El senador Charles Schumer somete el mismo proyecto en el Senado federal.

El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, denunció hoy en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal la disparidad que enfrentan los beneficiarios de Medicare en la Isla y reiteró su insatisfacción ante el hecho de que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde los individuos que son elegibles para recibir los beneficios de la Parte A tienen que hacer las gestiones para recibir los beneficios de la Parte B, cuando en los demás estados y territorios es automático.

Pierluisi presentó su proyecto de ley Puerto Rico Medicare Part B Equity Act, el cual busca enmendar esta cláusula que ha afectado negativamente a miles de individuos de tercera edad y discapacitados en la Isla.

“Mi proyecto enmendaría la ley federal para que en el futuro los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico sean tratados igual que sus conciudadanos en cualquiera de las otras jurisdicciones estadounidenses al ser inscritos automáticamente en la Parte B, con la opción de salirse al así desearlo. Por otro lado, reduciría en 85% la penalidad mensual impuesta, para así aliviar la carga económica de aquellos que se inscribieron tardíamente, la mayoría de las veces por no conocer las consecuencias”, explicó Pierluisi.

“Finalmente, el proyecto autorizaría un período especial de inscripción donde los beneficiarios que no están inscritos en la Parte B podrían inscribirse pagando un sobrecargo mensual cuya cantidad sería 85% menos que la penalidad a la que quedarían sujetos bajo la ley actual” añadió.

Medicare es un programa federal de seguro médico para las personas de la tercera edad y ciertos individuos con discapacidades. A los 65 años la mayoría de las personas son elegibles para Medicare Parte A, la cual incluye cuidado hospitalario. En todos los estados y territorios, excepto en Puerto Rico, los individuos inscritos en la Parte A son automáticamente inscritos en la Parte B, la cual requiere una prima mensual para incluir los servicios de los médicos y del cuidado ambulatorio. Las personas elegibles en Estados Unidos que no desean la Parte B pueden optar por no ser inscritos, pero los beneficiarios en Puerto Rico tienen que solicitar para ingresar.

“Puerto Rico tiene la participación más baja de la nación en la Parte B de Medicare – sólo el 81% de los beneficiaros están inscritos en la Isla mientras que el promedio nacional es de 92%. Un mínimo de 130,000 residentes en la Isla están inscritos en la Parte A pero no en la Parte B. Reitero mi insatisfacción ante el hecho de que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde los individuos que son elegibles para recibir los beneficios de la Parte A de Medicare tienen que hacer las gestiones para recibir los beneficios de la Parte B, cuando en los demás estados y territorios es automático”, expresó el Comisionado Residente.

Otro problema de este proceso, enfatizó Pierluisi, es el período de inscripción inicial de un máximo de 7 meses que establece la ley. Si los beneficiarios deciden inscribirse luego de ese período, son obligados a pagar penalidades sustanciales, esto es un incremento de 10% en la prima mensual de la Parte B por cada año que no ingresó en la misma desde que el período de inscripción inicial terminó. Esa penalidad es permanente, lo cual significa que se sigue pagando mientras el individuo esté inscrito en la Parte B, que puede ser por décadas.

“Pasan los años y las agencias federales responsables de informar a los beneficiarios en Puerto Rico sobre el requisito de solicitar para la Parte B y las consecuencias de inscribirse tarde, no han hecho su trabajo como Dios manda. Muchos de mis constituyentes no se dan cuenta de que no están incluidos en la Parte B hasta que se enferman y necesitan ver a un médico pero ya han pasado los siete meses de período de inscripción”, sostuvo Pierluisi.

“El estándar de la prima mensual para la Parte B de Medicare es $105. Las personas que se inscriben dos años más tarde, por ejemplo, tienen que pagar una penalidad de 20%, es decir $21 más al mes. Al final del año, la penalidad suma $252 y al final de 20 años es de $5,000”, añadió.

El Comisionado Residente denunció que el requisito que exige que los puertorriqueños tengan que solicitar ser incluidos a la Parte B de Medicare y la falta de educación e información a los beneficiarios en la Isla ha tenido consecuencias graves y predecibles.

Pierluisi explicó que actualmente 53,000 beneficiarios de la Parte B en Puerto Rico se han inscrito después del término reglamentario de siete meses y están pagando una penalidad de por vida. Estos envejecientes, la mayoría de los cuales son de recursos limitados, están pagando sobre $7 millones al año en penalidades al gobierno federal.

“Es insostenible y profundamente injusto que mis constituyentes se vean obligados a gastar su dinero en penalidades al gobierno federal en vez de utilizarlo para sus necesidades básicas y para sus familias. He trabajado junto al Senador Schumer para que las agencias federales responsables tomen los pasos necesarios para mejorar los materiales educativos provistos a los beneficiarios en la Isla y reconozco que han tomado cartas en el asunto como respuesta a nuestras exigencias. Sin embargo, la única solución verdadera a este problema es a través de legislación”, afirmó el Comisionado Residente.

Pierluisi dijo que espera continuar trabajando con sus colegas en la Cámara y el Senado para aprobar esta versión modificada de su legislación bipartita, presentada en el Congreso pasado, hasta convertirla en ley y agradeció el apoyo que ha demostrado el Senador Charles Schumer, quien presentó hoy el mismo proyecto de ley en el Senado federal.