Evaluación del plan de Rafael Hernández Colón para revitalizar la economía

Recientemente, el exgobernador de Puerto Rico, honorable Rafael Hernández Colón, publicó en este periódico una columna de opinión que lleva por título ‘Proyecto para revitalizar la economía’ (EL VOCERO, 9/mayo/2012, p. 24). En ese escrito, el licenciado Hernández Colón propone unas ideas dirigidas a promover “el desarrollo de una economía sostenible que nos permita incorporar a la fuerza trabajadora una mayor parte de nuestra población”.

En esencia, las recomendaciones del exgobernador se pueden resumir en cuatro componentes principales: (1) reestructurar los programas de beneficencia para fomentar, en vez de desalentar el trabajo; (2) volver a establecer un incentivo contributivo federal y atarlo a la creación de empleos; (3) flexibilizar las normas laborales; y (4) transformar o reinventar las agencias claves del gobierno y provocar un sentido de misión enfocado en políticas de desarrollo vanguardistas.

Debido a la importancia histórica de la figura del licenciado Hernández Colón dentro del Partido Popular Democrático (PPD), y dado el hecho de que este le provee un trasfondo intelectual a muchas de las ideas que surgen de esa organización política, nos parece correcto concluir que esas propuestas constituyen un componente esencial de la estrategia económica que ofrece ese partido. Por las mismas razones, es muy probable que esas ideas constituyan parte integral de la plataforma económica que propondrá el candidato a la gobernación por el PPD de cara a las elecciones de noviembre. Dentro de ese contexto, resulta pertinente analizar esas recomendaciones.

El análisis debe considerar dos aspectos principales. En primer lugar, se debe analizar el marco ideológico, en términos de status, dentro del cual se podrían implantar esas propuestas. En segundo lugar, hay que considerar los fundamentos económicos para las mismas.

Con relación a la ideología política, aunque la intención del licenciado Hernández Colón es defender el status actual, sería más fácil implantar sus recomendaciones bajo la Independencia.

Si fuera cierto que los programas de beneficencia federales desalientan el trabajo, pues bajo la Independencia no tendríamos que seguir lidiando con estos. Si las contribuciones federales son un problema, eso también se podría resolver separándonos de Estados Unidos. De igual forma, la Independencia nos proveería una manera efectiva de eliminar la aplicación en la Isla del salario mínimo federal y de otras normas y reglas laborales. Desde luego, bajo la Independencia, Puerto Rico también tendría completa libertad para reenfocar las operaciones del gobierno local, aunque esto sería igual bajo las tres fórmulas de status.

En términos económicos, tampoco parecen estar muy claras las bases sobre las cuales se sustentan las propuestas del exgobernador. Con relación a los programas de beneficencia y las normas laborales, si bien es cierto que existe la percepción de que ambos son perjudiciales al desarrollo económico, no es menos cierto que la evidencia empírica no necesariamente apoya esa conclusión.

A manera de ejemplo, desde el año 2006, la economía de Puerto Rico está en recesión. La reglamentación laboral en Puerto Rico, sin embargo, y los programas de beneficencia federales, no sufrieron grandes cambios alrededor de esa fecha. Por lo tanto, en estricta lógica, no puede adjudicársele la culpa por el deterioro en la economía a esa reglamentación laboral ni a esos programas de ayudas sociales.

La evidencia relacionada con los programas de incentivos contributivos es todavía más débil. Tomemos como ejemplo la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, la cual comenzó en octubre de 1976.

Desde mediados de los años 60, casi coincidiendo con el comienzo de la Sección 936 (y no con su final), la economía de Puerto Rico comenzó un proceso de deterioro que no ha terminado todavía. Ese deterioro está evidenciado, entre otros, por el comportamiento del Producto Nacional Bruto y por los datos relacionados con el empleo en la Isla.

De 1948 a 1979, el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico creció, en términos reales, a una tasa promedio anual de 5.56%. Luego de implantada la Sección 936, desde 1980 hasta el presente, esa tasa se redujo a 1.52%. Si consideramos el mercado laboral, en 1970 la tasa de desempleo anual fue de 10.3%. Desde entonces, aun después de establecida la Sección 936, la tasa de desempleo anual nunca ha estado por debajo de ese nivel. Algo similar ha ocurrido con relación a la tasa de participación, la cual estaba en 47.9% en 1970 y nunca ha sido superada desde entonces, aunque en 2006 se igualó.

A través de nuestro status político actual, a los puertorriqueños se nos violan unos derechos humanos fundamentales. Esa violación de derechos se manifiesta, entre otras, de dos formas principales. En primer lugar, los residentes de la Isla estamos sujetos a las decisiones de un gobierno al que no ayudamos a elegir y en el cual no tenemos una representación adecuada. En segundo lugar, y aun con esa falta de participación en el Gobierno federal, los puertorriqueños le pagamos impuestos a ese mismo gobierno.

Aun ante esa violación a nuestros derechos humanos fundamentales, el PPD defiende el status político actual de la Isla aduciendo que el mismo ofrece beneficios de índole económica. Dado el hecho de que la estrategia económica que proponen se puede lograr a través de la Idependencia, no existe fundamento alguno para que el PPD insista en defender el status colonial que impera en la Isla y que resulta en una violación de derechos humanos fundamentales a los puertorriqueños. Si a eso le añadimos el hecho de que la evidencia empírica disponible demuestra que sus propuestas no ofrecen beneficios económicos reales, es necesario concluir que las propuestas económicas del PPD carecen de fundamentos.

¿Hasta cuándo piensa seguir el PPD defendiendo un status político que en nada beneficia a nuestra economía y que solamente sirve para que se nos violen nuestros derechos humanos?