Todo tiende indicar que la consulta plebiscitaria programada para el 6 de noviembre puede constituir la última oportunidad que tenemos los que favorecemos conquistar la plenitud e igualdad de derechos ciudadanos como parte integral de Estados Unidos, de dar el primer paso en esa dirección para encaminarnos hacia la Estadidad.

El Anti-Americanismo une a los Neo-Comunistas

Todo tiende indicar que la consulta plebiscitaria programada para el 6 de noviembre puede constituir la última oportunidad que tenemos los que favorecemos conquistar la plenitud e igualdad de derechos ciudadanos como parte integral de Estados Unidos, de dar el primer paso en esa dirección para encaminarnos hacia la Estadidad.

Sin ánimo de ser alarmista o de apelar a miedos infundados, sino más bien de que se cobre plena conciencia de la magnitud del reto que representa la actual coyuntura histórica respecto a nuestro porvenir político como pueblo, es que entiendo pertinente traer a consideración todos los factores y elementos en juego ante la crucial y estratégica decisión que enfrentamos este próximo 6 de noviembre.

El fin de la guerra fría con la desintegración de la Unión Soviética y su imperio en Europa del Este hace 21 años, conllevó que depreciaría para Estados Unidos el valor geopolítico de Puerto Rico como localización estratégica militar en el Caribe. Si bien el repunte del antiamericanismo visceral y la consiguiente amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina que representa la nueva cepa de caudillos nacionalistas y populistas autocráticos (Hugo Chávez, Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales) y sus temerarias alianzas nucleares con la teocracia fundamentalista iraní, han contribuido a compensar en algo la pérdida de nuestro valor estratégico militar para Estados Unidos; la realidad es que para mantener una presencia militar en Puerto Rico, el coloso del Norte ya no necesita perpetuar nuestra situación territorial colonial. Le basta con un tratado de libre asociación con una futura república independiente en que Estados Unidos se haga cargo de nuestra defensa tal y como actualmente lo hace con las Islas Marshall y de las Micronesias o a través de un tratado militar con un Puerto Rico independiente, tal como los ha tenido en el pasado (Panamá, Colombia y Ecuador) y aún los tiene en la actualidad con múltiples países independientes (Alemania, Japón, Corea del Sur). Y en su defecto, de ser necesario, vía la fuerza como es el caso de su base militar en Guantánamo, Cuba.

La menguada importancia estratégica militar de Puerto Rico para Estados Unidos se ha hecho evidente en las pasadas décadas con el cierre de prácticamente todas las bases militares en la Isla, tales como: la base aérea Ramey en Aguadilla, el Camp García en Vieques, la inmensa base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, así como la reducción a un mínimo de las operaciones del Fuerte Buchanan en Guaynabo, entre otras. A la vez que han disminuido para Estados Unidos los be-neficios que representa Puerto Rico para su seguridad nacional, de la misma forma ha aumentado el costo económico que representa para el Tesoro federal el mantenernos como territorio no incorporado.

En el 2010, de los $21.1 billones que el Tesoro federal envió a Puerto Rico, $9.2 billones o el 43.6% de los mismos representaron transferencias unilaterales sin perspectivas de recuperarlas en el futuro. Esto, dado a que el aumento en los recaudos del Tesoro que el alza en los salarios y ganancias que estas transferencias generan en la economía local, son ingresos que están exentos de impuestos federales. Si a esto se le añade el costo de oportunidad que representan los $13 billones en recaudos dejados de devengar anualmente por la exención contributiva federal sobre los ingresos corporativos y personales generados en Puerto Rico, el costo para los contribuyentes en los 50 estados de mantener nuestra situación colonial asciende a $22.2 billones anuales. Aunque esto represente meramente un 1.3% del actual déficit fiscal federal de $1.6 trillones, el consenso entre demócratas y republicanos sobre la urgencia de recortar gastos del presupuesto federal y nuestra falta de poder político nos convierte en un candidato ideal para dar el ejemplo respecto a la disciplina fiscal que se quiere implementar en todo Estados Unidos, vía el recorte sustancial de fondos federales y la potencial eliminación de nuestra llamada autonomía fiscal o exención federal tributaria sobre los ingresos corporativos y personales generados en Puerto Rico. Mientras, bajo la Estadidad, Puerto Rico representaría un costo de solo $2.9 billones para el Tesoro federal en el primer año, lo que con el fuerte crecimiento económico que se generaría en los años subsiguientes, se transformaría en un generoso excedente para el Tesoro federal.

Nuestra condición territorial colonial no solo representa un problema fiscal o económico para Estados Unidos sino, además, un serio problema político y de imagen, pues el tener una colonia a estas alturas del Siglo XXI representa una situación altamente vergonzosa para un país que se enorgullece de su sólida trayectoria y tradición democrática. Por ende, la resolución de nuestra indigna situación colonial ha pasado a ser algo de vital importancia para las altas esferas del poder político de la Nación, como queda evidenciado por los informes encomendados por los últimos tres presidentes de Estados Unidos: William Jefferson Clinton, George Walker Bush y Barack Hussein Obama. Los tres informes señalan que nuestra actual condición política es una territorial y los tres nos hacen un llamado a tomar los pasos que sean necesarios para ponerle fin a dicha situación colonial de forma democrática a la luz del Derecho Internacional.

Más aun, el último informe publicado en marzo del año pasado no puede ser más enfático al respecto. Entre sus siete recomendaciones vale la pena destacar dos de ellas, la primera y la séptima, y cito:

“Recomendación #1: El Task Force recomienda que todas las partes relevantes -el Presidente, el Congreso, el liderato y el pueblo de Puerto Rico- trabajen para asegurar que los puertorriqueños puedan expresar su voluntad sobre las opciones de status y que se actué sobre la voluntad expresada para finales del 2012 o pronto después de esa fecha… Recomendación #7: Si los esfuerzos en la Isla no proveen un resultado claro en el corto plazo, el Presidente debe apoyar y el Congreso debe promulgar legislación autoejecutable que especifique con anticipación al pueblo de Puerto Rico un conjunto de opciones de status aceptables que Estados Unidos esté políticamente comprometido a llevar a cabo”.

Esta legislación debe comprometer a Estados Unidos a honrar la opción escogida por el pueblo de Puerto Rico (provisto que sea una de las opciones especificadas en la legislación) y debe de precisar el medio por el cual dicha opción vaya a ser ejecutada. El Task Force recomienda que para finales del 2012, la Administración desarrolle, redacte y trabaje con el Congreso para promulgar la legislación propuesta. (Mi traducción del inglés).

Si los estadistas y todos los que aspiran a la unión permanente con Estados Unidos, por entender que podemos darnos el lujo de posponer nuestra decisión, votamos por el ‘Sí’ para mantener la actual condición territorial en la primera pregunta, aunque votemos por la Estadidad en la segunda, le estaremos enviando el mensaje al Congreso que después de 95 años de una ciudadanía de segunda clase, nos conformamos con ello y no queremos integrarnos con plenitud de derechos y responsabilidades a Estados Unidos. De ganar el ‘Sí’ a la colonia en la primera pregunta y una de las opciones descolonizadoras (la Estadidad o el ELA soberano) en la segunda, nuestra expresión no será clara y nos corremos el riesgo de no montarnos en la última guagua con ruta a la Estadidad federada; y que el Presidente y el Congreso nos no dejen otra opción que escoger entre la Independencia y la libre asociación. Hay que emitir un voto de un ‘No’ contundente y claro a la colonia en la primera pregunta y por la Estadidad en la segunda, para que no se nos vaya la última guagua con ruta al Estado 51.