La Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) exhortó, el domingo, al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y al senador Miguel Pereira, a que excluyan del Proyecto del Senado 1 y no aprueben la derogación del artículo 200 del Código Penal, popularmente conocido como la Ley Tito Kayak, que tipifica como delito la “obstrucción o paralización de obras” de construcción.

Antonio Joglar Moreno, presidente de la organización, que representa a los principales productores de hormigón, fabricantes de bloques y prefabricados de concreto, señaló que la eliminación del artículo 200, daría consentimiento a diferentes grupos y sectores a tomar la justicia en sus manos y paralizar obras de construcción con las que no estén conformes.

El ingeniero advirtió que eliminar esa legislación, pudiera generar una polarización grave entre los sectores afectados y se enviaría un mensaje equivocado a los grupos o personas opositores de proyectos de construcción, de que tienen el camino libre para irrumpir en obras públicas y privadas de construcción.

A través de un comunicado de prensa, el ingeniero expresó que en la sesión senatorial mañana, lunes, “el Senado aún puede eliminar del Proyecto del Senado 1, la derogación del artículo 200, que no formaba parte del proyecto original y que representa un retroceso a la estabilidad de los permisos y la certeza de la construcción de obras”.

“La medida tiene el efecto de convertir en chatarra aquel permiso que sea aprobado conforme a la ley, puesto que cualquiera tendrían libertad para obstruir o paralizar una obra a su entera discreción y capricho”, manifestó.

“La derogación de esta disposición penal no crea un solo empleo en el País, pero sí añade elementos sumamente nocivos que alejan la inversión de capital, desalientan nuevos proyectos de construcción y pone el camino más difícil a la industria de construcción que Puerto Rico necesita para levantar su economía”, sostuvo.

El Proyecto del Senado 1, enmendaría el Artículo 243, que tipifica como delito menos grave obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos oficiales. Al presente, el estatuto sanciona esa conducta, pero excluye de su aplicación a “personas que por razón de su cargo, oficio o actividad tienen el deber, responsabilidad o la obligación de mantener el orden”. La medida -de la autoría del presidente senatorial, Eduardo Bhatia, y el senador Ramón Ruiz Nieves- propone eliminar esa excepción.

La pieza legislativa, además, derogaría los artículos 247 y 297, que penalizan, respectivamente, la “obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”, al igual que la “resistencia u obstrucción a la función legislativa”.

María de Lourdes Martínez, portavoz de Bhatia, informó la tarde del domingo que el proyecto fue enmendado para incluir además la eliminación del artículo 200 en la versión final que se llevará a votación. Mientras, la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una medida que ordenaba la derogación del mismo.

Estos artículos fueron incluidos en el nuevo Código Penal, aprobado en el 2012 bajo el gobierno de Luis Fortuño, y fueron criticados enérgicamente por coartar el derecho constitucional a la libre expresión.

Finalmente, Joglar Moreno instó a Bhatia y a Pereira a no equiparar la derogación del artículo 200 con la eliminación de otras restricciones a la libertad de expresión.

“El Senado no debe repetir el serio error legislativo de aprobar de forma inflexible esta legislación, sin dar peso alguno a la opinión ampliamente fundamentada del Departamento de Justicia, que recomendó la revisión y no la derogación del artículo 200”, concluyó .

El artículo 200 del Código Penal prohíbe impedir obras de construcción o movimientos de terreno que cuenten con los permisos o endosos de las agencias.

La llamada “Ley Tito Kayak” será derogada esta tarde cuando la Cámara de Representantes considere el proyecto que, además, elimina de la faz del Código Penal de 2012 los artículos que establecen como delito la resistencia u obstrucción a la función legislativa y la obstrucción a las instituciones educativas, de salud o edificios en los que se ofrecen servicios de gobierno.

El artículo 200 del Código Penal prohíbe impedir obras de construcción o movimientos de terreno que cuenten con los permisos o endosos de las agencias.

El secretario de Justicia Luis Sánchez había propuesto que sólo se enmendara para que no fuera tan punitiva. La pieza legislativa pasará luego de su aprobación al Senado, donde con toda probabilidad será derogada por la mayoría del PPD.

La ley, que no contará con el voto de la minoría novoprogresista, contiene lenguaje altamente crítico contra la pasada administración por, alegadamente, “criminalizar” y coartar el derecho de expresión y dice que su propósito es “reparar el daño realizado a la democracia”.

Ante éste argumento, legisladores del PNP ya han expresado que es precisamente el PPD el que coarta la libre expresión al sostener un modelo político que no permite vota por el que gobierna a Puerto Rico, como es el presidente de Estados Unidos y los congresista y senadores federales, y avalando un comisionado residente en todo el Congreso que ni siquiera tiene voto. Ideólogos y ex presidentes políticos, como los ex gobernadores Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló han denunciado el “déficit democrático”. Algunos populares, como Miguel Hernández Agosto, pidieron inclusive, durante el proyecto Young a finales de la década del ’80, que se pudiera votar por el presidente.

Otra pieza legislativa (P. de la C. 5) a considerarse esta tarde es una que le transfiere a los municipios las carreteras terciarias y los fondos que necesiten para mantenerlas y varias resoluciones de asignación de fondos.

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Tito Kayak ha encabezado numerosas protestas, la mayoría vinculadas al movimiento ambiental. (Archivo / El Nuevo Día)

Por Michelle Estrada Torres / michelle.estrada@gfrmedia.com