“Los que valoramos esos principios enumerados en la Declaración de Independencia favorecemos la Independencia a través de la Estadidad”

El 4 de julio conmemoramos la independencia de Estados Unidos de América. Analizar los eventos que ocurrieron como consecuencia de la firma de la Declaración de Independencia, a través de la cual las 13 colonias originales disolvieron sus vínculos con la Corona británica, y la forma en que evolucionó el gobierno americano, permite replantearnos el problema del status político de Puerto Rico de una forma más fiel a la historia.

La búsqueda de la solución al problema del status político de Puerto Rico suele plantearse como una lucha entre dos posiciones diametralmente opuestas, que son la Estadidad y la Independencia, y una tercera fórmula que sus defensores han querido proyectar como de centro, que alegan permite reconciliar las posiciones extremas de las otras dos alternativas. Verlo de esa forma no solo es incorrecto, sino que quizás es la causa por la cual no hemos llegado a una solución a ese milenario problema.

Quizás la mejor demostración de lo errada que ha sido la forma como tiende a enfocarse el problema del status la ofrecen los líderes independentistas, quienes tradicionalmente aprovechan la efeméride del 4 de julio para ensalzar a los próceres de la independencia de Estados Unidos y los ponen de ejemplo para lo que debemos hacer en Puerto Rico. Lo irónico de eso es que, al así hacerlo, están cantándole loas a los eventos que sirvieron de génesis para la Estadidad. La razón para esa confusión intelectual surge del hecho de que, aunque la historia está clara, esos mismos líderes no quieren aceptar que la Estadidad, dentro del modelo americano, es equivalente a la Independencia.

LGF y RBM

Las 13 colonias americanas experimentaron con las mismas opciones que los puertorriqueños hemos considerado para resolver el problema de nuestro status político.

Aunque eran estados separados, esas 13 colonias no se independizaron del Reino Unido para irse cada cual por su lado. De esa forma, descartaron el modelo que los líderes independentistas defienden para Puerto Rico. En su lugar, se constituyeron en un arreglo que se rigió por unos Artículos de Confederación que finalmente ratificaron y adoptaron el 1ro. de marzo de 1781.

Esa confederación ha sido correctamente denominada por Luis Dávila Colón como un modelo de libre asociación que fracasó (Estado Patria, pp. 144‑147). Esa libre asociación no funcionó, entre otras cosas, porque el gobierno central que resultó de esos Artículos de Confederación era muy débil y porque los miembros de la confederación no necesariamente permitían el libre movimiento de personas y bienes entre ellos. Para corregir esos problemas, el 4 de marzo de 1789, comenzó a regir la Constitución de Estados Unidos de América que estableció el modelo federado que conocemos hoy. De ahí surge la fórmula de Estadidad.

La Estadidad federada es un modelo de soberanía, parte de la cual se ejerce separadamente y la otra se ejerce de forma compartida. De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, los estados son soberanos en todo con excepción de los asuntos delegados por esos propios estados al Gobierno federal. Para administrar esa soberanía delegada, sin embargo, los ciudadanos eligen al presidente y al vicepresidente, y a representantes y senadores, con voz y voto en el Congreso. De esa forma, la soberanía del Pueblo se mantiene, solo que parte de esa soberanía se ejerce a nivel estatal y la otra se ejerce mediante el voto y la representación, junto a los demás soberanos, a nivel federal.

Desde luego, a través de los años ha habido múltiples disputas sobre lo que constituye la soberanía estatal y lo que constituyen asuntos de soberanía delegada al Gobierno federal. Para dilucidar esas controversias ha sido necesaria la intervención de los tribunales.

Esas controversias entre diferentes jurisdicciones no son únicas del sistema americano y están presentes en diferentes países, bajo diferentes modelos. De hecho, ese tipo de controversias son similares a lo que ocurre hoy en día en Puerto Rico entre el gobierno estatal y los municipios.  A manera de ejemplo, las controversias por el uso del CRIM y el manejo de los desperdicios sólidos son dos de muchos asuntos donde el problema central gira en torno a quién tiene la jurisdicción sobre el mismo. Por lo tanto, aun si Puerto Rico se convirtiera en un país independiente, las controversias jurisdiccionales seguirían existiendo, aunque a diferentes niveles.

En fin, el actual status político de Puerto Rico constituye un problema porque no le ofrece la soberanía al Pueblo. Para resolver ese problema, existen dos alternativas: la Estadidad o la Independencia. En términos políticos, esas dos opciones son la misma cosa. Para seleccionar entre ellas, quizás debemos comenzar por analizar los principios plasmados en esa misma Declaración de Independencia de Estados Unidos que se firmó el 4 de julio de 1776:

 “… Sostenemos como evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad…”

Los que valoramos esos principios y otros que, aunque no enumerados en la Declaración de Independencia, también se veneran en Estados Unidos, favorecemos la Independencia a través de la Estadidad. Los que consideran más importantes otros principios, favorecen la Independencia de forma separada. Lo demás son meros detalles dentro de esas dos formas de independencia.

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