La imposición del IVU a las transacciones negocio a negocio podrían tener un impacto de hasta un 14.9% en el bolsillo de la gente

Las nuevas imposiciones contributivas propuestas por el Gobierno podrían tener un impacto de hasta un 14.9 por ciento (%) sobre las personas que realizan actividades de negocio, alza que llegará a los consumidores a través de los productos o servicios que adquieran, sea la compra de una casa o el pago por una gestión profesional, entre otros.

Ese es el consenso entre representantes de diversas organizaciones profesionales que incluyen a ingenieros, agrimensores, arquitectos, contadores, tasadores, abogados y corredores de bienes raíces, entre otros, quienes indicaron que aumentos similares en otros estados como Florida, Massachusetts, Maryland y Michigan fueron revertidos por el efecto adverso en la economía.

De acuerdo con el grupo de profesionales –quienes participaron en una mesa redonda con EL VOCERO– los planes del Gobierno para aumentar sus recaudos significan “una tranquilla” para el crecimiento económico de Puerto Rico, podrían provocar un aumento en la emigración de puertorriqueños, así como un alza en la actividad informal de la economía local. Esto ante la carga onerosa en el costo de vida y el ambiente desfavorable para hacer negocios en la Isla.

“¿Dónde están los datos que demuestren que no aumentarán los costos? Decir que no va a llegar al consumidor no es cierto, no es posible”, sentenció Carlos Xavier Vélez, de Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter.

“Ninguno de nosotros sabemos el porqué están dando un mensaje equivocado”, sostuvo al referirse a expresiones del Primer Mandatario y varios jefes de agencia que han recalcado que la eliminación de exenciones no afectará al consumidor.

El Gobierno sostiene que reducirá de 7% a 6.5% el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), pero amplía las actividades económicas sobre las cuales anteriormente no operaba el impuesto. Por lo tanto, el alza llegará sobre los pagos que realizan los consumidores en diferentes bienes y servicios, aseguran los profesionales de diversos sectores y economistas.

Vélez explicó que imposiciones contributivas como las que propone el Gobierno de Alejandro García Padilla, tuvieron un efecto devastador sobre otras jurisdicciones en Estado Unidos, por lo que fueron eliminadas, y esas son las comparables para la situación que vaticinan en la Isla. El consenso entre los entrevistados es que ante el cuadro económico actual y las escasas proyecciones de crecimiento de la Junta de Planificación (JP), las medidas desalentarían la actividad económica local.

En el lado de los que desarrollan actividad de negocios, Rosa Rodríguez, representante del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, destacó que “todo el mundo está en la misma línea, todo esto tiene un efecto general a la hora de hacer negocios en el País”.

Pilarín Ferrer, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, y Héctor R. Ramos, de la Asociación de Abogados, coincidieron en que existe un discurso de que las alzas contributivas son para las actividades empresariales y de negocios y que no tocarán a los consumidores, pero reiteraron que son estos últimos quienes recibirán el golpe en sus bolsillos.

Según los entrevistados, el efecto adverso más significativo recaerá sobre el sector de la construcción, justo el mismo que la JP dice que será el que haga repuntar la economía. Al tratarse de proyectos que requieren de diversos servicios profesionales, desde que se concibe hasta que se vende el inmueble al final del camino, el nivel de encarecimiento por las imposiciones contributivas necesariamente llegará al consumidor.

María Quiroga, de la Asociación de Realtors, dijo que el sector de bienes raíces está detenido tras el impulso que tuvo por los incentivos para la compra de viviendas, pero anticipó que la propuesta del Gobierno le asestará otro golpe que repercutirá en la no creación de nuevos empleos y mayor reducción en la actividad económica en general.

Ramos indicó que la discusión debe ser cómo estarán las personas con todas estas medidas, porque “si el consumidor no está bien, nosotros no vamos a estar bien ni la economía del País”.

El grupo de profesionales consultados también incluyó a Enrique Casado, presidente de Appraisal Institute PR; el tasador José Colón; Ángel González, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores; Damaris Álvarez, de Appraisal Institute; Víctor Rivera, del Instituto de Evaluadores; Ryan Christiansen, de CCIM; y José Alberto Feliciano, de la Asociación Constructores de Hogares.

Aun cuando reconocieron la gravedad de la economía local, por esa misma razón dijeron que un alza en contribuciones no resulta positiva. Recomendaron puntualizar en la fiscalización de los recaudos y no meterle las manos en los bolsillos al 41.7% de la población, que representa la tasa de participación laboral y que carga la economía.

Mencionaron que no fueron consultados sobre estas medidas y que se proponen iniciar un diálogo con el Gobierno para que se escuchen las alternativas que proponen.

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