Fondo General no aguantaría carga adicional con Ley de Empleos Ahora

Melba Acosta, designada secretaria del Departamento de Hacienda. (Josian Bruno Gómez/NotiCel)

Acosta dijo a NotiCel que el crédito energético propuesto en la Ley “es una medida que no tiene un costo grande”, ya que argumentó que son personas que estaban desempleadas, por lo que Hacienda no les retenía de su salario unas contribuciones.

“El crédito energético esta basado en la premisa de que esas contribuciones de ese empleado nuevo que yo no las tengo, por 18 meses se le van a pasar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para pagar la electricidad”, apuntó.

Aunque reconoce que los empleos nuevos de personas que ganen menos de $20 mil anuales no están sujetos al pago de contribuciones.

Sin embargo, la funcionaria señaló que esta persona estaría adquiriendo bienes y servicios, por lo que tendría que pagar Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

“Nosotros hicimos un estimado de cuánto podría ser el costo, era de $58 millones en total, pero gran parte de eso va a venir de las mismas retenciones del empleado. Cualquier costo que haya de los (empleados) que no se le retienen las contribuciones, el acuerdo es que vamos a pagarlo 50% Hacienda y 50% AEE“, detalló.

De otro lado, Acosta rechazó que por el momento se tenga que recurrir al Fondo General para cubrir estos incentivos, como el director de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere,adelantó que ocurriría si no estaban disponibles los fondos de la Ley 52 ni de WIA.

“No tengo un estimado para eso (impacto para el fisco), pero de nuevo los fondos de la Ley 52 están disponible, después WIA y tercero vendría el Fondo General. Ahora mismo entendemos (que se van a trabajar los incentivos) con la Ley del Departamento de Trabajo y eso es lo que he oído del Secretario”.

No obstante, el propio Vance Thomas, designado Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ha aceptado que los $5 millones que actualmente cuenta el fondo de la Ley 52, no se pueden usar para la Ley de Empleos Ahora. Habría que esperar al próximo ciclo que comienza este mes para costear estos incentivos con la Ley 52, pero los fondos no están disponibles hasta verano. Y dijo que los fondos de WIA eran para adiestramientos y los desplazados.

Siendo así, al DTRH solo le quedaría usar un pote de entre $2 a $3 millones de la Ley 82.

La pregunta que quedó siempre sobre el tintero es si, ¿$3 millones son suficientes para costear por cerca de 4 o 5 meses los incentivos que promueve la Ley sin tener que recurrir al Fondo General?

Para analizar el impacto que pueda tener para el fisco el que los incentivos se tengan que costear con el Fondo General, NotiCel contactó a Quiñones, quien es catedrático del Departamento de Economía, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

De primera instancia Quiñones opinó que con la legislación presentada a la Legislatura por el gobernador Alejandro García Padilla, “lamentablemente seguimos aplicando viejas fórmulas a viejos problemas. Esta economía esta en crisis, en una prolongada recesión, que tenemos como resultado principal de un modelo de desarrollo económico basado en la otorgación de múltiples incentivos sin exigir que se cumplan los debidos objetivos económicos por los cuales se reciben esos incentivos“.

A su juicio el Gobierno debe dejar de pensar que la única manera de promover el desarrollo económico del país es otorgando incentivos.

“Hay otras rutas a seguir para incentivar la actividad económica que podría ser la negación de incentivos a ciertos sectores y no la ampliación de incentivos“, determinó.

Al mismo tiempo que añadió que “aquí se otorgan incentivos de todo tipo, pero principalmente los contributivos, que desangran el erario y que el sistema de administración pública no evalúa periódicamente la efectividad de tales incentivos. Y peor aún, cuando se otorgan los incentivos no exige contractualmente unos objetivos económicos que resultaría en mayor crecimiento, mayor empleo para la economía del país“.

Quiñones trajo a las atención que muchas de las exenciones aprobadas en la Legislatura no fueron estudiadas adecuadamente o fueron diseñadas “por las mismas entidades que iban a ser beneficiadas por los incentivos, lo cual representa un conflicto de interés que es insalvable“.

Por esto fue enfático que se deben revisar todas las leyes de exenciones contributivas aprobadas y ver si se cumplieron con sus objetivos de creación, sino hacer ajustes.

“Cada dólar de incentivo que otorgue el Estado, tiene que tener unas cláusulas de acero, con garras, de que ese dólar, si no lo han utilizado efectivamente, se retira. Eso requiere del Estado un proceso de fiscalización continuo, no solamente con las PYMES, sino con las grandes empresas a nivel de Fomento Industrial”, observó.

Si se sigue condicionando el crecimiento de la actividad económica de Puerto Rico al otorgamiento de exenciones sin mecanismos de fiscalización, al final Quiñones entiende que lo que se conseguirá es seguir profundizando la crisis fiscal que atraviesa el país.

Para Quiñones detrás de la movida de la nueva administración lo que se ve es que “existe un estado de desesperación, porque el desastre total es inminente. Es decir, el momento en que finalmente el crédito del Estado Libre Asociado en su totalidad sea tirado a chatarra, esta cada vez más cerca. La contracción en la economía de Puerto Rico es innegable ya, por más que la administración pasada (del exgobernador Luis Fortuño) tratara de decir lo contrario. La economía norteamericana en el último trimestre del año 2012 experimentó una contracción. Aquí existe una situación de estado de emergencia económica, además de social, pero esto no puede servir de pretexto para continuar con el mismo curso de acción, con los subsidios indiscriminados al sector privado“.

Quiñones sostuvo que el Fondo General no se puede seguir comprometiendo más, ya que no podrá cumplir con sus obligaciones como le han advertido Moody’s y Standard & Poor’s.

El pasado diciembre Moody’s le dio un cantazo al gobierno de Puerto Rico al bajar el crédito a la clasificación BAA1.

“Estamos hablando de un peldaño antes de la clasificación ’non-investment-grade’, lo que llamamos chatarra. Esa es la dirección que nos dirigimos y el principal problema es los sistemas de Retiro”, sentenció Quiñones.

De hecho, el plazo que le ha dado S&P a la nueva administración para atender la situación de Retiro, sin que se afecte el crédito de Puerto Rico, esta a la vuelta de la esquina.

Del mismo modo, Quiñones reiteró que el principal objetivo de Hacienda debe ser ir contra los evasores contributivos, no solamente del IVU sino de otras contribuciones. La evasión contributiva se concentra en los sectores de altos niveles de ingresos del país, que van desde individuos, corporaciones y sociedades.

“Mientras Hacienda siga en manos del bufete McConnell Valdés, no va a poder recaudar lo que tiene que recaudar”, planteó.

Entre trajo a la atención la práctica de los gobiernos de nombrar a personas que provienen de este bufete para ser titulares de Hacienda, lo que “están institucionalmente impedidos o impedidas de poder llevar a cabo las políticas que se tienen que llevar. Es un conflicto de interés inherente“, pues muchas veces al concluir su carrera pública regresan al sector privado.

Finalmente, Quiñones aseveró que el norte del Gobierno debe ser lograr una mayor captación en los recaudos, reducir el “despilfarro” de fondos públicos en las dependencias gubernamentales, y atender el nivel de endeudamiento del sector público que argumentó la cifra sobrepasa el tamaño del Producto Nacional Bruto.

De esta manera, “el Estado contaría con un financiamiento adicional que si lo utiliza como es debido, y atiende la situación de los sistemas de Retiro, principalmente y prioritariamente, podría liberarse un poco y gradualmente ir disminuyendo la carga al Fondo General. En la medida que pueda hacer eso, el gasto de inversión pública podrían utilizarse, pero debe ir sincronizado con una nueva estrategia de crecimiento económico”.

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