Todos los economistas de la Isla han hecho el mismo pronóstico de que los consumidores son los que terminarán pagando más

Las nuevas imposiciones que el Gobierno Central pretende imponer al país, pudiesen devolver la realidad económica del puertorriqueño a los años en que se impuso inicialmente el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), época que marca el mayor peso económico sobre los contribuyentes, cuando 32 centavos de cada dólar estaban comprometidos con la carga contributiva.

El economista Gustavo Vélez explicó que con la Reforma Contributiva aprobada en el 2011 bajo el gobierno de Luis Fortuño, se redujo el peso contributivo de los puertorriqueños, realidad que podría cambiar con todas estas nuevas imposiciones que llevarían a los consumidores a la realidad de aquel entonces o empobrecerlos un poco más.

De ser aprobadas las nuevas imposiciones tal y como se han presentado, representan $1,200 millones, de los cuales $800 millones responden a la imposición del IVU de negocio a negocio, donde ante una economía tan frágil y menos productiva traería consigo una mayor evasión y emigración de la clase profesional de la Isla. Esto a su vez afecta la perspectiva de recuperación económica ya que contrae la base contributiva y se penaliza a la clase que más paga, la denominada clase media.

Hasta ahora, y contrario a la posición oficial del gobierno, todos los economistas de la Isla han hecho el mismo pronóstico de que los consumidores son los que terminarán pagando más, sobre todo de manera indirecta en aquellos renglones en los que aparentemente no les grava las nuevas imposiciones.

Para el economista Argeo Quiñones, si lo que se busca es aumentar los recaudos del gobierno hay que fortalecer el proceso de fiscalización que lleva a cabo el Departamento de Hacienda de los impuestos que trabaja la agencia. Recomienda evaluar inicialmente al segmento de alto nivel económico, quienes afirmó tienen el control administrativo de las agencias que vienen obligadas a velar por el cumplimiento contributivo y quienes gozan de innumerables incentivos contributivos, deducen todo lo que desean y reportan la cantidad que desean.

Mencionó adema que hay que ver cuán viable es pasar el nuevo impuesto al consumidor, ya que depende de la elasticidad del bien o servicio, ya que el mismo depende de la competencia.

“Si no enfilan las iniciativas en la búsqueda de ingresos en los sectores privilegiados económicamente, y quienes gozan de más de 70 exenciones contributivas cuyos resultados nunca son evaluados, se tendrá que continuar recargando  a la clase media, lo que repercute en la depresión de adquisiciones de bienes y servicios eliminándose con ello a los Pymes (pequeños y medianos negocios) y profundizando la crisis”, puntualizó Quiñones.

Para la economista Marta Quiñones, el impuesto sí afectará a los consumidores, pero entiende tratarse de solidaridad social, donde el más que gane pague más y poco a poco se retribuye al gobierno para sacar de la dependencia aquellos que hoy están inmersos en esta y que luego igualmente aportarían al fisco.

“Esto es justicia económica, un contrato social para ayudar a los demás a salir  del estancamiento en que se encuentran. El problema estriba, en que la ciudadanía se opone hacerlo porque ven que el dinero que aportan no llega a donde tiene que llegar y.optan por dejar el trabajo y moverse a la economía subterránea”, sostuvo la economista.

Por su parte, Argeo Quiñones agregó que el gobierno tiene que mejorar la administración del sistema contributivo, atacar la evasión y concentrarse en los altos niveles de ingreso, mediante una propuesta efectiva de crecimiento económico que reactive la economía y la haga crecer. Igual debe desarrollar una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos, donde impere la transparencia y las consecuencias políticas, legales y económicas para aquel que opere errado. Dijo que actualmente el 10% del presupuesto anual se vota.

Explicó que existe una ética contributiva que hay que modificar en cuanto al cumplimiento de los ciudadanos con su obligación tributaria. Pero resaltó que para eso se necesita que el estado demuestre que está haciendo un uso adecuado de esos recaudos. “Mientras exista la percepción del derroche, del mal uso, de la malversación de fondos públicos, eso alimenta el deseo de no tributar”, enfatizó.

El catedrático expresó que se debe dar énfasis al cumplimiento de las estipulaciones expresadas tras las aprobaciones de las exenciones contributivas. Afirmó, que el mantengo corporativo está afectando severamente la estabilidad del Banco Gubernamental de Fomento, el cual se encuentra caso insolvente.

“El gobierno al otorgar un decreto de exención contributiva la tiene que acompañar con unos objetivos bien claros de creación de empleos, de compra de productos en Puerto Rico, de utilización de ciertas tecnologías, de criterios ambientales, de vínculos con la comunidad, de fomento de exportaciones, entre otros, y tiene que darle seguimiento para que la parte que se beneficie de la exención cumpla con los objetivos económicos. De esa manera  estaríamos incentivando el crecimiento de la economía”, apuntó.