WASHINGTON –  Para el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, el gobernador Alejandro García Padilla “no puede gastar fondos públicos para desmentir, disputar, menospreciar o ignorar lo que el pueblo expresó en el plebiscito” de status de 2012.

Aunque reconoce que el gobernador García Padilla tiene derecho a “la libre expresión”, “no puede gastar ni un peso para echar hacia atrás el resultado del plebiscito”.

A raíz de la contratación por parte del gobernador de la empresa de cabildeo del republicano Charlie Black, Prime Policy Group – a un costo de hasta $250,000 entre febrero y junio -, Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), ha advertido que a cualquier asomo de que se utilizan fondos públicos para combatir el resultado del plebiscito, presentará una demanda en los tribunales.

García Padilla no ha precisado si las tareas de Black, un conocido consultor republicano que ha asesorado a gobiernos del PPD durante las últimas tres décadas, incluyen atender el tema del status.

«Sería inconstitucional que se utilicen fondos del pueblo para cabildear en contra de lo que el pueblo ya decidió», ha insistido el comisionado Pierluisi, quien regresaba esta tarde a Washington después de una semana en San Juan.

En el plebiscito del 6 de noviembre de 2012, el 54 % de los electores rechazó el actual status territorial de ELA, mientras un 61 % apoyó la Estadidad frente a la Independencia y el Estado Libre Asociado soberano. El porcentaje a favor de la Estadidad se queda en cerca de 45 % cuando se suman los votos en blanco solicitados por el ahora gobernador García Padilla García Padilla, quien también llegaba esta tarde a Washington para participar este fin de semana de la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, pareció minimizar en San Juan las advertencias de Pierluisi. “Sobre ese tema, en particular, bendito sea Dios, nadie puede ir en contra de la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo es clara. El 55% de los puertorriqueños rechazaron la estadidad. Esa es la verdad”, manifestó García Padilla, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones hechas en San Juan.

Pierluisi marcó diferencia entre la situación legal a la que considera se enfrenta ahora el gobernador García Padilla y las que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Pedro Rosselló a mediados de la década de 1990 cuando él era su secretario de Justicia.

Tras el plebiscito criollo de 1993, en el cual el Estado Libre Asociado (ELA) obtuvo el 48.6% por ciento de los votos, el gobierno de Pedro Rosselló realizó gestiones de cabildeo a favor de un proyecto de ley que buscaba terminar con el actual status territorial.

En las últimas décadas, ningún Gobierno de Puerto Rico ha destinado más fondos públicos a gestiones de cabildeo en Washington que el de Rosselló, que gastó cerca de $5.5 millones anuales en esas tareas.

“(A Pierluisi) nunca le preocupó el gasto injustificado en cabildeo de las administraciones de Luis Fortuño y Pedro Rosselló, y fue parte de ambas. En ambos gobiernos se promovieron proyectos pro estadidad, una petición que nunca ha sido avalada por la mayoría de los puertorriqueños en las urnas”, indicó el representante del PPD Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

“Eran fondos dirigidos a propulsar un plebiscito (de alternativas de status), no dirigidos a favorecer una fórmula de status”, respondió Pierluisi.

Vega Ramos, por su parte, dijo que el gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de “aclarar” en Washington los resultados de la consulta de status de noviembre pasado y promover la promesa del presidente Barack Obama de convocar a un “plebiscito justo” vinculante para el Congreso.

El representante del PPD, a su vez, no descartó que la Legislatura de Puerto Rico apruebe resoluciones que “aclaren la tergiversación” que hiciera el PNP “en torno a los resultados del plebiscito”.