro se vendieron únicamente en Puerto Rico en tres tandas: la primera
-Serie A- fue por $1,588,810,799.60 en enero de 2008; la Serie B fue por $1,058,634,613.05 en mayo de 2008 y la tercera -la Serie C- por $303,202,930 en junio de ese mismo año. Aunque ya para la segunda, los mercados estaban en franca crisis ante la recesión que se avecinaba, los riesgos de llevar a cabo la transacción se conocían desde el 2007. Además, para entonces, la firma de banqueros de inversiones de Merrill Lynch se había dado por vencida, tras meses de gestiones, en identificar una demanda en el mercado fuera de Puerto Rico para la emisión que se suponía fuese de $7 mil millones –no de $3 mil millones– a tasas de interés lo suficiente bajas para producir el diferencial positivo en rendimiento que Retiro necesitaba como ganancia.

Apostando a un mercado en crisis

Los expedientes que sobrevivieron la purga, acentúan las interrogantes sobre todo el proceso de decisiones. En estos se evidencia que la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes encontró que un alto funcionario del BGF advirtió días antes de la segunda emisión que entre enero y mayo del 2008, el mercado se había deteriorado alrededor de 35 puntos base, por lo que el costo de los bonos sería más alto de lo anticipado.

“Ante este informe sobre la debacle del mercado de valores no hay lugar a dudas que se debía detener la segunda emisión de bonos. Esta emisión de bonos Serie B no hay duda que resulta más onerosa en el pago de la deuda a los bonistas, además de que la inversión del producto de la emisión es más riesgosa y peligrosa. Nos preguntamos: ¿por qué no se detuvo esta emisión de bonos? Quién tenía interés en que se llevara a cabo la misma? ¿Qué les pasó a los miembros de la Junta de Síndicos que ante esta baja de los mercados de 35 puntos no sirvió para alertarlos? ¿Volvieron a ser negligentes los miembros de la Junta de Síndicos?, cuestionó la comisión cameral al concluir que los síndicos “faltaron a su fiducia”.

Otros expertos en asuntos financieros dicen, sin embargo, que una respuesta más exacta solo se puede encontrar en los expedientes perdidos o en una explicación satisfactoria sobre las ‘lagunas’.

¿Pagando sin constancia de servicio?

Uno de los documentos cuya suerte se desconoce es el del disputado informe de Mesirow. Aunque Conway atribuye a funcionarios del Sistema la existencia de un informe de dicho banco aconsejando de antemano y por escrito, que se suspendiera o se retrasara la emisión ante las condiciones del mercado de valores, aclara que la búsqueda de estos datos por parte el director de Inversiones de Retiro, Luis García, quedó en nada. “Mesirow respondió que todas las solicitudes de información tenían que dirigirse a su departamento legal”, dice Conway añadiendo que el BGF luego hizo un pedido formal pero tampoco recibió respuesta.

Algo parecido le pasó a la representante Lourdes Ramos Rivera, presidentA de la comisión de Retiro, quien le escribió a Mesirow pidiendo sin éxito una copia del alegado informe y que comparecieran a testificar en vista pública. Para su sorpresa, dice, la firma de consultores respondió que el mismo no existe.

“Nos preguntamos cómo es posible que se facturara una cantidad tan grande por su asesoramiento y no existe evidencia del mismo”.

Mesirow aparece en los archivos electrónicos de la Oficina de la Contralor con más de $5 millones en contratos con Retiro, el Departamento del Trabajo, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Fondo de Seguro del Estado a partir de mediados del 2005.