Esa confusión de lo real con lo surreal que causa el colonialismo podemos entenderla mejor revisando la mezcla de mensajes y meta-mensajes de RHC en su columna. El primer meta-mensaje es que la columna fuera escrita y publicada en inglés. Hace tiempo que está establecido en la comunicación pública que “the medium is the message”. Marshall McLuhan en su libro de 1964, “Understanding Media” describió cómo el “contenido” de un mensaje es como un pedazo de carne con el que el emisor “seduce” al perro hambriento del intelecto consciente. Mientras éste está distraído “hartándose”, el contenido explícito del mensaje (que, como el pedazo de carne, será algo pasajero), el subconsciente lenta y sutilmente está absorbiendo (e internalizando de manera permanente) el meta mensaje que es la estructura del medio. En este caso el medio es el inglés, el meta-mensaje es la necesidad y la bondad del inglés en el mundo de las finanzas y los negocios, y, por supuesto, su importancia para Puerto Rico.
Nadie debe pasar por desapercibido que, a la altura de 1990, Rafael Hernández Colón era el máximo promotor del “Spanish Only” para Puerto Rico y que aprobó legislación al efecto que le valió el Premio Príncipe de Asturias de ese año (y una derrota electoral en el Referéndum de la Reclamación de Derechos Democráticos en 1991). RHC, que siempre ha hablado y escrito excelente inglés, siempre ha rechazado que su uso se extienda en Puerto Rico. Sin embargo, sus columnas de Caribbean Business nos envían un meta-mensaje contradictorio: “English is good”.
Y ahora le pregunto yo, ¿por qué es algo bueno que RHC escriba excelente inglés pero es una afrenta a Puerto Rico establecer escuelas bilingües para los niños de familias pobres? ¿Por qué no es una afrenta a la puertorriqueñidad si RHC se expresa correctamente en ingles pero es un crimen si el gobierno fomenta la enseñanza y el uso del inglés? ¿Por qué se pretende negar que la fluidez en el inglés es necesaria para el mayor bienestar económico y el poder político en Puerto Rico?
Un segundo meta-mensaje lo constituye que la columna esté orientada, en su forma y en su contenido, a los inversionistas y capitalistas. Contrario al RHC de los años 70 que, al calor de la Teoría de la Dependencia, abogaba por el proteccionismo local y la sustitución de importaciones, ahora hace un reconocimiento de que la aportación del sector privado nacional es imprescindible para nuestro beneficio. Lejos está el Rafael que junto a Federico Hernández Denton y otros tomaban medidas al estilo república latinoamericana como la compra de las Navieras, de La Telefónica, del Almacén de Línea Completa o el establecimiento de las fincas de arroz, entre otras, para protegerse de “el imperialismo económico americano”. De hecho, si medimos el contenido y el tono de las propuestas de RHC (que es demócrata) veremos que se parecen más al tipo de planteamiento de los republicanos que a los de los demócratas.
La adecuada rectificación en la teoría económica de RHC, sin embargo, no lo ha llevado a reconocer las grandes ventajas que representaría para Puerto Rico la plena integración que es la estadidad. No logra entender que en el mundo de las inversiones y de los negocios la seguridad y la estabilidad institucional que proveería la estadidad es nuestra mejor opción económica. En ambos casos, el meta-mensaje de la conveniencia de la integración, la estadidad, choca con sus mensajes explícitos y por eso llama realismo mágico a lo que él mismo al fin y al cabo favorece: otra de las distorsiones de la realidad que provoca el colonialismo y la dependencia económica.
Cada vez que se discute el asunto del status emergen en la discusión pública los síntomas claros de una enfermedad sicológica que aqueja a muchos en nuestro Puerto Rico: la mentalidad colonial. Una columna reciente de Rafael Hernández Colón nos permite comenzar a discutir esos síntomas. Hagamos el diagnóstico.
Comencemos por plantear la condición general: el colonialismo es más que una relación política indigna por la cual una sociedad se mantiene en una situación de sujeción e inferioridad política con relación a otra dominante; el colonialismo se internaliza por los individuos engendrando una enfermedad que aqueja al espíritu. Los habitantes de la colonia afectados por esa dolencia son los colonizados. Características principales de las personas que se ven taradas por la aflicción colonialista son: el sentimiento de minusvalía, la angustia del determinismo, la percepción de impotencia y la distorsión de la realidad. En los argumentos de RHC podemos demostrar los síntomas de la enfermedad colonialista.
Primero y fundamental: los afectados por la enfermedad colonialista piensan que ellos (y todos los puertorriqueños) son inferiores. Por tal razón, piensan que, aun cuando todos los territorios que han permanecido bajo la bandera americana tanto tiempo como nosotros se han convertido en estado, nosotros no tenemos esa opción. Dicen que porque somos diferentes, pero en realidad es porque piensan que somos inferiores. Nos dicen que no podemos ser americanos porque somos puertorriqueños sin explicarnos como puede el chicano de Texas ser americano pero sin dejar de ser tejano, ni chicano. O como el hawaiano de ascendencia japonesa no se desnaturaliza por ser americano sino que contribuye a la sociedad americana brindando gloria a sus ascendientes. No, no lo pueden explicar porque el problema de los colonialistas es que piensan que todos los que no sean los del grupo étnico tradicionalmente dominante en la metrópoli somos inferiores.
Hernández Colón podrá decir que tiene la ciudadanía americana y sus hijos, usando las palabras de Sila Calderón, podrán decir que la atesoran, pero ninguno de ellos dirá que es americano porque se sentirían avergonzados de que alguien los acusara de tratar de pasar por algo que es superior a ellos. No es el orgullo de su etnicidad puertorriqueña lo que los domina sino el sentido de no poder (impotencia), por su propia naturaleza (determinismo), ser parte de los que mandan (minusvalía). De hecho, no quieren ni la Estadidad ni la separación (ya sea como independencia plena o como república asociada) porque se sienten menos y, como tal, no piensan que puedan libremente escoger ser iguales, iguales a todos los americanos o a todas las naciones del mundo. El colonizado se percibe inferior e impotente y eso lo hace ser inferior e impotente.
Otra manifestación de la mentalidad colonialista es el argumento fatulo de Hernández Colón desde el plebiscito de 1993, de que la Estadidad no está en la papeleta sino el ‘territorio no incorporado’ por 50 o 60 años. Aquí podemos observar otra de las características de la mentalidad colonialista que mencioné arriba: la tendencia a la distorsión de la realidad como mecanismo de compensación ante la angustia de la inferioridad y la impotencia. Para los Hernández-Colonialistas la Estadidad no está en la papeleta porque piensan que, en nuestra impotencia, aunque la pidiéramos no nos la darían. Explica que, confrontado con una petición de Estadidad, el Congreso lo que haría, en vez de hacernos estado, sería hacernos ‘territorio incorporado’ haciéndonos además pagar contribuciones federales.
Veamos las medias verdades y distorsiones que hay en ese argumento. Nadie en su sano juicio, que no haya sido afectado por la ceguera del colonialismo puede negar que la Estadidad está en la papeleta plebiscitaria. Para ver la mentira basta con leer el texto que aparecerá en la propia papeleta de acuerdo a la ley del plebiscito. Además, los informes del Task Force Presidencial sobre el status de Puerto Rico y toda la discusión en el Congreso sobre este asunto han reconocido que es apropiado que esa opción aparezca en la papeleta. Y, la mayoría de los electores de Puerto Rico quieren votar por ella. ¿Por qué entonces RHC niega que la Estadidad esté en la papeleta?
Lo niega porque sabe que la Estadidad es superior y le ganará al ELA en el plebiscito. Pretende sustituirla con un concepto localmente extraño para distorsionar lo que esa opción significa. No habría nada extraño en ser territorio incorporado. Para todo propósito práctico ya Puerto Rico ha sido tratado como tal por décadas. Que el Congreso estableciera que Puerto Rico es un territorio incorporado cambiaría muy poco nuestra condición política y haría definitivo que el destino político de Puerto Rico es convertirse en un estado, algo que, de todas maneras, ya es bastante claro. ¿Que habría que pagar contribuciones federales si fuéramos territorio incorporado? Sí, en su momento, según progresemos en convertirnos en un estado y teniendo claro que en la misma proporción que paguemos impuestos se aumentarán los beneficios hasta alcanzar la paridad con los estados. Por todo lo anterior, queda claro que el territorio incorporado es una opción de status muy superior a el ‘ELA’.
Pero no es el territorio incorporado lo que los puertorriqueños pedimos sino la Estadidad según aparece en la papeleta: en igualdad con los otros 50 estados. En los casos más recientes de admisión de estados (Alaska, 1959; y, Hawaii, 1960), antes de ser admitidos a la Unión como estados, fueron territorios incorporados. La realidad, sin embargo, es que nada hay en la Constitución ni en la tradición que obligue a una entidad política a ser territorio incorporado antes de ser estado. Vermont y Texas (por no hablar de los 13 estados originales) fueron directamente de ser repúblicas soberanas a ser estados de la Unión. Nada impide que Puerto Rico pueda ir directamente de su condición actual a ser un estado de la Unión sin pasar por la condición de territorio incorporado. Por la Cláusula de Admisión (Constitución de EE.UU., Art IV, Sec. 3 Pár. 1), el Congreso tiene el poder para admitir nuevos estados y no se le impone limitación alguna a este poder ni se establece condición alguna que debe cumplir el territorio que se admite a la Unión (a menos que sea parte de un estado ya existente).
Una vez los puertorriqueños votemos a favor de la Estadidad y la peticionemos en el Congreso comenzará el proceso de admitirnos a la Unión con la aprobación de una ley habilitadora que trazará el curso del proceso, ya sea como territorio incorporado o bajo la presente condición. Sobre ese proceso y los otros descabellados argumentos económicos de RHC serán mis próximas columnas. No se las pierda.
La estrategia económica del PPD y sus fundamentos
Evaluación del plan de Rafael Hernández Colón para revitalizar la economía
Foto: EL VOCERO/Archivo/Dennis A. Jones.
Recientemente, el exgobernador de Puerto Rico, honorable Rafael Hernández Colón, publicó en este periódico una columna de opinión que lleva por título ‘Proyecto para revitalizar la economía’ (EL VOCERO, 9/mayo/2012, p. 24). En ese escrito, el licenciado Hernández Colón propone unas ideas dirigidas a promover “el desarrollo de una economía sostenible que nos permita incorporar a la fuerza trabajadora una mayor parte de nuestra población”.
En esencia, las recomendaciones del exgobernador se pueden resumir en cuatro componentes principales: (1) reestructurar los programas de beneficencia para fomentar, en vez de desalentar el trabajo; (2) volver a establecer un incentivo contributivo federal y atarlo a la creación de empleos; (3) flexibilizar las normas laborales; y (4) transformar o reinventar las agencias claves del gobierno y provocar un sentido de misión enfocado en políticas de desarrollo vanguardistas.
Debido a la importancia histórica de la figura del licenciado Hernández Colón dentro del Partido Popular Democrático (PPD), y dado el hecho de que este le provee un trasfondo intelectual a muchas de las ideas que surgen de esa organización política, nos parece correcto concluir que esas propuestas constituyen un componente esencial de la estrategia económica que ofrece ese partido. Por las mismas razones, es muy probable que esas ideas constituyan parte integral de la plataforma económica que propondrá el candidato a la gobernación por el PPD de cara a las elecciones de noviembre. Dentro de ese contexto, resulta pertinente analizar esas recomendaciones.
El análisis debe considerar dos aspectos principales. En primer lugar, se debe analizar el marco ideológico, en términos de status, dentro del cual se podrían implantar esas propuestas. En segundo lugar, hay que considerar los fundamentos económicos para las mismas.
Con relación a la ideología política, aunque la intención del licenciado Hernández Colón es defender el status actual, sería más fácil implantar sus recomendaciones bajo la Independencia.
Si fuera cierto que los programas de beneficencia federales desalientan el trabajo, pues bajo la Independencia no tendríamos que seguir lidiando con estos. Si las contribuciones federales son un problema, eso también se podría resolver separándonos de Estados Unidos. De igual forma, la Independencia nos proveería una manera efectiva de eliminar la aplicación en la Isla del salario mínimo federal y de otras normas y reglas laborales. Desde luego, bajo la Independencia, Puerto Rico también tendría completa libertad para reenfocar las operaciones del gobierno local, aunque esto sería igual bajo las tres fórmulas de status.
En términos económicos, tampoco parecen estar muy claras las bases sobre las cuales se sustentan las propuestas del exgobernador. Con relación a los programas de beneficencia y las normas laborales, si bien es cierto que existe la percepción de que ambos son perjudiciales al desarrollo económico, no es menos cierto que la evidencia empírica no necesariamente apoya esa conclusión.
A manera de ejemplo, desde el año 2006, la economía de Puerto Rico está en recesión. La reglamentación laboral en Puerto Rico, sin embargo, y los programas de beneficencia federales, no sufrieron grandes cambios alrededor de esa fecha. Por lo tanto, en estricta lógica, no puede adjudicársele la culpa por el deterioro en la economía a esa reglamentación laboral ni a esos programas de ayudas sociales.
La evidencia relacionada con los programas de incentivos contributivos es todavía más débil. Tomemos como ejemplo la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, la cual comenzó en octubre de 1976.
Desde mediados de los años 60, casi coincidiendo con el comienzo de la Sección 936 (y no con su final), la economía de Puerto Rico comenzó un proceso de deterioro que no ha terminado todavía. Ese deterioro está evidenciado, entre otros, por el comportamiento del Producto Nacional Bruto y por los datos relacionados con el empleo en la Isla.
De 1948 a 1979, el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico creció, en términos reales, a una tasa promedio anual de 5.56%. Luego de implantada la Sección 936, desde 1980 hasta el presente, esa tasa se redujo a 1.52%. Si consideramos el mercado laboral, en 1970 la tasa de desempleo anual fue de 10.3%. Desde entonces, aun después de establecida la Sección 936, la tasa de desempleo anual nunca ha estado por debajo de ese nivel. Algo similar ha ocurrido con relación a la tasa de participación, la cual estaba en 47.9% en 1970 y nunca ha sido superada desde entonces, aunque en 2006 se igualó.
A través de nuestro status político actual, a los puertorriqueños se nos violan unos derechos humanos fundamentales. Esa violación de derechos se manifiesta, entre otras, de dos formas principales. En primer lugar, los residentes de la Isla estamos sujetos a las decisiones de un gobierno al que no ayudamos a elegir y en el cual no tenemos una representación adecuada. En segundo lugar, y aun con esa falta de participación en el Gobierno federal, los puertorriqueños le pagamos impuestos a ese mismo gobierno.
Aun ante esa violación a nuestros derechos humanos fundamentales, el PPD defiende el status político actual de la Isla aduciendo que el mismo ofrece beneficios de índole económica. Dado el hecho de que la estrategia económica que proponen se puede lograr a través de la Idependencia, no existe fundamento alguno para que el PPD insista en defender el status colonial que impera en la Isla y que resulta en una violación de derechos humanos fundamentales a los puertorriqueños. Si a eso le añadimos el hecho de que la evidencia empírica disponible demuestra que sus propuestas no ofrecen beneficios económicos reales, es necesario concluir que las propuestas económicas del PPD carecen de fundamentos.
¿Hasta cuándo piensa seguir el PPD defendiendo un status político que en nada beneficia a nuestra economía y que solamente sirve para que se nos violen nuestros derechos humanos?
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