Parte 12 de ‘La Nueva Escuelita Estadista’

Mire lo que es ser colonia: en virtud del Tratado de París, desde 1899 hasta hoy, el poder para definir “la condición política (political status) y los derechos civiles” de los puertorriqueños reside exclusivamente en el Congreso, donde no tenemos representación. Contradictoriamente, solo podemos salir de esa condición si el Congreso ejerce ese poder de manera definitiva. Todos en Puerto Rico queremos que el Congreso así lo haga: unos para admitirnos en la Unión, haciéndonos el estado 51; otros para hacernos república, ya sea plena o asociada. En cualquier caso, el Congreso perdería ese poder unilateral. ¿Qué piensa hoy el Congreso sobre eso?

Como les prometí en una columna anterior, hoy voy a revisar la política pública del Gobierno de Estados Unidos sobre la condición de Puerto Rico. En columnas anteriores vimos la acumulación de políticas públicas que se forjaron en otros períodos: en 1989-1901, el territorio no incorporado; en 1917-22, la ciudadanía sin la plenitud de los derechos; en 1950-53, el territorio organizado por constitución local.

En suma, la política pública nos definió como: (a) un territorio no incorporado, (b) debidamente organizado como los estados bajo una constitución local, (c) en el que vivimos 3.7 millones de ciudadanos americanos que hemos renunciado, en referéndum, a la plenitud de nuestros derechos y  participación política, (d) por lo que el Congreso puede tratarnos discriminatoriamente como si no fuéramos parte de la Nación y (e) puede continuar definiendo unilateralmente nuestra “condición política y derechos civiles”.

Los Puertorriqueños somos profundamente Americanos, y hasta el PIP propone que se mantenga la Ciudadanía Americana.

Sin embargo, a partir del proceso de diálogo sobre el Status de Puerto Rico que auspició George H. W. Bush (41) en 1989 ocurre una ruptura en la política pública. Entonces, y sobre todo luego de Bush emitir en 1992 una orden a las agencias federales para que trataran a Puerto Rico como un estado, la política federal comenzó a cambiar. A lo largo de los pasados 23 años se ha desarrollado una nueva política pública hacia Puerto Rico. Esto puede parecerle raro en cuanto ninguno de los proyectos que se han radicado en el Congreso desde el proyecto Ron de Lugo (HR-4765 de 1989) hasta el proyecto Pierluisi (HR-2499 de 2010), se ha convertido en Ley, dando la apariencia de que no ha existido durante ese período una política pública clara y coherente del Congreso hacia Puerto Rico. Esa apariencia es equivocada.

Si miramos en detalle y de manera analítica y desapasiona las acciones de los Congresos (del 101ro. (1989) al 112mo. actual), su comités, subcomités y los cuerpos investigativos que los asesoran, es claro que en ese periodo sí se forjó una nueva política pública sobre la situación de Puerto Rico basada en un consenso político técnico legal por encima de las líneas de partidos. Ese consenso se consigna y evidencia en el cúmulo de proyectos de leyes, informes de comité recomendando su aprobación, informes de las unidades técnicas el Congreso y los informes del Task Force del Presidente sobre el Status de Puerto Rico que han emergido en este período. Sus elementos centrales pueden resumirse en la siguiente enumeración:

(1) Puerto Rico sigue siendo un territorio noincorporado debidamente organizado bajo una constitución local, como los estados, sobre el cual el Congreso ejerce poderes plenarios en virtud de la cláusula territorial. El Congreso conserva, además, de manera exclusiva y sin limitaciones, el poder de definir su (status) condición política futura.

(2) Esta condición política, sin embargo, es necesariamente temporera y tiene que dar paso en algún momento próximo a un status definitivo.

(3) En el proceso de decidir cuál es ese status definitivo el Congreso y la Casa Blanca deben mantener un ánimo bipartita sobre las cuestiones jurídico políticas fundamentales y sus expresiones sobre este asunto deben ser consistentes, pues tienen que ver con la naturaleza misma de la Nación Americana. Esa consistencia se revela en las acciones, discusiones y documentos de las cuatro ocasiones en 23 años en que atendieron este asunto: la época del Comité de Diálogo del 1990-1; la época del proyecto Young del 1996-7; la del proyecto Serrano-Fortuño del 2007-8; la del proyecto Pierluisi HR 2499 del 2010. También se ha mantenido esa consistencia en los informes de los task forces presidenciales.

(4) Aunque no reconoce la injerencia de organismos internacionales como la ONU en este asunto, el Congreso ha hecho claro que las opciones que considera para un cambio de status de Puerto Rico son las reconocidas en el Derecho Internacional: la anexión (la Estadidad); la Independencia (la república plena) o la Libre Asociación (la república asociada).

(5) El Congreso no optará por un cambio a una nueva condición política para Puerto Rico si esta no cuenta con el aval de los puertorriqueños expresado de múltiples maneras incluyendo, pero no limitado a, consultas plebiscitarias. La falta de acción en este asunto en los pasados 23 años se debe a la falta de una petición clara de cambio proveniente del pueblo de Puerto Rico.

Es claro, además, no de los documentos sino de conversaciones con miembros del Congreso y sus ayudantes y expertos en el tema, que la gran mayoría de ellos prevé que, al fin y al cabo, los puertorriqueños solicitarán la Estadidad. Por eso, todos los proyectos radicados para analizar y atender el asunto del status en el Congreso siempre se les conoce informalmente como ‘Puerto Rico Statehood Bill’. No es de extrañarse pues, a los congresistas y sus ‘staffers’, el que los puertorriqueños escojamos la Estadidad.

Les parece lo más normal ya que ellos: (1) no pueden imaginarse una mejor alternativa de status político para su estado que, ser estado; (2) piensan que es la opción que más beneficios nos proveería; (3) saben que solicitar la Estadidad es el paso que históricamente han tomado todos los otros territorios que han estado bajo la bandera americana tanto tiempo como Puerto Rico; y, (4) reconocen que, en las pasadas cinco décadas, los puertorriqueños nos hemos movido emocional y electoralmente a solicitar la Estadidad.

Esa es la política pública sobre el status de Puerto Rico que los Congresos y los presidentes han forjado en los pasados 23 años. Gracias a ella, el Congreso informalmente nos ha reconocido el poder de decidir el futuro de Puerto Rico, el bienestar de los puertorriqueños y hasta impactar la naturaleza de la sociedad americana. No tengo dudas que este próximo noviembre el pueblo de Puerto Rico estará a la altura de los tiempos y aprovechará esta política pública y el plebiscito para completar la transición de la colonia a la Estadidad. Fin de esta parte de la serie.