Ramón (Monchito) Hernández es objeto de varias pesquisas por soborno y desvío de fondos públicos, entre otros

Varias pesquisas se llevan a cabo en el Departamento de Justicia (DJ) contra el alcalde de Juana Díaz, Ramón A. Hernández, relacionadas a sobornos y referidos por la Oficina del Contralor que denuncian –entre otras– desvío de fondos federales, hasta uso indebido de propiedad del municipio para asuntos político partidistas.

Hernández, quien es aspirante a la reelección el 6 de noviembre próximo, es el foco de sendas pesquisas que paralelamente se llevan a cabo en el DJ y en las cuales varios testigos han logrado acuerdos de cooperación ante el peso de las denuncias.

La semana pasada, el grupo de testigos fue entrevistado en las oficinas de Justicia, en Miramar, para conocer el esquema por el cual el incumbente recibió varias ‘generosas donaciones’ de miles de dólares –se mencionan entre $40 y $50 mil– y las personas involucradas en ello. Entre las versiones se menciona a un ex alto funcionario municipal y allegado a Hernández, quien guardó por una semana en el baúl de su automóvil la suma de $50 mil, destinados al alcalde.

“No puedo hablar sobre eso porque está bajo investigación en estos momentos”, se limitó a decir el funcionario en cuestión cuando fue abordado por EL VOCERO, y de quien se sabe fue entrevistado en más de una ocasión en las oficinas del DJ. De hecho, mientras el testigo dialogaba con este diario, otros empleados y civiles eran llamados por los investigadores a ofrecer sus versiones sobre el fraude detectado.

Informes comprometedores

Un Informe de la Comisión Conjunta Sobre Informes del Contralor (enero pasado) de la Asamblea Legislativa, que evaluó los hallazgos del Contralor M-10-10 y M-10-12  –septiembre del 2009– detalla, entre otros delitos, que Hernández en un intento por burlar las autoridades federales instruyó a una empleada para que falsificara unos documentos con el fin de evitar la devolución de $4 millones correspondientes al programa Head Start, que no se estaba ofreciendo en los centros destinados para ello debido a la ausencia de maestros y estudiantes, y por los cuales se recibió la millonaria suma que debía ser pareada con fondos de la administración municipal.

En este esquema se indica que Hernández solicitó, de la ahora testigo, que se abstuviera de informar cómo de forma fraudulenta varios empleados del Head Start completaron formularios de salud –requeridos para contratación– elaborados por un conocido médico de la zona sur.

Otro delito encontrado corresponde a los cambios que Hernández hizo a un proyecto de construcción en el pueblo por $60,309 de más, y que entorpeció el cobro de dicha suma luego de constatado el pago en exceso al contratista.

En el documento del Contralor M-10-10, en la página 13, se menciona el uso de computadoras para acceder a páginas pornográficas, de compraventa de artículos por la Internet, asuntos personales y para preparación de propaganda político partidista, entre estas algunas relacionadas al Partido Popular Democrático (PPD).

Desvío de fondos para gastos

El informe señala –en su hallazgo número 3, en la página 22, el uso indebido de fondos legislados en el municipio para sufragar deudas operacionales. Se detalla el uso de $1.4 millones provenientes del Fondo de las Comunidades Especiales para originar certificados de depósito, cuyos intereses fueron a parar a la cuenta administrativa de Juana Díaz, en violación a las normas y contratos. Otra ‘mordida’ que sufrió el Fondo de las Comunidades Especiales fue el desvío de $700 para el pago del bono de Navidad a los empleados.

En la misma sección número 3 figura el uso indebido de $700 mil, asignados por Resoluciones Conjuntas de la Asamblea Legislativa para la construcción de un coliseo y un centro de Bellas Artes, que finalmente se utilizaron para saldar gastos administrativos del municipio.

Otro punto que menciona el hallazgo número 3, está relacionado a un esquema de favoritismo entre un sector desarrollista; en particular de la zona sur, en la otorgación de contratos para construcción. En un aparte con este diario, un testigo de los hechos sobre las denuncias de fraude en la administración del alcalde de Juana Díaz –específicamente con los asuntos de la Junta de Subastas–  aseguró que las mismas están hechas para enriquecer a un grupo de empresarios, quienes a su vez financian la campaña de reelección de Hernández.

“Antes de efectuarse las subastas para el desarrollo de un proyecto, este grupo tiene desde una semana antes que los demás licitadores certificados el beneficio de tener en sus manos los pormenores de las obras. Así cuadran con tiempo el precio de materiales y personal, mucho antes de efectuarse la subasta. Por eso siempre se llevan los trabajos y si no son ellos son empresas satélites creadas por los mismos intereses que al final terminan recibiendo el dinero”, declaró el entrevistado, quien prefirió mantenerse en anonimato.

Otros asuntos judiciales

Estas denuncias se suman a una lista de casos elevados hasta los tribunales que van desde el pago de $1 millón que el municipio de Juana Díaz le debe a 62 empleados despedidos; trasladados, perseguidos y/o despojados de sus funciones por asuntos político partidistas. La demanda contra Hernández fue presentada por el grupo afectado en el 2002 y no fue hasta el 6 de mayo del 2010 que el Tribunal reconoció la violación de los derechos de los demandantes.

Otra demanda contra la administración de Hernández –presentada en el 2007– esta vez por su inacción en un caso de hostigamiento sexual contra una de sus empleadas, se originó por una suma ascendente a $500,000. En el pliego acusatorio se incluye además al vicealcalde de Juana Díaz, Carlos A. Colón, por este, junto al alcalde, “hacerse de la vista larga con las denuncias formuladas por la víctima”.

Por utilizar edificios públicos para actividades político partidistas

El Departamento de Justicia recomendó al Panel del Fiscal Especial Independiente que designe un fiscal especial contra el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, por violaciones relacionadas a la utilización de propiedad pública para transmitir un programa radial de corte político, informó la directora de las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor de la Agencia, Fiscal Maricarmen Rodríguez Barea.

“Encontramos que Hernández Torres, violó el Artículo 255 del Código Penal y el Artículo 14.000 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico al éste permitir el uso de propiedad pública para transmitir un programa radial de corte político partidista para su beneficio personal”, explicó la Fiscal.

Por tal razón, se recomienda al Panel la designación de un fiscal especial independiente para que continúe con la pesquisa.

Por este caso pasar a otro foro, el Departamento de Justicia no emitirá más comentarios.