En la Isla existe una población significativa de adultos con discapacidades que carece de alternativas para continuar su desarrollo académico y vocacional cuando llega a la mayoría de edad porque ya no cualifica para los programas existentes ni bajo el Departamento de Educación o el Departamento de Salud.

Por: José Aponte Hernández

Mucho se ha debatido sobre los programas de Educación Especial del Departamento de Educación y los servicios que ofrece a los estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, muy pocos nos hemos hecho una pregunta básica que va a la raíz de la estrategia que se debe formular para lidiar con este sector de nuestra población, cuyas necesidades no desaparecen al dejar de ser niños: ¿Qué pasa con los estudiantes una vez cumplen 22 años?

La Ley 51 de 1996, según enmendada, ‘Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos’, establece claramente las responsabilidades del Departamento de Educación con la población estudiantil hasta los 21 años. Sin embargo, nos preguntamos nuevamente, ¿qué pasa después? ¿Qué destrezas académicas, sociales, emocionales, vocacionales y físicas desarrollan nuestros jóvenes adultos para que puedan competir en el campo laboral?

En la Isla existe una población significativa de adultos con discapacidades que carece de alternativas para continuar su desarrollo académico y vocacional cuando llega a la mayoría de edad porque ya no cualifica para los programas existentes ni bajo el Departamento de Educación o el Departamento de Salud. De hecho, al cumplir los 22 años los reglamentos impiden que estos jóvenes sigan bajo la jurisdicción del sistema de educación pública. Como resultado de esta situación, estos jóvenes adultos, muchos de los cuales logran grandes avances dentro de los programas educativos cuando son menores, se estancan o retroceden en su enseñanza y, como consecuencia, comienzan a desarrollar una conciencia de incapacidad más allá de sus necesidades especiales o discapacidades.

Por otro lado, las familias no encuentran alternativas para ofrecerles a sus hijos una mejor calidad de vida y el Estado pierde la inversión que ha hecho. En demasiadas ocasiones, la perspectiva que se asume en temas que tienen que ver con necesidades especiales, se queda enmarcada en los niños de edad prescolar y escolar. Hemos pecado en no tomar en cuenta lo que ocurre al pasar el tiempo y esos niños van creciendo.

En estos días se aprobó en la Asamblea Legislativa la Resolución Conjunta de la Cámara 1311 cuyo fin es autorizar el traspaso del antiguo Hogar Juvenil Guailí a una entidad sin fines de lucro –Rosa Lydia Vélez Defensora Pro-Impedidos, Inc.– para la creación de un Centro de Servicios que actualmente no existe en Puerto Rico para atender a esta población. Dicho Centro propone se convierta en enlace para otras organizaciones sin fines de lucro para que éstas puedan desarrollar programas en esas facilidades, dirigidas al desarrollo integral de la población adulta con necesidades especiales.

Las facilidades que se propone sean traspasadas son administradas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, pero en la actualidad las están utilizando como almacén. Sin embargo, el Secretario está en actitud de hacerlas disponibles para que estas pueden ser útiles y ayudar a esta entidad del Tercer Sector a proveer un servicio que el Gobierno sencillamente no tiene los recursos para proveer.
El sistema de servicios que la entidad desea implantar a través del Centro es un modelo inclusivo en nuestra sociedad para la creación de otros programas similares que les permita a jóvenes adultos con necesidades cognitivas significativas ser parte digna de un desarrollo personal y social, como cualquier otro ciudadano de la sociedad puertorriqueña.

Esta situación es un ejemplo perfecto del cambio de visión que esta administración ha utilizado como su norte: el Gobierno puede, y debe, continuar creando mejores alianzas con el Tercer Sector, el cual muchas veces necesita un facilitador más que recursos económicos para llevar a cabo actividades y proveer servicios para poblaciones extremadamente necesitadas que en estos momentos, y no por culpa de nadie sino por circunstancias, se está quedando sin ser debidamente atendida. Este caso es uno que podría servir de referencia a muchas agencias públicas y privadas que poseen propiedades, edificios y facilidades que pueden ser reinvertidas para beneficio de la sociedad. El Gobierno no puede seguir administrando propiedades en desuso e invirtiendo fondos necesitados para causas y situaciones sociales que mejorarían la calidad de sus ciudadanos.
La lógica es bastante sencilla.

El Gobierno tiene que reforzar la relación con el Tercer Sector como uno de sus instrumentos para lograr una transformación comunitaria real en Puerto Rico y para atender los múltiples y complejos problemas que afectan nuestras comunidades. Si la visión gubernamental cambia a una de fomentar la inclusión y la cooperación y toma al Tercer Sector en cuenta en la formulación de estrategias y programas para resolver los problemas comunitarios, la implantación de estas soluciones podría tener un valor exponencial y los servicios pueden llegar hasta donde tienen que llegar –a los que más lo necesitan. El caso del Hogar Juvenil Guailí es una iniciativa que entendemos va en el camino correcto para atender una población que tiene unas necesidades especiales que de otra forma quedarían en el olvido. Lo propuesta es clara: que no queden en el olvido.