“Ni siquiera han podido implantar las soluciones que prometieron para los problemas que ellos mismos identificaron como los prioritarios”.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, prometió que el mismo día en que tomara posesión de su cargo, el 2 de enero de 2013, convocaría a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para aprobar una reforma legislativa que incluiría, entre otras cosas, el reemplazo del legislador a tiempo completo por el legislador ciudadano, la eliminación de la segunda sesión ordinaria anual y una reducción del 30% en los gastos de la Asamblea Legislativa. Además, prometió que uno de sus primeros actos como gobernador sería la eliminación de la cuota de $800 anuales que se les impuso a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Luego de los primeros días de su administración, sin embargo, el gobernador García Padilla no había citado la prometida sesión extraordinaria. En su lugar, tenía un motín a bordo de legisladores de su propio partido, bajo el liderato de los designados presidentes de ambas cámaras legislativas, retrasando o impidiendo la implantación de la prometida reforma legislativa. Además, el Gobernador indicó que no podía derogar la cuota de $800 porque de hacerlo estaría violando la autonomía universitaria.

En lugar de cumplir con esas dos promesas, el Gobernador emitió las siguientes cuatro Órdenes Ejecutivas:

Boletín Administrativo Núm. OE-2013-001: Autoriza la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico para brindar apoyo en las labores de vigilancia en las zonas portuarias y aeropuertos a los fines de impedir la entrada de drogas y armas ilegales a la Isla. De esta forma, el Gobierno de Puerto Rico incursionó en un campo que –bajo el estatus político actual de Puerto Rico– está dentro del radio de acción del Gobierno federal. No se indicó, sin embargo, cómo se impedirá la entrada de drogas y armas ilegales por otros lugares aparte de los puertos y aeropuertos. Ante el grave problema de déficit presupuestario que todavía enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, tampoco se informó el costo de cumplir con esta Orden Ejecutiva.

Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002: Ordena que se consulte con la Secretaria de la Gobernación antes de hacer cualquier nombramiento a plazas vacantes, otorgar nuevos contratos o enmendar contratos existentes. Esto ya se ha convertido en la práctica operacional normal del Gobierno de Puerto Rico desde el año 1993.

Boletín Administrativo Núm. OE-2013-003: Implementa las siguientes medidas de control de gastos:  (1) prohíbe que los jefes de agencia usen el vehículo oficial para propósitos personales;  (2) prohíbe el uso de fondos públicos para pagar escoltas y personal de seguridad para jefes de agencia; (3) prohíbe el uso de fondos públicos para el pago de teléfonos celulares y dispositivos similares; (4) prohíbe el uso de tarjetas de crédito excepto para usos esenciales autorizados por la Secretaria de la Gobernación;  y (5) requiere la aprobación de la Secretaria de la Gobernación para viajes fuera de Puerto Rico. Algunas de estas prohibiciones ya están contenidas en la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, conocida como ‘Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.

Boletín Administrativo Núm. OE-2013-004: Ordena la restitución del nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todo documento y comunicación oficial del Gobierno de Puerto Rico.  No se informó el impacto presupuestario de esta acción cuyo único propósito es tratar de mantener vivo un estatus político que el Pueblo rechazó en las urnas.

Un cuatrienio tiene 1,460 días. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos al llegar a conclusiones a base de los primeros días de una administración. Aun así, luego de examinar los eventos hasta la fecha, tres conclusiones ya son evidentes sobre la nueva administración: (1) no llegaron al poder con soluciones claras y listas para implantar, para resolver los problemas más apremiantes que enfrenta el País; (2) los problemas que han escogido atender no son los más importantes y algunos de estos ya estaban siendo atendidos; y (3) ni siquiera han podido implantar las soluciones que prometieron para los problemas que ellos mismos identificaron como los prioritarios.

¿Qué va a pasar con los problemas verdaderamente importantes para los que ni siquiera han identificado las soluciones? Por ejemplo: ¿Cuándo y cómo van a resolver el problema del déficit actuarial del Sistema de Retiro de los empleados públicos? ¿Cómo van a eliminar finalmente el déficit presupuestario del Gobierno? ¿Cómo específicamente van a crear los 50 mil nuevos empleos que prometieron? ¿Qué le van a decir a las casas acreditadoras cuando vengan a pedirles explicaciones y no puedan argumentar que todavía no han llegado al poder?

Dios quiera y me equivoque, pero –por lo que veo– para Puerto Rico esto no pinta bien.

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Posible un aumento a la tarifa del agua

En el 2005 se aprobó un aumento en la tarifa y aumentos automáticos periódicamente de un 4.5 por ciento.El Vocero / Archivo / Luis A. López