“Algunos de sus defensores en los medios han intentado despachar el asunto como un inofensivo error y confusión involuntaria, en la que AGP sustituyó sin querer las palabras “los constituyentes” por “la Constitución”.

En el 60mo. aniversario del ELA territorial-colonial y a 104 días de la próxima consulta plebiscitaria, el licenciado Alejandro García Padilla no solo evadió defender la opción de status a la que ha convidado al electorado a apoyar con sus votos el 6 de noviembre, sino que para colmo de males de forma descarada y desfachatada, pretendió mentirle y engañar a los electores alegando que nuestra Constitución contiene un mandato al gobierno para proveerle empleo digno y bien remunerado a la gente.

Cito de su discurso del 25 de julio en Mayagüez: “…empleo digno, empleo bien remunerado, ese es el mandato de la Constitución y no es opcional para el gobierno cumplir con el mandato constitucional” (grabación del discurso divulgada por Noti Uno). Mentira y engaño que fue adelantado por su director de campaña, el licenciado Irvin Faccio, en una entrevista que concedió a Noti Uno minutos antes del discurso en que argumentó que “el derecho al empleo” se encuentra en la Constitución de Puerto Rico. Aunque en una entrevista posterior en la misma emisora radial, intentó negar que AGP en su discurso había afirmado lo que aparece en la cita del mismo que reproduzco arriba en esta columna.

Algunos de sus defensores en los medios han intentado despachar el asunto como un inofensivo error y confusión involuntaria, en la que AGP sustituyó sin querer las palabras “los constituyentes” por “la Constitución”. Si así fuera, se aclararía y confirmaría con la rectificación y “mea culpa” de rigor. Algo así como un comunicado o columna periodística donde AGP pide disculpas públicas por haber sustituido involuntariamente una palabra por la otra.

Sin embargo, en una columna suya titulada “El 25 de julio en Mayagüez”, publicada en el El Nuevo Día el 28 de julio, AGP en vez de rectificar y pedir excusas por el supuesto error involuntario, se reitera tercamente en su alegato de que el mandato de “los constituyentes” respecto al “derecho al trabajo digno”, que fuera revocado por el Congreso, sigue siendo un mandato de nuestra Constitución que fue traicionado por la actual administración al aprobar la Ley 7 y despedir empleados públicos.

Cito de su columna: “El primero tiene que ver con el reconocimiento de nuestros constituyentes al ‘derecho de toda persona a obtener trabajo’ digno, bien remunerado que permita disfrutar ‘de un nivel de vida adecuado’. Ese mandato se ha traicionado en tiempos recientes …El propio Estado…se adelantó a echar a la calle a miles de empleados…Se traicionó la Constitución”. Confirmada su mentira e intento de engaño descarado y desfachatado. Una cosa fue la intención original de los constituyentes, y otra muy distinta fue la Constitución aprobada finalmente por el Congreso en que se elimina “el derecho al trabajo digno y bien remunerado”.

Lo que no dice AGP en su discurso, ni en su reciente columna, es que la Ley 7 responde al compromiso de la entrante administración de Luis Fortuño de cumplir con el mandato constitucional al gobierno estatal de tener un presupuesto balanceado (Art.6, s. 19-Constitución del ELA), ante el déficit presupuestario de $3,300 millones y las cuentas sin pagar a los suplidores de sobre $1,100 millones que dejó la saliente administración de Aníbal Acevedo Vilá, de la que formó parte. Tampoco menciona que la causa principal por la que durante los pasados 60 años no se le ha podido garantizar a todos los puertorriqueños un empleo digno y bien remunerado, ha sido nuestra histórica condición de indefinición política, falta de poderes y disparidad en la asignación de los recursos federales bajo el ELA territorial-colonial.