Luego una investigación preliminar por parte de fiscales de la  División de Integridad Pública del Departamento de Justicia (DJ) en torno a las supuestas actuaciones ilegales por parte del alcalde de San Lorenzo por utilizar fondos públicos para promocionar una actividad político partidista, el secretario Guillermo Somoza Colombani acogió hoy la recomendación de los representantes del Ministerio Público de que existe causa suficiente para concluir que el primer ejecutivo municipal cometió varios delitos tipificados en el Código Penal y otras leyes.

Según dijo la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División, José Ramón Román Abreu utilizó una empleada municipal, en horas laborables, para promocionar una actividad político partidista.

El informe concluye que la conducta del alcalde constituyó causa suficiente para creer que éste cometió el delito tipificado en el artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico, así como en el artículo 12.015 del Código Electoral de Puerto Rico y en el artículo 14.000 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.

También habría violado el artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental.

Conforme a lo anterior, Justicia remitió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente la recomendación para la designación de un fiscal especial independiente contra el alcalde de San Lorenzo, para que concluya la investigación en este asunto.

La agencia adelantó que no hará comentarios adicionales sobre el tema por estar bajo la jurisdicción y consideración del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.