Supremo da luz verde a Vía Verde

NR – Los Terroristas como confesó Carmen Yulín en la huelga de la UPi y otros Neo-Comunistas que se oponen a todo, son destructivos y están en contra del progreso. Estimamos que en Paseo Caribe destruyeron unos 20,000 empleos permanentes. Son los que principalmente destruyen empleos. Vía Verde es esencial para Puerto Rico, pero el PPD se opone porque no creen en el libre comercio.

  •   Arnaldo A Ramos-Olivencia  LDC, el costo del gas natural es alrededor de 85% menos costoso q el del petróleo, tomando como base el costo del barril de petróleo en $100/barril. El equivalente de un barril de petróleo vs gas natural es de 6,000 pies cúbicos. En EEUU el costo de GN se fijó en $1.99 por cada 1,000 pies cúbicos, se multiplica por 6 para igualar el equivalente a un barril de petróleo lo q arroja el costo en $11.94. Asumiendo q el costo de transportarlo y descargarlo en PR ascienda al doble, lo dudo, pero establezcamos ese costo, quiérase decir q el costo total del gas natural sería de $24.00 por 6,000 pies cúbicos vs $100/barril de petróleo. Significa esto q el gas natural es 75% menos q el barril de petróleo. Adjunto reporte sobre el costo del gas natural. http://thisisthenewnormal.wordpress.com/2012/04/12/us-experiencing-boom-in-natural-gas-supply-big-drop-in-price/

    thisisthenewnormal.wordpress.com

    The price of natural gas has fallen to its lowest level in more than a decade, a remarkable decline for a commodity that not long ago was believed to be in short supply. The country’s supply …

Supremo da luz verde a Vía Verde

22 de marzo de 2012 – Ley y ordenTribunales – 

Desestima pleitos radicados por ciudadanos contra el proyecto

El Tribunal Supremo dio paso al proyecto Vía Verde, al revocar una determinación anterior del Tribunal de Apelaciones y desestimar tres pleitos incoados por ciudadanos y un sindicato contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La decisión firmada por el juez asociado Rafael J. Martínez Torres dada a conocer ayer– también consolidó todos los pleitos, que fueron desestimados porque la mayoría de los jueces entendió que los demandantes no tienen legitimación activa.

La jueza asociada Liana Fiol Matta emitió una opinión disidente, a la que se unieron el juez presidente Federico Hernández Denton y Anabelle Rodríguez Rodríguez. Esta última también disintió en otra opinión escrita.

Los demandantes Juan Cortés Lugo y otros acudieron al foro judicial a apelar una determinación de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de fines del 2010, mediante la cual la agencia concluyó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del llamado Gasoducto del Norte está en cumplimiento con la Ley 416 sobre Política Pública Ambiental.

“Se expide el auto de certiorari (de las agencias gubernamentales) en estos recursos consolidados, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y se desestima el caso en su totalidad por falta de jurisdicción”, reza la sentencia.

Los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones a refutar la decisión de la JCA de que la DIA cumplía con la Ley 416. En una primera decisión, el Apelativo desestimó el caso. Pero, los recurridos solicitaron una reconsideración que fue acogida por el Tribunal intermedio el 18 de agosto pasado. Pero, solamente en el caso de Juan Cortés Lugo y otros. Los jueces del Tribunal de Apelaciones mantuvieron su posición inicial de falta de legitimación en los dos pleitos presentados por Justo Lozada y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

No obstante, el Supremo ahora revocó el fallo del Apelativo, por entender que los demandantes Juan Cortés Lugo y otros no presentaron alegaciones ni reclamos de que sufren daños reales por esa obra.

La mayoría del Supremo entendió que no procedía el argumento de que las agencias gubernamentales fallaron al presentar un recurso por correo electrónico y aclararon que una nueva regla permite esa práctica.

Además, el Supremo no acogió el pedido de desestimación por el argumento de que el caso era académico, dado que oficiales de las agencias hicieron comentarios públicos que hacían incierto el futuro del proyecto debido a que se evalúan otras alternativas para transportar gas natural a las centrales termoeléctricas de la AEE.

“En el caso que nos ocupa, Juan Cortés Lugo y otros nos invitan a que desestimemos a base de unos hechos futuros e inciertos”, reza la decisión.

“El daño que tiene que sufrir la persona que interese acudir en revisión judicial, tiene que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo”, subrayó el juez Martínez Torres.

Según el alto foro, los demandantes dijeron sentir temor por el proyecto, pero no especificaron los daños que les podría ocasionar.

“Disiento enérgicamente de la determinación mayoritaria, que parece indicar que cuando una persona alega un daño ambiental tiene que esperar a que suceda una catástrofe para poder ser escuchada en nuestros tribunales”, sostuvo por su parte la jueza Fiol Matta en su opinión disidente.

A nivel federal, la AEE aguarda una determinación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE, por sus siglas en inglés) sobre la solicitud de permiso para encaminar el proyecto. A fines del año pasado el USACE presentó un borrador de la Evaluación Ambiental en el que adelantaron que no tienen problemas en autorizar el Gasoducto. No obstante, el proceso está en la etapa de contestar los comentarios emitidos por la ciudadanía a ese borrador y lo próximo sería una decisión en la dirección de emitir la Evaluación Ambiental final autorizando la obra, rechazarla o establecer la necesidad de hacer un Documento de Impacto Ambiental federal más abarcador.

Se les chispoteó la parcialidad

22 de marzo de 2012 – Opinión – 

Análisis,Luis Dávila Colón

EL VOCERO/Archivo

Ayer, en el caso del Gasoducto, seis jueces de la mayoría se reafirmaronn en la doctrina de legitimación activa establecida en el caso de  Fundación Surfrider vs ARPE, 178 D.P.R. 563 (2010) y determinaron que no puede impugnar una determinación gubernamental cualquier persona o asociación  que no tiene daño o impacto real y concreto. Por lo tanto, la mayoría desestimó la revisión del caso llevada por “líderes ambientalistas”, ya que no demostraron que la acción gubernamental tuviera algún efecto real y concreto en sus vidas. El Supremo concluyó que las alegaciones contra el polémico proyecto de Vía Verde corresponden a un caso altamente especulativo y no basado en alegaciones científicas ni demuestran impactos claros, palpables y reales.

Resulta fascinante que en la opinión de la minoría disidente, la jueza Liana Fiol Matta expresó que  la imparcialidad es un mito… O sea, la jueza acepta que está parcializada y que siempre le daría la razón a alguien, que por meramente alegar daño ambiental pretenda parar una obra de gobierno. Desafortunadamente, esa lamentable admisión es una aceptación de la violación a los Cánones de Ética Judicial. La jueza se refiere “al mito de la imparcialidad” en la pág. 86 de su disidencia. Que yo recuerde, es la primera vez que una jueza de la más alta superioridad judicial emite una opinión en la que se le cantan loas a la subjetividad y al prejuicio.

El Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, dice: “En una sociedad democrática corresponde al Poder Judicial la función de interpretar las leyes y resolver los casos y las controversias de forma rápida, eficiente, sensible y justa. La independencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia contribuyen a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad. Por ello, promover estos principios y aspiraciones es deber consustancial al correcto ejercicio de las funciones adjudicativas de quienes están llamados a impartir justicia”.

Más adelante el Canon 8 ordena que “los Cánones de Ética Judicial habrán de garantizar el eficiente desempeño de las juezas y los jueces, al estimularlos a ser laboriosos, imparciales, prudentes, serenos, sensibles, estudiosos continuos del Derecho y cuidadosos en la interpretación de la ley, y al instarlos a procurar la solución armoniosa de las disputas que son sometidas a su consideración”.

Lo dije y lo advertí hace 9 veranos en mi libro Justicia Roja. La justicia impartida por el monopolio histórico de jueces populares, nunca fue, es, ni será imparcial. La jueza Fiol Matta lo acaba de corroborar. Los Cánones de Ética Judicial acaban de ser enmendados Nostra ponte, por una minoría de tres. A admisión de parte, relevo de prueba.

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Reivindicadas AEE y JCA

Aseguran decisión del Supremo validó procesos de aprobación del Gasoducto

Luego de que el Tribunal Supremo desestimó el caso presentado por un grupo de vecinos del propuesto Gasoducto del Norte, por entender que los daños que reclaman los demandantes surgen de “controversias hipotéticas”, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Otoniel Cruz, dijo estar “muy satisfecho con la decisión”.
 La opinión firmada por el juez asociado Rafael J. Martínez Torres fue divulgada el miércoles después de que la mayoría de los jueces entendió que los demandantes no tienen legitimación activa en el caso.

“Estamos muy satisfechos con esta decisión del Tribunal Supremo. La misma valida nuestras gestiones para cumplir con todos los requisitos y reglamentaciones estatales y federales que se exigen para proyectos de infraestructura de esta naturaleza”, sentenció en declaraciones escritas para EL VOCERO el Director de la AEE.

Aunque la jueza asociada Liana Fiol Matta emitió una opinión disidente, a la que se unieron el juez presidente Federico Hernández Denton y Anabelle Rodríguez Rodríguez, el fallo de la mayoría ratifica que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del llamado Gasoducto del Norte está en cumplimiento con la Ley 416 sobre Política Pública Ambiental, tal y como determinó a finales del 2010 la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Por su parte, Pedro Nieves, presidente de la JCA, opinó que el fallo del Tribunal Supremo confirma que la agencia reglamentadora “hizo el análisis debido y siguió un proceso en el que se permitió la participación ciudadana”.

“Por primera vez en la historia de revisión de documentos tal y como es una DIA se hicieron tres vistas públicas y no tan solo en la JCA sino en los municipios por donde está la ruta planificada a transcurrir. El fallo nos valida el proceso y establece una pauta”, sostuvo Nieves en entrevista con este rotativo.

La JCA llevó a cabo tres vistas públicas a finales del 2010 en Bayamón, Barceloneta y Adjuntas; tres de los 13 municipios por donde transcurriría el tubo.

“Pese a que las vistas públicas son discrecionales, nosotros las hicimos. No hay necesidad de litigar en los tribunales si se puede resolver en los foros administrativos. Contrario a Vía Verde, el Gasoducto del Sur se aprobó en la Junta sin que se hicieran vistas públicas”, añadió el Presidente de la JCA.

En tanto, el Director Ejecutivo de la AEE agregó que “Vía Verde es un plan estratégico para reducir el costo de la energía eléctrica y el gasoducto es un elemento dentro del grupo de iniciativas del plan”.

“Seguimos trabajando en 31 proyectos renovables, en la conversión a gas natural de la central Costa Sur, el desarrollo del Terminal Flotante que suplirá gas natural al Complejo Aguirre (Proyecto de Excellerate) y en las compras de combustible a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para reducir el precio de la luz que pagamos en Puerto Rico”, apuntó.

Se espera que en un mes, la AEE entregue un informe al Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas, creado por el gobernador Luis Fortuño en febrero de este año mediante Orden Ejecutiva.

Según el Presidente de la JCA –quien también lidera el Comité– “la Isla tiene el reto de cumplir con los nuevos estándares federales de reglamentación ambiental”.

De acuerdo a la Orden Ejecutiva, Puerto Rico “tiene que reducir la contaminación producida por las plantas generatrices de electricidad que usan combustible de fuentes fósiles, luego que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció estándares de calidad de aire nacionales más estrictos”.

Nieves informó que el comité debe presentar al Primer Ejecutivo un informe con recomendaciones sobre como cumplir con los nuevos parámetros en o antes del 15 de mayo.

Mientras, la AEE aguarda por una determinación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE, por sus siglas en inglés) sobre la solicitud de permiso para encaminar el proyecto. A fines del año pasado el USACE presentó un borrador de la Evaluación Ambiental en el que adelantaron que no tienen problemas en autorizar el Gasoducto del Norte. No obstante, el proceso está en la etapa de contestar los comentarios emitidos por la ciudadanía a ese borrador. Luego de esto, el USACE puede emitir la Evaluación Ambiental final autorizando la obra, puede rechazarla o establecer la necesidad de hacer un Documento de Impacto Ambiental federal más abarcador.

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