El Proyecto del Senado 238 propone prohibir el discrimen en los centros de empleo basado en la orientación sexual.

La Iglesia Católica y las iglesias protestantes enfrentaron cuestionamientos, el viernes, ante su posición contra el Proyecto del Senado 238 que propone prohibir el discrimen en los centros de empleo basado en la orientación sexual , y hubo momentos de mucha tensión.

El reverendo René Pereira, quien habló a nombre de la Pastoral Unida en Favor de la Familia, sostuvo que “este proyecto discrimina contra el resto de la población que no avala la conducta homosexual” y solicitó a la Legislatura que lo retire “por entender que en nada ayuda a la paz y tranquilidad, y al mejoramiento de la familia puertorriqueña”.

Sugirió que se debe consultar al Pueblo en un referéndum, como en otros países, acerca de legalizar el matrimonio de personas del mismo género “y sea el Pueblo el que decida, no el legislador o legisladora, cuál va a ser el matrimonio que el País va a proteger. En otros países se ha hecho de esta manera. Si se favorece, se respetara. Si optan por el tradicional, que es el divino, tendrá que respetarse”.

Pereira añadió que “en Estados Unidos hay sobre 30 estados que ya decidieron, les lanzo el reto para que hagamos nosotros lo mismo”, e indicó que “esta solicitud de referéndum se le hizo al Gobernador en su despacho. Reciban con atención la recomendación de la Pastoral Unida en Favor de la Familia, que lo único que queremos es ser colaboradores de la familia y un Puerto Rico mejor”.

Al terminar, el senador Ramón Luis Nieves, coautor de la pieza, sacó fotocopias de noticias y leyó titulares sobre reverendos que han sido convictos por agresiones sexuales tanto a mujeres como a menores. “Breguen con los pedófilos y hablamos”, exclamó Nieves en voz alta, a quien Pereira le replicó “es una falta de respeto. Usted nos atacó al ministerio de este País” y reclamó que se trata de un puñado de casos.

“No todos los pastores son iguales. No todos los senadores, los representantes y los gobernadores de este País son iguales… y creo que es una falta de consideración, con el respeto que lo hemos tratado, cuan cinco, seis o siete (pastores convictos) no es la norma.

Hay legisladores que son homosexuales y usted no lo es, ¿verdad que no?”, reclamó Pereira. “No voy a entrar en eso”, contestó el legislador. “También hay legisladores ladrones”, añadió una de las voces en la mesa de los tres deponentes.

“Lo que se ve no se pregunta, como dijo un cantante mexicano”, prosiguió Pereira, quien mencionó que “en nuestra congregación tenemos gente que tiene sus manerismos y sabemos que practican la homosexualidad, que son homosexuales, y no los despedimos. Los protegemos, lo abrazamos, los bendecimos”. Relató que en Semana Santa “veo esta parejita, este muchachito que se ve fino y una muchacha cogidos de manos. Eran dos muchachas. Las abrazamos compartimos en el culto y los despedimos. Pero si eres gay y te comportas bien tienes que ser despedido (ni rechazado)”.

Por su parte, el diácono católico Ramón Guzmán, de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, leyó la ponencia de la institución. “Legislar contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género sin definir lo que es identidad de género, es inadmisible. No sabemos su alcance y efectos sobre la juventud, la familia, el matrimonio y la sociedad en general”, sostuvo el abogado y profesor.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, cuestionó la postura de la iglesia, ya que dijo que se oponen al discrimen, pero no contra los homosexuales. “Me parece que nos hemos separado totalmente por entrar en una cosa dogmática y de doctrina, nos hemos separado de lo que es la justicia social. Yo quisiera vivir en un Puerto Rico donde a nadie, a nadie, se le discrimine” indicó el líder senatorial.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico Eduardo Ibarra presentó su ponencia a favor de la medida. “No podemos olvidar que la discusión que hoy nos ocupa afecta a seres humanos que son altamente significativos para el logro de los más altos destinos de Puerto Rico y los cuales deberían gozar de los mismos beneficios que todo el resto de los seres humanos que habitamos en esta Isla. Por ello, debemos descartar cualquier argumento basado en estadísticas, pues ello, de por sí, sería altamente inmoral e implicaría discriminar contra un grupo por el mero hecho de ser minoritario en cantidad”, argumentó Ibarra.

Otro de los deponentes lo fue el Departamento de Justicia, a través de la Secretaria Auxiliar de Asesoramiento en la agencia, Betsy Asencio, quien reconoció que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico no prohíbe expresamente el discrimen por orientación sexual en el empleo y recomendó algunos cambios a la medida, “Ciertamente, es nuestra apreciación que la prohibición del discrimen por razón de orientación sexual e identidad de género debe estar manifiestamente establecida en nuestro ordenamiento jurídico, ante el mandato constitucional ineludible de que todos seamos iguales ante la ley. Por ello, el Departamento de Justicia favorece la aprobación de este esfuerzo legislativo dirigido a expandir el marco de protección del estado contra el discrimen por orientación sexual en el trabajo. Sin embargo, la pieza legislativa que nos ha sido remitida para evaluación, a nuestro juicio debe ser objeto de algunas enmiendas…”, señaló Asencio.

Mientras, Ada Conde, de la Fundación de Derechos Humanos, apoyó el proyecto y propuso que se incluyan todas aquellas modalidades de discrimen. “En las modalidades de discrimen que desglosamos a continuación, las víctimas van en aumento y por falta de reconocimiento y especificidad, no se les está proveyendo protección para que todo trabajador o trabajadora pueda escoger libremente su ocupación y sea considerado por su capacidad para desempeñarlo según el derecho constitucional establecido en la Sección 16 aclarando que es “incluyendo pero no limitado a” los siguientes… origen étnico, género, expresión de identidad género, estatus de veterano, estatus de desempleo, sobre cualificación, orientación sexual sea real o percibida, origen o condición social, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o discapacidad física o mental, estatus serológico, condición de veterano, víctima o por percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho y reclamación relacionada a un accidente laboral”, expresó.

Junto a ella estuvieron dos mujeres que han sido discriminadas en el empleo y por la Policía, por su orientación sexual.

En la ponencia del Obispo de Arecibo, que fue leída por el delegado, padre Víctor Rojas, indicó que “el proyecto evaluado en el Senado, no podemos limitarnos a las instituciones de la Iglesia o directamente relacionadas a ella.

El presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia, arremetió el viernes contra la ponencia del Obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández Torres, en el segundo día de las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 238 que prohibiría el discrimen por orientación sexual, e identidad de género en el trabajo.

“Yo no entiendo como uno puede argumentar que todas personas deben tener derechos humanos, y al momento de abrir esa ventana a los derechos humanos, usted diga que no, que se mantenga cerrada” indicó el presidente del Senado.

A su vez, Bhatia señaló que “me doy cuenta que estos absolutos religiosos, no son así en el resto del mundo. Entonces, la tolerancia que predicamos, la aceptación que predicamos, los derechos humanos que predicamos; cuando llega el momento de convertirlos en acción, se desvanecen y se quedan en nada.”

“Yo recibo la ponencia de la iglesia y entendemos la posición. Pero, yo quisiera vivir en un Puerto Rico donde a nadie se le discrimine, ni por su color, ni por su orientación sexual, por lo que sea. Eso es una decisión íntima de cada persona, con quien una persona quiere convivir, es algo que tenemos que respetar y la constitución de Puerto Rico así lo indica, todas las personas son iguales ante la ley” añadió.

En la ponencia del Obispo de Arecibo, que fue leída por el delegado, padre Víctor Rojas, indicó que “el proyecto evaluado en el Senado, no podemos limitarnos a las instituciones de la Iglesia o directamente relacionadas a ella. Todo católico es también la Iglesia. No es sólo que a la parroquia no se le aplique esta ley, sino que a nuestros feligreses en sus casas o propiedades no se les prohíba vivir de acuerdo a sus creencias”.

En esa línea, destacó que de aprobarse la ley propuesta, “sería multada una persona que ponga en alquiler el segundo piso de su casa y se niegue a alquilarlo a un grupo de personas que exhiban prácticas sexuales que directamente contradigan sus creencias. Asimismo, podría ser multada una persona que alquile uno de sus cuartos como hospedaje para poder completar el pago de la renta, pero se niegue a recibir en su hogar a un grupo de personas que manifiesten una orientación sexual contraria a sus valores”.

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Eduardo Ibarra presentó su ponencia a favor de la medida, “No podemos olvidar que la discusión que hoy nos ocupa afecta a seres humanos que son altamente significativos para el logro de los más altos destinos de Puerto Rico y los cuales deberían gozar de los mismos beneficios que todo el resto de los seres humanos que habitamos en esta Isla. Por ello, debemos descartar cualquier argumento basado en estadísticas, pues ello, de por sí, sería altamente inmoral e implicaría discriminar contra un grupo por el mero hecho de ser minoritario en cantidad”, argumentó Ibarra.

Por su parte la doctora Nydia Ortíz Nolasco presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, favoreció cualquier postura o acción de discrimen y a cualquier inacción que fomente la continuidad de conductas discriminatorias, “Los psicólogos y psicólogas tenemos la responsabilidad ética de defender los derechos de todos los seres humanos y de contribuir con los procesos de desarrollo social que apoyen dichos derechos. Por todo lo antes expuesto, la Asociación de Psicología de Puerto Rico apoya el Proyecto del Senado 238”, dijo Ortiz.

Otro de los deponentes lo fue el Departamento de Justicia a través de la Secretaria Auxiliar de Asesoramiento en la agencia, Betsy Asencio, quien reconoció que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico no prohíbe expresamente el discrimen por orientación sexual en el empleo y recomendó algunos cambios a la medida, “Ciertamente, es nuestra apreciación que la prohibición del discrimen por razón de orientación sexual e identidad de género debe estar manifiestamente establecida en nuestro ordenamiento jurídico, ante el mandato constitucional ineludible de que todos seamos iguales ante la ley. Por ello, el Departamento de Justicia favorece la aprobación de este esfuerzo legislativo dirigido a expandir el marco de protección del estado contra el discrimen por orientación sexual en el trabajo. Sin embargo, la pieza legislativa que nos ha sido remitida para evaluación, a nuestro juicio debe ser objeto de algunas enmienda”, señaló Asencio.

Mientras Ada Conde de la Fundación de Derechos Humanos, apoyó el proyecto y propuso que se incluyan todas aquellas modalidades de discrimen, “En las modalidades de discrimen que desglosamos a continuación, las víctimas van en aumento y por falta de reconocimiento y especificidad, no se les está proveyendo protección para que todo trabajador o trabajadora pueda escoger libremente su ocupación y sea considerado por su capacidad para desempeñarlo según el derecho constitucional establecido en la Sección 16 aclarando que es “incluyendo pero no limitado a” los siguientes… Origen étnico, género, expresión de identidad género, estatus de veterano, estatus de desempleo, sobre cualificación, orientación sexual sea real o percibida, origen o condición social, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o discapacidad física o mental, estatus serológico, condición de veterano, víctima o por percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho y reclamación relacionada a un accidente laboral”, dijo Conde.

Uno de los que depuso en contra de la medida fue el Arzobispo de San Juan Monseñor Roberto González Nieves de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en representación del licenciado Ramón Antonio Guzmán aseguró que es inadmisible definir la identidad de género, “Legislar contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género sin definir lo que es identidad de género, es inadmisible. No sabemos su alcance y efectos sobre la juventud, la familia, el matrimonio y la sociedad en general”, sostuvo el abogado.

Otro de los que se opone a la aprobación del Proyecto del Senado 238 es el pastor René Pereira de la Pastoral Unida a favor de la Familia por entender que es uno que discriminaría contra el sector religioso y que solo favorece a la comunidad LGBTT, “Sabemos que estas legislaciones responden a un compromiso que su partido hizo con los grupos homosexuales en las pasadas elecciones. Habiendo tantos problemas serios en nuestro país que requieren legislación y atención especial, es lamentable que estemos consumiendo aquí nuestras energías para empujar los intereses de unos grupos en particular”, alegó Pereira.

El Proyecto del Senado 238 propone prohibir el discrimen en los centros de empleo basado en la orientación sexual.

La Iglesia Católica y las iglesias protestantes enfrentaron cuestionamientos, el viernes, ante su posición contra el Proyecto del Senado 238 que propone prohibir el discrimen en los centros de empleo basado en la orientación sexual , y hubo momentos de mucha tensión.

El reverendo René Pereira, quien habló a nombre de la Pastoral Unida en Favor de la Familia, sostuvo que “este proyecto discrimina contra el resto de la población que no avala la conducta homosexual” y solicitó a la Legislatura que lo retire “por entender que en nada ayuda a la paz y tranquilidad, y al mejoramiento de la familia puertorriqueña”.

Sugirió que se debe consultar al Pueblo en un referéndum, como en otros países, acerca de legalizar el matrimonio de personas del mismo género “y sea el Pueblo el que decida, no el legislador o legisladora, cuál va a ser el matrimonio que el País va a proteger. En otros países se ha hecho de esta manera. Si se favorece, se respetara. Si optan por el tradicional, que es el divino, tendrá que respetarse”.

Pereira añadió que “en Estados Unidos hay sobre 30 estados que ya decidieron, les lanzo el reto para que hagamos nosotros lo mismo”, e indicó que “esta solicitud de referéndum se le hizo al Gobernador en su despacho. Reciban con atención la recomendación de la Pastoral Unida en Favor de la Familia, que lo único que queremos es ser colaboradores de la familia y un Puerto Rico mejor”.

Al terminar, el senador Ramón Luis Nieves, coautor de la pieza, sacó fotocopias de noticias y leyó titulares sobre reverendos que han sido convictos por agresiones sexuales tanto a mujeres como a menores. “Breguen con los pedófilos y hablamos”, exclamó Nieves en voz alta, a quien Pereira le replicó “es una falta de respeto. Usted nos atacó al ministerio de este País” y reclamó que se trata de un puñado de casos.

“No todos los pastores son iguales. No todos los senadores, los representantes y los gobernadores de este País son iguales… y creo que es una falta de consideración, con el respeto que lo hemos tratado, cuan cinco, seis o siete (pastores convictos) no es la norma.

Hay legisladores que son homosexuales y usted no lo es, ¿verdad que no?”, reclamó Pereira. “No voy a entrar en eso”, contestó el legislador. “También hay legisladores ladrones”, añadió una de las voces en la mesa de los tres deponentes.

“Lo que se ve no se pregunta, como dijo un cantante mexicano”, prosiguió Pereira, quien mencionó que “en nuestra congregación tenemos gente que tiene sus manerismos y sabemos que practican la homosexualidad, que son homosexuales, y no los despedimos. Los protegemos, lo abrazamos, los bendecimos”. Relató que en Semana Santa “veo esta parejita, este muchachito que se ve fino y una muchacha cogidos de manos. Eran dos muchachas. Las abrazamos compartimos en el culto y los despedimos. Pero si eres gay y te comportas bien tienes que ser despedido (ni rechazado)”.

Por su parte, el diácono católico Ramón Guzmán, de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, leyó la ponencia de la institución. “Legislar contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género sin definir lo que es identidad de género, es inadmisible. No sabemos su alcance y efectos sobre la juventud, la familia, el matrimonio y la sociedad en general”, sostuvo el abogado y profesor.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, cuestionó la postura de la iglesia, ya que dijo que se oponen al discrimen, pero no contra los homosexuales. “Me parece que nos hemos separado totalmente por entrar en una cosa dogmática y de doctrina, nos hemos separado de lo que es la justicia social. Yo quisiera vivir en un Puerto Rico donde a nadie, a nadie, se le discrimine” indicó el líder senatorial.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico Eduardo Ibarra presentó su ponencia a favor de la medida. “No podemos olvidar que la discusión que hoy nos ocupa afecta a seres humanos que son altamente significativos para el logro de los más altos destinos de Puerto Rico y los cuales deberían gozar de los mismos beneficios que todo el resto de los seres humanos que habitamos en esta Isla. Por ello, debemos descartar cualquier argumento basado en estadísticas, pues ello, de por sí, sería altamente inmoral e implicaría discriminar contra un grupo por el mero hecho de ser minoritario en cantidad”, argumentó Ibarra.

Otro de los deponentes lo fue el Departamento de Justicia, a través de la Secretaria Auxiliar de Asesoramiento en la agencia, Betsy Asencio, quien reconoció que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico no prohíbe expresamente el discrimen por orientación sexual en el empleo y recomendó algunos cambios a la medida, “Ciertamente, es nuestra apreciación que la prohibición del discrimen por razón de orientación sexual e identidad de género debe estar manifiestamente establecida en nuestro ordenamiento jurídico, ante el mandato constitucional ineludible de que todos seamos iguales ante la ley. Por ello, el Departamento de Justicia favorece la aprobación de este esfuerzo legislativo dirigido a expandir el marco de protección del estado contra el discrimen por orientación sexual en el trabajo. Sin embargo, la pieza legislativa que nos ha sido remitida para evaluación, a nuestro juicio debe ser objeto de algunas enmiendas…”, señaló Asencio.

Mientras, Ada Conde, de la Fundación de Derechos Humanos, apoyó el proyecto y propuso que se incluyan todas aquellas modalidades de discrimen. “En las modalidades de discrimen que desglosamos a continuación, las víctimas van en aumento y por falta de reconocimiento y especificidad, no se les está proveyendo protección para que todo trabajador o trabajadora pueda escoger libremente su ocupación y sea considerado por su capacidad para desempeñarlo según el derecho constitucional establecido en la Sección 16 aclarando que es “incluyendo pero no limitado a” los siguientes… origen étnico, género, expresión de identidad género, estatus de veterano, estatus de desempleo, sobre cualificación, orientación sexual sea real o percibida, origen o condición social, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o discapacidad física o mental, estatus serológico, condición de veterano, víctima o por percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho y reclamación relacionada a un accidente laboral”, expresó.

Junto a ella estuvieron dos mujeres que han sido discriminadas en el empleo y por la Policía, por su orientación sexual.

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