El proyecto que deroga disposiciones penales que se han conocido como la Ley Tito Kayak será referido finalmente a La Fortaleza, después que este jueves en la tarde la Cámara de Representantes avaló enmiendas sometidas por el Senado a esa medida la semana pasada.

La Ley Tito Kayak fue censurada durante el pasado cuatrienio y los propulsores de su derogación destacaron que son disposiciones para intimidar a los ciudadanos y frenar los derechos a la libre expresión y a la manifestación pacífica.

Lo legislado en El Capitolio elimina el artículo 200 del Código Penal, modifica disposiciones sobre la entrada a heredad ajena, según cambios propuestos por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y para su validación definitiva sólo queda pendiente de la firma del gobernador Alejandro García Padilla.

“Hoy la Cámara y el Senado cumplimos con el compromiso de derogar la antidemocrática Ley Tito Kayak», sostuvo el representante popular Luis Vega Ramos al recordar que ese asunto fue parte de lo prometido en la campaña política de su Partido Popular Democrático.

Vega Ramos es autor de otras dos medidas relacionadas, también aprobadas con enmiendas sometidas en el Senado, para eliminar acciones criminales por perturbación a legisladores durante protestas legítimas en el sistema democrático.

«Derogamos el absurdo lenguaje que convertía la subjetiva perturbación de un legislador en un crimen, así como restituimos las garantías a las manifestaciones pacíficas y ciudadanas que no usurpan o ponen en riesgo la vida, derechos o propiedad de terceros», puntualizó Vega Ramos.

El legislador agregó que con lo aprobado en ambos cuerpos legislativos «quedan en el Código Penal y en otras leyes garantías adecuadas y suficientes para la legítima protección de los derechos a la propiedad y otros relacionados».

Las enmiendas al sustitutivo a los proyectos de la Cámara 230, 658 y 659 no fueron apoyadas por la delegación del Partido Nuevo Progresista.

En el Senado, se clarificó, a juicio de Bhatia, lo que es el estado de derecho vigente sobre delitos en propiedades privadas y Vega Ramos dijo que se aclararon aspectos que preocupaban a ciertos sectores, por lo que «en aras de hacer la aclaración, concurrimos y permitimos que la medida sea enviada a La Fortaleza para la firma del Gobernador y la culminación de este proceso».

Al inicio de la discusión de esas medidas, el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, no favoreció los textos de los proyectos de Vega Ramos, según sometidos, lo que generó debate porque García Padilla se comprometió en su campaña a derogar la Ley Tito Kayak y disposiciones similares aprobadas después que entró en vigor la Ley 7 que propició el despido de miles de empleados públicos.

Una intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, para advertir sobre un intento de persistir en la criminalización de los más pobres y en proteger a los sectores más privilegiados, propició enmiendas de Bhatia que simplificaron la disposición del Código Penal sobre entrada en heredad ajena.

Bhatia propuso, y fue acogido, aclarar simplemente que será delito menos grave la entrada en heredad ajena sin autorización «con la intención de ocupar propiedad privada».

También, según la enmienda del Presidente del Senado, sería delito penetrar en propiedad privada para ocupar maquinaria que sea parte de una obra de construcción o en los movimientos de terrenos que son parte de esa obra.

La Asociación de Constructores de Hogares, entre otros sectores empresariales, pidieron al Gobernador que mantuviera lo legislado el pasado cuatrienio por entender que maximizó protecciones a proyectos privados a los que en ocasiones se han opuesto grupos ambientalistas y comunitarios.

La Cámara, por otro lado, aprobó el Proyecto del Senado 327 para reorganizar el cuerpo rector de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y modificar el término de los nombramientos de sus miembros.

La Junta de Gobierno de la CFSE, según lo legislado, tendrá siete miembros, incluyendo tres ex oficio. Sus términos serán de cuatro años o hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. El presidente de la Junta será designado por el Gobernador y en el grupo se incluirá un doctor o doctora en medicina, un abogado con al menos siete años de experiencia, un empleado público de carrera o no exenta de la empresa privada y otro un patrono con al menos 15 empleados.

El Comisionado de Seguros, así como los secretarios de Salud y del Trabajo serán los miembros ex oficio de la Junta del CFSE, según el proyecto del Senado 327 avalado en la Cámara por la mayoría parlamentaria y rechazado por la delegación novoprogresista.