Venimos obligados a reflexionar acerca del estado precario de nuestro sistema de educación pública y de los mecanismos disponibles para procurar las reformas necesarias para restaurar el mismo a un nivel de excelencia

Gerardo Cruz Ortiz, Estudiante de Ciencias Políticas / Recinto Universitario de Mayagüez

Señalaba Milton Friedman, uno de los más preclaros defensores del libre mercado, que el sistema de educación pública sería más efectivo si estuviera sujeto a criterios asociados a la elección paternal y la iniciativa privada. Y es que venimos obligados a reflexionar acerca del estado precario de nuestro sistema de educación pública y de los mecanismos disponibles para procurar las reformas necesarias para restaurar el mismo a un nivel de excelencia. Así pues, se trata de hacer un llamado a profundizar la discusión pública y adoptar las políticas educativas para garantizarle a nuestros jóvenes la igualdad de oportunidades para una educación de calidad.

La estructura de nuestro sistema de instrucción pública debe evolucionar para incorporar un mayor grado de elección paternal sobre las decisiones que atañen a la educación de sus hijos. De esta forma, los padres tendrían la libertad de considerar diferentes escuelas, tanto privadas como públicas, y seleccionar la que consideren mejor. Esto inyectaría competencia en la industria educativa, ya que las escuelas se disputarían un mayor número de estudiantes, lo cual propugnaría, a su vez, un aumento en la calidad de la educación.

Toda propuesta seria de reforma educativa debe contemplar expandir las opciones disponibles, así como la calidad, de nuestros planteles escolares. A esos fines, se debería promulgar una política de matrícula abierta que le permita a las escuelas de mayor demanda expandir su número de estudiantes. Con el fin de descentralizar el sistema de educación, también sería necesario adoptar un esquema de financiamiento per capita mediante el cual el nivel de financiamiento de una escuela esté basado en el número de estudiantes matriculados. Esta medida proveería un incentivo adicional para mejorar los estándares académicos para así atraer más estudiantes y, por ende, allegar más fondos.

La calidad de la educación también mejoraría como consecuencia de abolir el Departamento de Educación, siendo ésta una agencia que se ha convertido en sinónimo de burocracia abultada, altos costos, bajos estándares académicos y extremismo político. Sus responsabilidades y recursos deberían ser asignados directamente a las escuelas del país. Así pues, las decisiones importantes referentes a la educación se mantendrían en los niveles más cercanos a los padres y los maestros, lo que fortalecería la transparencia del sistema y el ejercicio de rendición de cuentas para con el pueblo. De igual manera, el sistema de permanencia también debe ser eliminado, ya que desincentiva la eficiencia y la efectividad en mantener estándares rigurosos de calidad.

Ciertamente, las dificultades políticas asociadas a este tipo de propuestas no deben ser un escollo para corregir las múltiples deficiencias estructurales del sistema vigente y optar, en cambio, por procurar un mejor porvenir para nuestros estudiantes.

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