“Las acciones de la actual administración han validado lo imperativo de la austeridad”

Lcdo. Yesef Y. Cordero Lebrón, MBA,Exsecretario de Vivienda

Para bien o para mal, con o sin justificación, la administración de Luis Fortuño estuvo marcada desde su comienzo por las medidas de austeridad que fueron necesarias para intentar estabilizar el precario estado de las finanzas públicas. En particular, la Ley 7-2009 fue el ícono con que los opositores a la administración de entonces demonizaron al gobierno por las medidas de austeridad. Tan es así que hasta el final de la campaña electoral pasada se condenaba al incumbente por la insensibilidad, o peor aun, la crueldad con la que había trastocado la vida de los alegados cesanteados por la Ley 7-2009.

Cuando veía esos ataques a la administración pasada, no pensaba en las sensibilidades que podían herirse. En su lugar, contemplaba con tristeza y pena cómo la administración entrante (la que fuera) iba a tener que lidiar con el magno problema de las finanzas públicas de nuestra Isla. Por una parte, si ganaba el incumbente, definitivamente iba a tener que tomar medidas más drásticas a las tomadas en el primer cuatrienio, le gustara o no. Por otra parte, si ganaba el retador, indudablemente iba a darse cuenta de la realidad fiscal y que, tal vez inadvertidamente, había cavado su propia tumba por las expectativas tan altas que había vendido al electorado. Luego vendría obligado a renegar de ellas.

Esta dicotomía aplicable a cualquier administración entrante se debía a varios factores innegables. Primero, con todo y las reducciones de gastos y los aumentos en recaudos bajo la pasada administración, todavía nos quedaba un largo trecho, pues el abismo en el que nos encontrábamos era sumamente profundo (e.j., el déficit actuarial y el déficit en caja del Sistema de Retiro). Segundo, la administración entrante no tendría los más de $4 mil millones de fondos ARRA que sí tuvo la administración pasada. Tercero, una parte significativa del presupuesto de los pasados cuatro años fue provisto por un Fondo de Estabilización (sobre $4 mil millones) que no estaría disponible en este cuatrienio. Por último, y contrario a lo que muchos pregonaban, la economía de Puerto Rico continuaba estancada y nunca arrancó al nivel que se necesitaba. Lamentablemente, esa era la realidad que le tocaría al que fuera gobernador el 2 de enero de 2013.

Podemos diferir sobre si las medidas de austeridad adoptadas por la pasada administración fueron efectivas o inefectivas, bien o mal implantadas, defectuosas o meritorias en su concepción. Ese debate podemos discutirlo en otro foro aunque pienso que el nivel de desconfianza entre los exponentes a favor o en contra de las medidas de austeridad adoptadas en el pasado cuatrienio hace virtualmente imposible tener un debate sosegado. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que la austeridad era un imperativo impostergable, y como tal, era un mal necesario. No era una cuestión de si iba o no la austeridad, ni siquiera era cuestión de cuándo, sino de cómo y cuáles medidas de austeridad se implantarían.

Las acciones de la actual administración han validado lo imperativo de la austeridad. Las medidas de control de gastos, los aumentos en el agua y la electricidad, así como la transacción del aeropuerto LMM y el aumento al arbitrio a las empresas foráneas, evidencian lo que algunos sabíamos desde hace tiempo y no nos creían o no nos querían creer: no hay ni habrá por buen tiempo dinero en el gobierno para sostener nuestros estilos y estándares de vida. La actual administración ya lo sabe, y tendrá que ajustar y controlar gastos aun más que la pasada administración; y esto, con o sin Ley 7. Ahora saben que no es lo mismo con guitarra que con violín.

Twitter: @YesefY

Medidas impositivas disfrazadas de programas  para crear empleos. De donde saldran los fondos para repagar los beneficios o incentivos a las empresas que reporten nuevos empleados? Que pasara si no se recaudan los nuevos impuestos para sufragar este programa.? Esta ley luce como bien dificil de administrar y podria causar que mas empresas creen dependencias en el gobierno de turno para obtener estos beneficios, que en legitimamente aumentar operaciones rentables. Podria resultar en mas gasto en administrarla que en el beneficio neto de los nuevos empleos creados. Alguien  ha hecho un estudio de costo y beneficio a la economia local de esta medida?