Bajo ese título, usualmente se discute el mal uso que se le haya podido dar a los recursos que el gobierno obtiene mediante deudas o préstamos.

Incluso, se considera si el gobierno y sus instrumentalidades han utilizado el mecanismo de deuda para obtener recursos para propósitos en que otras fuentes de fondos pudieron haber sido más apropiadas.

Aunque esos asuntos deben ser objeto de un análisis ponderado y podrían servir de base para un escrito futuro, estos no son los temas sobre los cuales nos proponemos comentar en estos momentos. Del mal uso al que nos referimos en este escrito es a la utilización de las estadísticas sobre la deuda pública para confundir al pueblo y para adelantar ideas incorrectas.

En días recientes, como resultado del mensaje de presupuesto que el gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño, pronunció ante la Asamblea Legislativa, muchos comentaristas, analistas y medios de prensa han contrapuesto los números de la deuda pública con los del presupuesto. De esta forma, han querido dar la impresión de que el alto nivel de deuda que tienen el Gobierno y sus instrumentalidades se originó bajo esta administración producto, principalmente, de la práctica de cuadrar presupuestos mediante préstamos. Nada más lejos de la verdad.

La deuda pública de Puerto Rico asciende a $68,460 millones. De ese total, $55,928 millones (o sea, el 82%) se originaron bajo administraciones anteriores. Si a eso le añadimos los $3,400 millones en deudas que corresponden al cuatrienio pasado que no estaban debidamente registradas en los libros del Gobierno, tendríamos que concluir que $59,328 millones ($55,928 + $3,400), que equivale al 87% de la deuda pública, no son responsabilidad de la actual administración.

Por otro lado, del total de la deuda gubernamental, $49,542 millones corresponden a corporaciones públicas, que tienen sus propias fuentes de ingresos y no dependen del Fondo General para el pago de la misma, y $3,498 millones es deuda emitida por los 78 municipios de Puerto Rico que tienen sus propios fondos, separados del Gobierno estatal, para su pago. En su mayoría, esa deuda se ha emitido para sufragar el costo de obras de mejoras capitales cuya vida útil tiende a ser mayor que los años de vencimiento a los que se ha emitido la deuda correspondiente y, por lo tanto, es apropiado que se haya utilizado el mecanismo de deuda para financiar las mismas.

Solo $15,420 millones (o sea, el 23%) es deuda del Gobierno estatal pagadera del presupuesto que se nutre del Fondo General. Mucha de esa deuda, dicho sea de paso, también corresponde a mejoras permanentes para agencias como el Departamento de Educación, la Policía y otras similares. Por lo tanto, argumentar que el alto nivel de deuda solo se explica por los déficits presupuestarios de años recientes también es incorrecto.

Finalmente, durante los últimos meses, una de las personas que más ha comentado sobre los altos niveles de la deuda pública en Puerto Rico es Juan Agosto Alicea. Incluso, ha publicado un libro en el cual aborda el tema y advierte sobre la crisis que se avecina sobre el fisco. Nos parece propio considerar si el señor Agosto Alicea es la persona adecuada para pontificar sobre estos asuntos.

Al terminar su último cuatrienio como gobernador, el Hon. Rafael Hernández Colón dejó la deuda pública en $14,242 millones. Esa deuda equivalía al 56.7% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico. En los ocho años de gobierno del Hon. Pedro Rosselló, la deuda pública aumentó por $10,972 millones ($5,265 + $5,707) hasta elevarse a un total de $25,215 millones al terminar sus dos cuatrienios. Ese total de deuda, sin embargo, representó el 57.2% del PNB de la Isla, o sea, prácticamente el mismo nivel en el que la había dejado su antecesor. Eso demuestra que esa deuda pública se utilizó adecuadamente y contribuyó al crecimiento de nuestra economía.

Durante la gobernación de la Hon. Sila Calderón, Juan Agosto Alicea ocupó el puesto de presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y presidente de la Junta de Directores de ese Banco desde enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2002. En julio de 2002, aunque abandonó el puesto de Presidente del BGF, se mantuvo como Presidente de su Junta de Directores hasta febrero de 2005.

Durante esos años fue que la deuda comenzó a dispararse, aumentando por $11,488 millones entre los años 2001 al 2005. Esto equivale a un aumento mayor en cuatro años que el aumento que hubo en ocho años durante la gobernación del Doctor Rosselló. Peor aún, esa deuda pública representó el 68.3% del PNB de Puerto Rico, lo cual demuestra que su uso no fue necesariamente muy juicioso.

Al final de ese cuatrienio, con la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2004‑2005, también fue que se elevó la estructura de gastos públicos alrededor de $1,000 millones anuales por encima de los ingresos disponibles.

Aunque luego abandonó el gobierno, el señor Agosto Alicea mantuvo silencio durante la gobernación del Hon. Aníbal Acevedo Vilá, durante cuya incumbencia la deuda pública aumentó por $19,225 millones en tan solo cuatro años.

Ahora, bajo una administración de un partido contrario, que heredó muchos de los problemas que comenzaron cuando el señor Agosto Alicea era uno de los principales oficiales responsables del erario, vuelve a la vida pública a advertir que vamos camino a la “quiebra”. Cuando tuvo que actuar responsablemente, sin embargo, y cuando le tocó manejar las finanzas públicas, esa prudencia que hoy predica no estuvo presente. Es evidente que aquí aplica el famoso dicho popular de que “siempre habla quien menos puede”.

La deuda pública en Puerto Rico está muy alta. Alguna de esa deuda no se ha utilizado adecuadamente. Esos son problemas que debemos resolver. El uso de los datos para confundir, y con propósitos políticos, sin embargo, no abona nada a ese proceso. Por el contrario, solo contribuye a que los asuntos se politicen y se queden sin atender.

MAL USO DE LA DEUDA