Tras una larga investigación la Comisión de Intercambio de Valores federal (SEC) acusó hoy a la principal casa de corretaje de Puerto Rico, UBS Financial Services of Puerto Rico, y a dos de sus principales ejecutivos de defraudar a sus clientes con representaciones falsas, ocultando una crisis de liquidez y escondiendo su control sobre 23 fondos mutuos cerrados.
UBS Puerto Rico acordó con el SEC transar los cargos con el pago de una penalidad de $26.6 millones que se colocarán en un fondo para resarcir a miles de inversionistas perjudicados, según informaron los reguladores federales en un parte de prensa.
Sin embargo ni UBS ni sus dos ejecutivos, el vicepresidente de sus operaciones en Puerto Rico Miguel Ferrer y Carlos J. Ortiz, ni admitieron ni negaron los cargos de que violaron múltiples disposiciones de la Ley de Valores de Estados Unidos. Recientemente la firma había dicho en un informe a los inversionistas que no estaba de acuerdo con las alegaciones en su contra de los investigadores del gobierno federal pero que en última instancia esperaba poder transar con el SEC por no más de $5 millones.
La investigación cubrió un período entre el 2008 y el 2009, durante el cual el rol de UBS Puerto Rico ha sido centro de controversia por más de un año y que ha dado lugar a varias demandas en los tribunales del país así como a nivel federal.
Por su parte, Miguel Ferrer, en declaraciones escritas señaló: “No puedo comprender por qué ni cómo es que estoy envuelto en esta controversia. No he hecho nada indebido, no he violentado ninguna ley y siempre he actuado en los mejores intereses de nuestros clientes. Los ofrecimientos de fondos a los cuales se refiere el SEC, fueron y son inversiones sólidas que han provisto a nuestros clientes con ganancias favorables”.
Añadió en la misiva que “durante los más de cincuenta años que he laborado en la industria financiera, el principio que me ha guiado ha sido procurar el mejor interés del público inversionista. Aunque para mí lo más facil hubiese sido transar con el SEC, estoy totalmente convencido de que esta demanda es completamente sin mérito alguno y tengo la intención de defender vigorosamente los reclamos. ¡Prevaleceré!”. (sic.)
Al pagar una penalidad de $26.6 millones dirigida a compensar a miles de inversionistas boricuas, UBS Financial Services of Puerto Rico transó con la Comisión de Intercambio y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) cargos de fraude perpetrados por medio de un esquema de declaraciones engañosas y otras violaciones, supuestamente cometidas bajo la dirección del entonces presidente Miguel A. Ferrer y otro alto ejecutivo, Carlos J. Ortiz.
Además de la principal casa de corretaje de la Isla, también fueron acusados personalmente Ferrer y Ortiz –director gerencial en áreas de mercadeo de capital– por el SEC, de “hacer declaraciones engañosas a los inversionistas, esconder la crisis de liquidez y de ocultar su control del mercado secundario para 23 de sus fondos mutuos cerrados (closed-end funds)” durante el período del 2008 al 2009.
Pero contrario a UBS Puerto Rico, que pagó la penalidad sin aceptar ni negar las acusaciones de los reguladores federales, tanto Ferrer como Ortiz rehusaron llegar a un acuerdo con el SEC y adelantaron que van a defenderse de las alegaciones en su contra.
“Aunque el SEC ha preguntado si deseo transar esta acción, como ha sido el caso con mi patrono, me he rehusado”, dijo Ferrer en declaraciones escritas. “Déjenme ser absolutamente claro: No puedo comprender por qué ni cómo es que estoy envuelto en esta controversia. No he hecho nada indebido, no he violentado ninguna ley y siempre he actuado en los mejores intereses de nuestros clientes. Los ofrecimientos de fondos, a los cuales se refiere el SEC, fueron y son inversiones sólidas que han provisto a nuestros clientes con ganancias favorables”.
Por su parte, Ortiz aseguró que “las alegaciones del SEC carecen de todo mérito. En todo momento, yo y el equipo que superviso hemos sido participantes responsables del mercado secundario para los fondos, en un esfuerzo para mantener un mercado ordenado. Cualquier reclamo del SEC de que los inversionistas fueron engañados o maltratados es infundado”.
Uno de los problemas fue que UBS supuestamente impidió que sus clientes pudieran minimizar sus pérdidas mediante la venta de acciones, dice la orden contra Ferrer que para énfasis, cita con lujo de detalles las pérdidas sufridas por par de jubilados que perdieron todos sus ahorros luego de tratar infructuosamente de salirse de las inversiones en los fondos, mientras los corredores alegadamente trataban de “mantener la ilusión de liquidez del mercado”.
Una estrategia perjudicial
“La descarga de su inventario por UBS-PR también perjudicó a los inversionistas que vendieron o trataron de vender sus acciones”, señala el SEC que explica que las órdenes de ventas sin ejecutar crecieron de $19 millones en marzo del 2009 a $60 millones en junio del 2009 y a $72 millones para septiembre de ese mismo año. Añade que “los clientes esperaban semanas o meses para que UBS-PR ejecutara sus órdenes, con pérdidas significativas y precios más bajos, mientras las órdenes de ventas de algunos clientes nunca se ejecutaron”.
Esto correspondía –según el SEC– a una estrategia corporativa que comenzó en el 2008 cuando la casa de corretaje se acercó a miles de inversionistas en la Isla destacando las ventajas de los fondos mutuos cerrados prometiendo un mercado estable y altas ganancias, sabiendo lo riesgosas que eran en realidad las inversiones.
¿Pérdidas de $500 millones o $5 millones?
Ahora, tales ganancias o pérdidas en este período turbulento son fuente de disputa. En su orden de cese y desista contra Ferrer, el SEC asegura que para septiembre del 2009 los fondos mutuos cerrados de UBS habían perdido $500 millones o el equivalente de un 10 por ciento a un 15 por ciento de su valor.
El estimado oficial de las pérdidas es rechazado por Carlos Ubiñas, principal oficial ejecutivo de UBS-Puerto Rico, quien afirmó a EL VOCERO que cualquier pérdida incurrida por los inversionistas que compraron acciones en estos fondos y las vendieron en el período del 2008 al 2009, cuando el mercado estaba en crisis, sería de menos de $5 millones. En estos momentos, afirmó Ubiñas, la capitalización agregada de los fondos es de casi $5,000 millones. Los fondos mutuos cerrados es un género de inversión que está limitado al mercado de Puerto Rico, por lo cual generalmente caen fuera de la jurisdicción muchos de los reglamentos del SEC.
“Eso es bien fácil de aclarar. El periodo en el cual estamos hablando es el de la crisis financiera global, cuando había una gran volatilidad en el mercado bursátil”, dijo Ubiñas. “Los precios de los fondos bajaron y subieron como en todos los mercados. Esa baja que menciona el SEC, esa es una baja en precio no realizada. Si todos los clientes hubieran vendido, la pérdida agregada hubiese sido esa. Pero solo una porción pequeña vendió y los que vendieron realizaron pérdidas por no más $5 millones. Los que no vendieron están ganando dinero”.
Pero uno de los problemas fue que UBS supuestamente impidió que sus clientes pudieran minimizar sus pérdidas vendiendo las acciones, dice la orden contra Ferrer que da lujo de detalles de las pérdidas sufridas por par de jubilados que perdieron todos sus ahorros.
“La descarga de su inventario por UBS-PR también perjudicó a los inversionistas que vendieron o trataron de vender sus acciones,” señala el SEC, que explica que las órdenes de ventas sin ejecutar crecieron de $19 millones en marzo del 2009 a $60 millones en junio del 2009 y a $72 millones para septiembre de ese mismo año. Añade que “los clientes esperaban semanas o meses para que UBS-PR ejecutara sus órdenes, con pérdidas significativas y precios más bajos; mientras las órdenes de venta de algunos clientes nunca se ejecutaron.
Sin querellas contra UBS
OCIF conocía del asunto pero no investigó por deferencia a la SEC
En la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) nunca se recibió una querella acerca de las dificultades que pudieran confrontar inversionistas en relación a sus fondos mutuos cerrados, tramitados por la firma de inversiones UBS.
Sin embargo, el comisionado Rafael Blanco expresó que su agencia tuvo conocimiento de la investigación de la Comisión de Intercambio y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) y determinó no iniciar una pesquisa interna por deferencia al ente federal.
OCIF tomó conocimiento de las presuntas irregularidades imputadas a UBS, tras entablar comunicaciones con funcionarios de la SEC, entidad que finalmente presentó acusaciones contra el ex principal oficial ejecutivo de UBS Puerto Rico, Miguel A. Ferrer, y el encargado de traficar en el mercado secundario de fondos mutuos de la misma firma, Carlos J. Ortiz.
Tanto a los imputados como a UBS se les señala de hacer declaraciones engañosas a los inversionistas. La firma de inversiones accedió al pago de una multa.
“Hasta ahora no aparece ninguna querella sobre los fondos en cuestión, que se refieren a una fecha bien específica del 2008 al 2009. Sí pueden aparecer otras quejas relacionadas con otras instancias, pero son quejas normales”, señaló Blanco, a preguntas de EL VOCERO.
Dijo que OCIF recibió llamadas de funcionarios de la SEC para indagar sobre la evaluación de los fondos mutuos objeto de los señalamientos a UBS. “Nuestro examen empezaría próximamente y en eso llegaron las comunicaciones de la SEC y como ellos entraron –a investigar– nos quedamos fuera por deferencia”, agregó el Comisionado.
“Esto es un asunto tan complejo y tan técnico que quienes vienen llamados a manejarlo son ellos –la SEC–, aunque nosotros hacemos nuestras evaluaciones”, abundó.
Al cuestionarle el porqué la OCIF no detectó las alegadas irregularidades señaladas por la SEC, Blanco –quien lleva cuatro meses como comisionado –indicó que “el momento en que ocurren las situaciones bajo investigación fue un periodo muy particular, de mucha volatilidad. Además, el ‘trading’ de estos fondos no se hace de una manera tan transparente aquí como en Estados Unidos, donde todo es electrónico”.
Reconoció que su oficina es el regulador encargado de analizar también los productos de inversión y cuando hay hallazgos se toman las medidas, pero reiteró que pueden tener explicaciones para no haberlo detectado localmente, como la complejidad de las transacciones y “puede que a nosotros se nos pasó algo”.
“Ellos ven cosas que quizás acá no se han visto… son unas transacciones bien específicas y complejas”, insistió.
Blanco reconoció que la noticia sobre UBS no resulta positiva para el clima de inversión y levanta dudas, pero entiende que no detendrá la actividad inversora. “Yo no creo que aguante inversión, pero sí que la gente se interese más por conocer de esos fondos o sus inversiones. Esto que se señala no es algo sistémico. La tranquilidad que debe tener el consumidor es que hay ojos mirando, allá y acá”, manifestó el Comisionado, y agregó que “de aquí, todos tenemos que aprender y ver qué hemos hecho, y los consumidores educarse más”.
Multa federal para UBS Puerto Rico
Alegan fraude a inversionistas en transacciones entre 2008 y 2009
Miguel Ferrer, dijo que se defenderá vigorosamente de las acusaciones. (credit)
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com 5/3/12
La Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a UBS Financial Services of Puerto Rico de haber cometido fraude contra miles de sus inversionistas en la Isla, entre ellos personas de edad avanzada y retirados, cuando alegadamente ocultó e hizo falsas representaciones en cuanto al mercado, precio y valor de las acciones de unos 23 fondos mutuos cerrados que gestiona esa casa de corretaje.
Las acusaciones contra la principal casa de inversiones en Puerto Rico están contenidas en dos órdenes administrativas de cese y desista, divulgadas ayer por el regulador bursátil.
En ellas, la SEC señala que los actos al interior de la casa de inversiones produjeron, en un momento dado, hasta $500 millones en pérdidas a los inversionistas. Mientras, la firma de corretaje devengó sobre $94.5 millones en ganancias solo en el 2008.
Según la SEC, las violaciones a la Ley de Valores federal habrían sido cometidas por el otrora principal oficial ejecutivo de UBS en la Isla, Miguel A. Ferrer y el jefe de Mercados Capitales de la firma, Carlos J. Ortiz.
UBS no negó ni rechazó las acusaciones, pero pagará al regulador federal unos $26.6 millones. La cifra incluye una multa de unos $14 millones, restituir otros $11.5 millones por ganancias mal habidas más el pago de intereses.
Mientras, Ferrer señaló en declaraciones escritas que se defenderá “vigorosamente” de las acusaciones del regulador bursátil y que a lo largo de más de 50 años de trayectoria profesional no ha cometido violación de ley alguna y que siempre veló “por el mejor interés de los inversionistas”.
“Fue un período de extrema volatilidad. Muchos expertos indican que no había habido un período tan difícil desde la Gran Depresión”, dijo a El Nuevo Día, Carlos V. Ubiñas, actual líder de UBS en la Isla, haciendo referencia a los años 2008 al 2009, período en que según la SEC, se habrían dado los hechos.
Lo que motivó la multa
De acuerdo con la SEC, los problemas al interior UBS comenzaron en el 2008. Entonces, los accionistas de los fondos mutuos cerrados, en medio de la crisis financiera, quisieron vender sus participaciones, pero como ese mercado es restringido, había pocos compradores.
En términos técnicos, eso significa que las acciones de los fondos mutuos cerrados son un valor de poca liquidez, o sea que no pueden convertirse en efectivo rápidamente. UBS informaba esa característica en los documentos de oferta a inversores.
Sin embargo, según la SEC, lo que Ferrer, ni Ortiz ni UBS dijeron a los inversionistas era que el precio de las acciones no era fruto del mercado, sino que una discreción de la casa de inversiones. Esto, porque el mercado secundario de acciones de ese valor descansaba en que UBS encontrara nuevos compradores.
Ante la falta de compradores, lo que según la SEC, Ortiz reconoció como “un desbalance en la oferta y demanda”, UBS compraba las participaciones en exceso de quienes interesaban vender, dando la impresión de que había “un mercado líquido con precios estables”.
Los hallazgos de la SEC descansan en correos electrónicos, presentaciones públicas, anuncios y entrevistas a ejecutivos de la firma.
La determinación del regulador federal supondría el saldo de una pesquisa que la SEC inició hace más de un año y que El Nuevo Día reseñó, luego de que dicha firma recibiera una notificación Wells, un procedimiento regulatorio que se circula a firmas o personas bajo investigación.
Mensaje a los clientes
Tras el anuncio, UBS circuló una carta a sus clientes, a la que tuvo acceso El Nuevo Día. En la misiva, UBS dice sentirse “complacido” de haber llegado a un acuerdo con la SEC.
“Los inversionistas que compraron acciones de los Fondos (cerrados) durante este período y continúan reteniéndolos han obtenido ganancias sustanciales durante los pasados tres años”, reza la misiva de la casa de inversiones.
Según UBS, en el pasado año, la mayoría de los fondos han producido ingresos anuales en exceso de 20%.
“Creemos que cualquier pérdida realizada por los inversionistas que compraron acciones a través de UBS durante el período 2008-2009 y vendieron fue menor de $5 millones”, dijo UBS al agregar que a marzo, la capitalización agregada de los fondos rondaba $5,000 millones.
You must be logged in to post a comment Login