Un ex contratista y dos funcionarios del Departamento de la Vivienda vinculados con el Programa de Comunidades Especiales enfrentan cargos por fraude al Gobierno estatal.
Se trata del arquitecto Ángel F. Cocero Cordero, el ex secretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido y su ayudante Edwin Rodríguez Díaz.
El fraude pudo haber ascendido a $ 6.7 millones provenientes del Programa de Comunidades Especiales, según documentos de Justicia sobre los cuales EL VOCERO tuvo conocimiento.
A través de la investigación, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia se detectó la malversación y apropiación ilegal de al menos $700 mil de fondos públicos.
EL VOCERO supo que el fraude comenzó al menos desde 2003- durante la administración de la exgobernadora Sila María Calderón, hasta principios del cuatrienio del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
El arquitecto Cocero Cordero fue contratado bajo la administración de la ex secretaria Ileana Echegoyen y entregó planos de diseño fraudulentos que no se ajustaban a la realidad de las comunidades especiales, según la investigación de Justicia.
A Cocero Cordero se le imputa cobrar por servicios que no rindió y apropiarse de más de $600 mil.
Fuentes de este rotativo aseguraron que el arquitecto Cocero Cordero y Del Monte Garrido diseñaron “un esquema de elaboración de planos de mejoras mediante el que no cumplía con su responsabilidad contractual de visitar las casas de la comunidad para determinar cuáles eran las mejoras que verdaderamente necesitaban las viviendas, si no que preparó los planos desde su escritorio para todas las comunidades que le asignaron”.
Esto provocó que los contratistas no pudieran utilizar los planos y los obligó a
determinar cuáles eran las mejoras necesarias evaluando casa por casa, lo que atrasó o provocó que no se realizaran las mejoras a las viviendas de escasos recursos económicos.
Contra el arquitecto pesan 30 cargos criminales; 11 cargos por fraude en la entrega de planos y 19 por apropiación ilegal agravada.
De otro lado, Del Monte Garrido, ex secretario auxiliar de Planificación de la agencia, se le imputa malversación de fondos públicos por certificar y autorizar el pago de las facturas que sometió el arquitecto Cocero Cordero por servicios que no rindió.
Además, se le imputan violaciones al Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental “por utilizar los deberes y facultades de su cargo, la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para el arquitecto Cocero Cordero ventajas, beneficios o privilegios que no estaban permitidos por ley.
Al mismo tiempo, se alega que participó en la compra y venta de boletos al arquitecto Cocero Cordero para actividades del Partido Popular Democrático (PPD) en horas laborales, en el área de trabajo y utilizando un vehículo propiedad de la agencia.
Del Monte Garrido era el encargado de contratar los arquitectos, aprobar los diseños, certificar las facturas como correctas y autorizar su pago.
Contra el actual Director Administrativo en la Secretaria Auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda pesan 47 cargos criminales.
Mientras, Rodríguez Díaz enfrenta un cargo por supuestamente violar el Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental por participar en la solicitud de compra y venta de boletos para actividades del PPD.
Se desconoce si Rodríguez Díaz aún trabaja en el Departamento de la Vivienda.
Este rotativo supo que la investigación también reveló un despilfarro de más de $6 millones debido a que en algunas comunidades se invirtieron cantidades millonarias y no se completaron los proyectos.
Según la pesquisa, se investigaron 14 comunidades y en 11 se identificaron delitos o despilfarro de fondos públicos.
Delitos prescritos por falta de acción
Muchos de los delitos que pudo haber cometido el arquitecto Cocero Cordero durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá no pudieron ser presentados porque los delitos están prescritos.
“Los delitos se cometieron después del 1 de mayo de 2005, cuando entró en vigor el Código Penal de 2004 y con las enmiendas que se le hicieron a la prescripción de delitos graves en relación a los contratistas, estos delitos prescriben a los 5 años”, sostuvo una fuente de EL VOCERO.
La fuente de este rotativo aseguró que el entonces secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos fue notificado de las irregularidades y en vez de referir la información a la División de Integridad Pública, asignó la investigación a su ayudante especial, Kendys Pimentel.
En 2006, la licenciada Pimentel redactó un memorando en el que reconoció las irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales. Sin embargo, se alega que el 2 de octubre de 2008, Pimentel ordenó al entonces director de la División de Integridad Pública, Miguel Colón, que “archivara el asunto en su oficina”.
Esperan más acusaciones
La presidenta de la Cámara, Jenniffer González, se expresó satisfecha con la radicación de cargos y añadió que espera que “entre lo que queda del mes de abril y mayo se produzca otra nueva ronda de acusaciones relacionadas a las Comunidades Especiales”.
Aunque Justicia no especificó si se esperan más acusaciones, la presidenta de la Cámara Baja dijo que dentro de dos semanas, la presidenta de la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades de la Cámara, Elizabeth Casado realizará una audiencia pública para investigar más irregularidades.
La investigación que concluye con la radicación de cargos contra un contratista y dos funcionarios gubernamentales surge de información referida por González cuando presidía la Comisión de Gobierno en el pasado cuatrienio y los referidos de la representante Casado y el senador Larry Seilhamer.
Mientras, el Coordinador General de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, José Giovanni Ojeda, dijo que “se está haciendo justicia a los cientos de residentes de las comunidades pobres que se vieron desprovistos de recibir los fondos que les correspondían para la realización de las obras y programas comunitarios.”
COMUNIDADES INVESTIGADAS:
Las Acerolas en Toa Alta
Buena Vista en Humacao
San Francisco en Aguada
San José en Aguada
Sector García en Aguada
Nieves en Aguada
Matías en Aguada
Jacaboa en Patillas
El Burén en Sabana Grande
Melitón Pereles en Barranquitas
Playa, Playita y Magas en Guayanilla
Media Cuerda en Isabela
Cangrejos en Humacao
Amparo en Barranquitas
Darió E Román
LOS AMIGOS DE FORTUÑO:
• Más de 500,000 puertorriqueños que ganan menos de $20,000 y que ahora NO pagan contribuciones. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Cientos de miles de contribuyentes que ahora reciben un promedio de $1,500 anuales en alivios para su bolsillo y a los que les bajó los impuestos a la mitad. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Más de 440,864 puertorriqueños de mayor edad que ahora reciben un bono de $400 o de $800 si es matrimonio, de por vida. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Miles de dueños y dueñas de pequeños y medianos negocios que ahora crean empleos gracias a que se les bajaron las contribuciones en 30%. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Más de 547,000 contribuyentes que se benefician del aumento en el crédito por trabajo / “earned income tax credit”. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Miles de veteranas y veteranos que disfrutan de una exención adicional de $1,500. (García Padilla votó en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Miles de familias de clase media que hoy cuentan con su propio hogar con los incentivos para la compra de vivienda, que han logrado un aumento de 90.9% en la compra de nueva vivienda y de 26% en la existente. (García Padilla votó en contra)
• Todos los 17,113 miembros de la Policía de Puerto Rico, a los que les dio un merecido aumento de por lo menos $1,200 dólares al año y un ajuste salarial que les incrementó la compensación en un promedio de $3,313. (García Padilla votó en contra)
• Más de 600,000 estudiantes de nuestras escuelas a las que se sacó de Sindicatura Federal; más de 100,000 que se educan con valores, más de 4,285 maestros que ahora tienen la permanencia y los miles de niños que ahora se educarán en nuevas Escuelas del Siglo 21. (García Padilla está en contra, y votó en contra de los más de $750 millones que harán realidad una Escuela del Siglo 21 en cada municipio)
• Más de 100,000 niños de educación especial, que ahora son atendidos por 1,475 asistentes de servicio y más de 1,300 facilitadores de educación especial. (García Padilla está en contra)
• Más de 1.4 millones de puertorriqueños que ahora tienen salud por primera vez sin necesidad de referidos y más de 200,000 a los que se les devolvió la salud que el PPD le quitó. (García Padilla está en contra y lo va a echar pa’ atrás)
• Miles de nuevos padres que lograron su sueño de poder adoptar gracias a la nueva Ley de Adopción, que ha triplicado el número de adopciones. (García Padilla ni siquiera fue a votar)
• 2 millones de puertorriqueños que transitamos por las PR-5 y PR-22, que con las APP’s se están convirtiendo en expresos de clase mundial. (García Padilla votó en contra)
• 4 millones de puertorriqueños, a los que nos sacó del déficit de $3,300 millones, nos sacó de la Década Perdida, nos sacó de la recesión, nos puso en el camino de la recuperación y que este año disfrutaremos de una economía en pleno crecimiento por primera vez en 6 años, a un ritmo mayor de 1.1% que podría alcanzar hasta un 2.3%. (García Padilla ha votado en contra de todos los presupuestos que nos han traído a estos logros)
• 4 millones de puertorriqueños que queremos una Reforma Electoral, una reforma que reduzca el tamaño de la Legislatura y un proceso para resolver finalmente el problema del status. (García Padilla votó en contra, en contra y en contra)
• La inmensa mayoría de los puertorriqueños que nos preocupamos más de los derechos de los inocentes que los de los sicarios, y que queremos limitar el derecho absoluto a la fianza a los asesinos. (García Padilla está en contra)
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