Los soberanistas venimos en dos categorías: estadistas y separatistas

Ing. J. Raymond Watson, Colaborador

Los soberanistas venimos en dos categorías: estadistas y separatistas. Los estadistas queremos alcanzar la soberanía como el Estado Soberano de Puerto Rico, USA, al igualarnos a nuestros conciudadanos americanos residentes en los estados federados de la nación más libre y poderosa del mundo, Estados Unidos de América. Los separatistas, desde algunos líderes Populares hasta los nacionalistas fanáticos, quisieran que nuestra patria fuese similar a las repúblicas latinas, donde sus pueblos han sido en ocasiones víctimas de dictaduras y millones de sus ciudadanos han tenido y aún tienen que arriesgar sus vidas para colarse ilegalmente en nuestra nación estadounidense, buscando una mejor vida fuera de la miseria económica y falta de oportunidades, libertades y derechos que tanto se sufre en esos países.

La propuesta enmienda constitucional para otorgar discreción a los jueces si procede o no permitir a un acusado salir a la calle bajo fianza no es nada único ni nuevo, como algunos quieren alegar para confundirnos. En los estados federados, así como en justicia federal, esa es la norma desde tiempo atrás. Se entiende que ningún derecho constitucional se puede ejercer sin límites. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión no se puede alegar como justificante para que un irresponsable grite ¡¡¡Fuego!!!!, en un teatro lleno de gente, por puro capricho y sin que haya incendio alguno. Otro ejemplo, entre tantos más, es que el derecho a poseer un arma se reglamenta por ley para evitar que se abuse del mismo. Tampoco el derecho al voto faculta a una persona a meterse en un colegio electoral tras otro a votar varias veces.

Los soberanistas estadistas estamos de acuerdo con igualar a Puerto Rico con los estados federados en lo que el otorgamiento de fianzas a acusados de crímenes se refiere. La propuesta enmienda constitucional nos pondrá a la par con los estados y con justicia federal, foro en que los jueces tienen la discreción de otorgar fianza u ordenar encarcelar al acusado hasta terminado su juicio. Allá, cuando un juez niega a un acusado el poder salir a la calle bajo fianza y lo ordena a ser encarcelado se llama ‘remand’. Su justificante incluye todos los casos citados en nuestra propuesta enmienda constitucional y además, con frecuencia, se incluyen el récord penal y la riqueza monetaria del acusado. Esto último se debe a que acusados ricos en dinero podrían usar esos medios para huir de la jurisdicción para evadir su juicio.

No es sorpresa que algunos abogados dedicados a ejercer en casos criminales se opongan a la propuesta enmienda constitucional. Parte de su servicio al cliente acusado es conseguirle fianza y es un secreto a voces por los pasillos, como dicen, que algunos reciben comisiones monetarias pagadas por fiadores por llevarle a su cliente a comprarles la fianza. Sin más comentario, es obvio que tales voces de oposición no son objetivas ni aportan al bienestar público.

Tampoco es de extrañarse que algunos populares, así como los separatistas, se opongan porque, al aprobarse esa enmienda, Puerto Rico se acerca otro paso más hacia la igualdad con dignidad mediante la Estadidad. Merecen respeto y admiración aquellos populares que se han expresado a favor de la enmienda constitucional sobre la fianza, ya que han puesto al Pueblo por encima de la política partidista.

Que el Pueblo decida en el referéndum a celebrarse para que se adopte o no esta enmienda constitucional que tanto puede aportar para la paz y seguridad en nuestra patria.