Gobierno se mantiene firme en que organizaciones obreras consulten a miembros antes de comprometer cuotas a un partido

El Gobierno insiste en que las organizaciones obreras deben consultar a su matrícula antes de comprometerse a donar dinero proveniente de las cuotas a un partido político.

El designado secretario de la Gobernación, Miguel Romero, explicó que aunque la Ley 222, al igual que la jurisprudencia federal, permite que ciudadanos privados o entidades privadas puedan hacer aportaciones ilimitadas a candidatos, el estatuto local requiere que las entidades privadas se registren para poder hacer las aportaciones.

De acuerdo a la demanda radicada por varios sindicatos ante el Tribunal federal, esta ley solo garantiza los donativos de personas jurídicas mientras exige a las organizaciones tener el favor de sus matrículas antes de comprometerse a donar a un partido.

Según el recurso legal, las exigencias de la ley son “onerosas” pues exigen que todos los miembros de la matrícula estén presentes en la votación y establecen que los miembros que no lleguen a la votación se considerarán como votos en contra de la propuesta.

Los sindicatos buscan que se declaren nulos los Artículos 6.007 al 6.010 de la Ley 222, la cual prohíbe a las personas jurídicas establecer, organizar y administrar un comité o fondo con fines políticos. Y, además, persigue que se deje sin efecto la Sección 4.7 de la Ley 45, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público porque el estatuto establece que la Unión pudiera ser descertificada si hace donaciones políticas.

“Lo de la Ley 45 es una argumento que no tiene fundamento porque hay un caso que fue decidido en el 2010 que estableció que los trabajadores tienen derecho a participar y la Ley 222 de Financiamiento de Campañas Políticas así mismo lo dispone. Pensar que la prohibición que está en la Ley 45 de participar en campañas políticas es una restricción a ese derecho es completamente ilógico porque hay una ley posterior especial que especifica cómo es el proceso”, sostuvo Romero en entrevista con EL VOCERO.

El funcionario rechazó que la Ley 222 y la Ley 45 limiten el derecho a la libertad de expresión de las Uniones.

Por su parte, el contralor electoral Manuel Torres Nieves dijo que su deber es hacer cumplir la Ley 222 “sin entrar en si es correcta o no”.
Explicó que lo que dice la Ley 222 es que “la asamblea deberá aprobar por voto directo y secreto el uso del dinero o bienes de la entidad para fines electorales y bajo ningún concepto se podrá contar el voto no emitido como uno a favor del uso del dinero o bienes para fines electorales”.

De otro lado, el designado Secretario de la Gobernación recordó el proceso por el cual varios líderes de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) terminaron presos tras utilizar indebidamente las cuotas de los unionados.
El Estado tiene hasta el 23 de julio para contestar la demanda incoada a principios de este mes por la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Service Employees International Union (SEIU) y la Alianza SEIU Puerto Rico. El recurso ante el Tribunal federal en San Juan solicita que se emita un interdicto preliminar y permanente.

En pacto ilegítimo con varios sindicatos, el PPD pretende usar dinero de los unionados para su campaña sin el OK de éstos.

Para el director de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Cintrón, es inmoral que el Partido Popular Democrático (PPD) respalde a varias uniones que quieren contribuir dinero a las campañas políticas de cara a las elecciones de noviembre. Varias uniones radicaron una moción en el Tribunal Federal solicitando se les permita contribuir.

La moción fue radicada sin un memorando vital para que el juez atienda el caso de manera acelerada, lo que según varios abogados consultados podría afectar el caso.

A principios de mes varias uniones – la Unión General de Trabjadores (UGT), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Service Employees Internacional Union (SEIU) y la Alianza SEIU Puerto Rico – radicaron un recurso legal contra el Gobierno alegando que son ilegales las leyes que les limitan sus contribuciones a estas campañas. Principalmente, argumentan que secciones de la Ley 45 de relaciones del trabajo en el servicio público y la recién aprobada Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, violentan la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo al documento radicado a nivel federal, esta ley solo garantiza los donativos de personas jurídicas mientras exige a las organizaciones tener el favor de sus matrículas antes de comprometerse a donar con un partido. Según el recurso, las exigencias de la ley son “onerosas” pues exigen que todos los miembros de la matrícula estén presentes en la votación y establecen que los miembros que no lleguen a la votación se considerarán como votos en contra de la propuesta.

El comisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, se unió al reclamo de las uniones, lo que molestó al Di

AGP-Líderes PPD

rector de Campaña del PNP.

Aunque en el recurso, las uniones aseguran tener interés en donar a la campaña del PNP, Cintrón atribuyó el esfuerzo al líder sindical Dennis Hickey Rivera, vinculado al PPD. Mencionó también que esta demanda llega en momentos en que las arcas del PPD están menos llenas que las del PNP, lo que atribuyó a que han “malgastado” el dinero.

“La vinculación directa del Comisionado del Partido Popular con la demanda del SEIU es un escándalo de proporciones bíblicas. Es un robo a la gente más humilde de este pueblo”, dijo Cintrón. “Fueron a buscar a un bolsillo ajeno, como ladrón en la noche”.

Según Cintrón, la decisión federal que permite a las organizaciones privadas aportar a las campañas políticas – al igual que los individuos – no es absoluta pues requiere el aval de los miembros de estas compañías y las matrículas de estos sindicatos. Dijo que la ley estatal es similar. Cintrón insistió en que estas uniones pretenden donarle al PPD sin el aval de sus matrículas.

Catalogó la gestión del PPD como una “burda escaramuza”.

“Estas uniones, con el aval del PPD, no le quieren pedir el permiso a los trabajadores para usar su dinero en campañas políticas. O sea, que estas uniones quieren meterle la mano en el bolsillo a los empleados, usar su dinero de cuotas para hacerle campaña a García Padilla y su gente. No es solo una inmoralidad, es una atrocidad”, dijo Cintrón.

Ortiz, en tanto, defendió su decisión de respaldar a las uniones en este caso y dijo que se trata de “establecer la igualdad de condiciones entre las corporaciones y las organizaciones laborales”.

“Es un asunto de atemperar la nueva ley electoral que permite a las corporaciones organizarse para favorecer o no a un partido político”, dijo Ortiz. “Reitero que el reclamo que han levantado las uniones a nivel federal es legítimo porque tienen el derecho constitucional a agruparse para determinar y luchar por lo que entienden son sus objetivos. Esto no lo pueden entender quienes dan la espalda y despiden a 30,000 trabajadores”.

Cintrón comparó esta situación con el esquema que llevó a la cárcel a varios líderes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Fatal” la falta de un estudio legal

Varios abogados federales consultados por este rotativo coincidieron en que es fatal que estas organizaciones sindicales hayan radicado el recurso sin un memorando que deje saber al juez la urgencia de atender el caso. Aunque todos coincidieron en que las partes pueden enmendar el recurso para incluir este documento, dijeron también que esto demuestra que el recurso fue radicado “a la prisa”.

“Presentar una demanda de esa calaña sin un memorando de derecho en apoyo, es casi fatal porque la demanda se radica a grandes rasgos, pero tienes que hacer un argumento y explicar la razón de que se atienda rápido”, expresó una fuente informada.

De igual forma, Stuart A. Weinstein Bacal, opinó que las reglas de procedimiento federal exigen este documento en aras de acelerar el caso, que de lo contrario dormiría “el sueño de los justos” en el despacho del juez.

“Ellos pueden enmendarlo, pero hasta que no lo hagan, el caso se va a tratar como un caso normal y no se va a atender con la urgencia que ellos quieren que se atienda”, señaló.

Aseguró que las uniones podrían prevalecer a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema que le dio identidad a las corporaciones para poder donar en las campañas políticas.

“Me imagino que van a radicar el documento adicional porque ningún juez va a soltar todo lo que está haciendo si no les demuestras que es necesario que lo hagan”, dijo David Indiano.

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