“La improvisación, la falta de transparencia y participación ciudadana que caracterizó la elaboración de la propuesta, no nos libera de la inminencia de una degradación crediticia”

En mi columna del pasado miércoles señalaba que el juego politiquero con fines electorales, las prioridades trastocadas, el no imprimirle sentido de urgencia al proceso de elaborar un plan para salvar el Sistema de Retiro de los empleados públicos y la patente falta de liderato de la presente Administración de Alejandro García Padilla, nos ubicaba a días o semanas de una degradación a chatarra del crédito del Gobierno por parte de las agencias acreditadoras.

Ese mismo día, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el presidente designado del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer, anunciaron los lineamientos generales de un borrador de plan para solventar el Sistema de Retiro gubernamental y el viernes le presentaron el mismo a los representantes de las agencias acreditadoras de Wall Street. Justamente el mismo día que vencía el plazo otorgado por las casas clasificadoras al Gobierno local para presentarle una propuesta al respecto y evitar la degradación a chatarra de sus bonos.

Me temo que el que se dejara para última hora su confección y presentación pública, así como la improvisación, la falta de transparencia y participación ciudadana que caracterizó la elaboración de la propuesta, no nos libera de la inminencia de una degradación crediticia. Más aun, cuando el plan presentado no se encuentra en su forma final, pues todavía está por darse la discusión pública y consiguiente aprobación legislativa del mismo. Y que la insolvencia del sistema público de retiro no constituye el único factor que puede detonar la bomba crediticia, sino también la falta de una propuesta específica para reducir significativamente el déficit fiscal de $2,200 millones en el Fondo General antes del 1ro. de julio. Es de esperar que el proceso de discusión, vistas públicas y aprobación legislativa genere mucha oposición, enmiendas y controversias enconadas al respecto. Ojalá y me equivoque y todavía se esté a tiempo para evitar la desastrosa degradación crediticia.

Sin embargo, aunque el salvamento del Sistema de Retiro del Gobierno requiere que todo el mundo asuma su cuota de sacrificio, no es justo ni razonable que la mayor carga recaiga sobre los más vulnerables y necesitados y que los poderosos y privilegiados no asuman ninguna responsabilidad. Las pensiones ‘cadillac’ de la judicatura, legisladores, alcaldes y otros funcionarios públicos carecen de justificación alguna en el presente escenario. Así también, ya es hora que las corporaciones farmacéuticas y de instrumentos médicos que generan decenas de billones en ganancias anuales de sus operaciones en Puerto Rico aporten un poco más al bienestar general que los pocos empleos directos e indirectos que actualmente crean. Después de todo, el previamente arraigado dogma que la exención contributiva local al gran capital es la fuente principal de nuestro inexistente crecimiento y pujanza económica, hace décadas que la evidencia empírica y la experiencia histórica lo desmintió.