García Padilla: demagogia, bulling y lumpen-autoritarismo

García Padilla: demagogia, bulling y lumpen-autoritarismo

Cortesía de El Vocero. Foto tomada por Sebastián Márquez el 1 de mayo de 2013.
Todos los derechos reservados.
«… yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo,
y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo
entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla”
Nicolás Maquiavelo
(Fragmento de carta al historiador italiano
Francesco Guicciardini, mayo de 1521)
En una isla incestuosa como lo es Puerto Rico, donde todos se conocen, y “cada cuál” está relacionado con “cada quién”, los poderes económicos y políticos se entrecruzan en la sociedad, configurando una sórdida madeja de vínculos familiares, amiguismos, partidismos, influencias, favoritismos, indiferencias, hipocresías, cinismos y engaños.
Digo esto, porque las actuaciones del Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en sus primeros cinco meses en el cargo, evidencian que esas sinuosas conexiones de familiares, amigos, y camaradas de partido, se han concretado en una camarilla que formula una política pública a base de concesiones —muchas de ellas inocuas— a diferentes sectores de la sociedad, de engaños, y de actos abiertamente autoritarios.
No se debe perder de perspectiva que García Padilla es un colonialista cuyo objetivo, y frame of mind, parte del inmovilismo, promovido y apoyado por la rancia oligarquía criolla, para impedir cualquier cambio a las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Sin embargo, la inquietud en palacio es que la incompetencia de García Padilla, existe, es real. Por esta razón, se la “esconde”, no solo “entre mentiras”, sino entre concesiones a determinados sectores sociales, cuyos méritos no estoy evaluando en forma alguna en este escrito.
Lo que resulta preocupante, sin embargo, es el hecho de que en el arsenal político de García Padilla se encuentra un peculiar autoritarismo. Se trata de un autoritarismo que se basa en un discurso de premisas lumpen, y en la imagen bulling boricua, lo que produce al final la caricatura de un gobernante mediocre, arrogante, así como altamente nocivo y peligroso para el clima democrático y la estabilidad del país. Lo que es peor aún es que este autoritarismo cuenta con la aprobación de los poderosos sectores de la oligarquía que apoyaron la elección de García Padilla, y respaldan la agenda colonialista.
Por ello no deben ser pasados por alto algunos eventos ocurridos recientemente, pues podemos encontrarnos, después de todo, ante un tiranillo en formación, un aspirante a caudillo que, en el proceso de tratar de ganar galones, y defender el inmovilismo, no sólo haga uso de la demagogia, y los dobles discursos, sino del autoritarismo y el discurso lumpenizado del bulling boricua.
La Universidad a merced del bulling
García Padilla y su camarilla han decidido acostumbrarnos a lanzar globos de helio cargados con alguna concesión o medida que favorezca a un sector de la sociedad, mientras, al mismo tiempo, ejecutan algunas de sus medidas autoritarias para tomar control de las instituciones o entidades de servicio público.
En ese plano se coloca la nueva agresión contra la Universidad de Puerto Rico, ejecutada el pasado jueves 16 de mayo de 2013, al exigírsele la renuncia a los decanos de todas las facultades del Recinto de Río Piedras. Este desmán fue llevado a cabo, al tiempo que se aprobaba en el Senado de Puerto Rico el sonado Proyecto 238, dirigido a reconocer —justamente— derechos de adopción a las parejas homosexuales. Aquí no hubo casualidades, ni ingenuas coincidencias.
 
Este acto autoritario de García Padilla, ejecutado a través de la Rectora Interina del Recinto de Río Piedras, Ethel Ríos, sin que mediaran evaluaciones ni otros procedimientos universitarios, es una confirmación de la profunda politización, y de los estilos autoritarios de administración que le esperan a la Universidad en los años por venir. Con esta ejecución en masa, el bulling se anuncia como la forma en que se administrarán en el futuro los asuntos universitarios, hecho sin precedentes en la historia universitaria, al menos en los últimos 30 años.
La razón autoritaria se realiza de conformidad con una legalidad que señala que los puestos ejecutados son de “confianza”, y no ostentan el privilegio del ansiado “tenure” académico, es decir, la “permanencia”, lo cual es cierto. Puede alegarse, además, que de esa manera es que siempre se ha hecho. Lo cual, como y he señalado, no es cierto.
Sin embargo, lo importante aquí es, en primer lugar, el acto inaugural, aquél en que se funda la actuación autoritaria, el cual viene a ser una Junta constituída con criterios político-partidistas y plagada de conflictos de intereses. Un politburó autoritario que viene a imponer las políticas del gobierno de García Padilla, tras eliminar atropelladamente a la Junta anterior. (Al respecto véase los artículos del  profesor Jaime Benson, sobre la “toma política” de la Universidad, y del profesor Emilio Pantojas García, sobre el problema de la legitimación de las actuaciones del gobierno y la nueva Junta.
En segundo lugar, el despido de los decanos de las facultades, también de manera fulminante, es una conducta antiacadémica pues se lleva a cabo sin ningún tipo de evaluación de sus trayectorias, el trabajo realizado, los proyectos que estuvieran desarrollando; en fin, a la luz de consideraciones universitarias. Se trata de un acto autoritario aunque se encubra bajo el manto de los manuales de la facultad y los reglamentos universitarios.
La apariencia de legalidad no hacen justos estos actos de bulling político en el contexto académico universitario. Esta conducta agresiva pretende imponer una posición correcta, “la nuestra”, un proyecto virtuoso, “el nuestro”, un dogma infalible, “el que hemos adoptado”, no importa cual sea el contenido concreto de ese ideario, cuya virtud estará definida realmente por ser el ideario “propio y puro”.
Precisamente, de este tipo de agresión es que fueron objeto los profesores universitarios que disintieron o se opusieron a las “huelgas” en la institución, en el período de los años 2009 al 2011, por parte de los elementos extremistas de esos movimientos.
Por otro lado, las medidas impuestas por García Padilla y su camarilla plantean la posibilidad de que la institución sea eventualmente desacreditada por el Middle States Association, como producto de serios conflictos de “gobernanza”, con las consecuencias nefastas que ello conllevaría para toda la comunidad universitaria.
En ese sentido, y ante unos actos tan contrarios al espíritu universitario, llama la atención el hecho de que, al menos hasta el momento en que escribo estas líneas, no ha habido manifestación alguna de ninguno de los líderes de los sectores que componen la comunidad universitaria. ¿Es tanta la desmoralización, y la falta de perspectiva académica y política?
La Junta impuesta por García Padilla ha venido a ser, para todos los efectos, no sólo un politburó, sino una señal de que esta administración de gobierno será un fraude, de discursos demagógicos, y estilos violentos de ejercer el poder, no sólo respecto a la Universidad, sino en cuanto a la sociedad en general.
Demagogia y engaños
Al tomar nota de las ejecuciones demagógicas y fraudulentas de García Padilla ahí están las ocasiones, por ejemplo, en las que realizó el performance de un viaje de nacionalismo anticapitalista de rojo subido, y retó a las agencias evaluadoras de las inversiones en bonos, y a “los que tienen más” —cualquiera que sea el significado de esa frase concretamente— para luego asumir posturas de recto gobernante democrático, y favorecedor del capitalismo, orientado a la atracción de capital a la “isla del encanto”.
Por otro lado, García Padilla se adjudica medidas de la administración anterior del gobernador Luis Fortuño, como es el caso específico de la privatización de la operación del aeropuerto internacional de la isla “por medio de una alianza público privada”.
García Padilla se adjudica este acuerdo como un logro de su administración en cuanto evento habla sobre su mal llamado “plan económico”, particularmente a partir de su mensaje a la legislatura del 25 de abril pasado, a pesar del patético e irresponsable espectáculo de rechazo a esta medida que protagonizara, cual campeón en la lucha contra el capital, y la defensa de lo que ridículamente se pretendió reclamar como “patrimonio nacional’. [Sobre este tópico puede ver “Gobernar y sonreír (los juegos políticos, el neonacionalismo y la crisis de Puerto Rico«)]
Suministrada
El evento de mayor importancia en este período no fue el espectáculo político del “mensaje” de García Padilla ante la legislatura, del pasado 25 de abril del año en curso. El evento de mayor importancia fue la clandestina emisión, y venta de bonos de corto plazo, según trascendiera el 26 de abril, un día después del “mensaje”, bajo el título Puerto Rico Sells $335 Million of Privately Placed Bonds”en la publicación Bloomberg.com.
La información indica que era una emisión privada de bonos (es decir de deuda) a corto plazo (con vencimiento el 30 de septiembre de 2014), “respaldadas” por los ingresos del “sales tax”, mediante un “subscriptor” o distribuidor principal (“underwriter”). Atinadamente Luisa García Pelatti, desde su publicación digital Sin Comillas ha levantado serios cuestionamientos sobre los aspectos financieros de la emisión.
En su “mensaje” del 25 de abril el gobernador García Padilla ocultó a la ciudadanía, y puede pensarse que a sus propios legisladores, el hecho de que la reducción en el impuesto a las ventas que estaba proponiendo ese mismo día, ya había sido comprometida como garantía en una emisión de bonos previamente consumada, como si estuviera aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes.
García Padilla ocultó, además, que había endeudado más las finanzas de la isla. (Véase Sin Comillas)
Se puede deducir que es por esa razón que la administración de García Padilla insiste en ampliar la base de actividades a las cuales se les aplicará el impuesto sobre la venta. Estos actos constituyen no sólo una ocultación de información vital a la ciudadanía, sino una conducta fraudulenta, y me plantean, desde mi posición como abogado, serios cuestionamientos en cuanto al contenido de la Carta Circular o “Prospectus” de esa emisión. La obtención de esos documentos es un reto de periodismo investigativo.
La madeja de engaños y medias verdades ha llevado a García Padilla a adjudicarse proyectos e iniciativas que tienen que realizarse de cualquier modo por razón de tratarse de asignaciones federales.  El gobernador, por otro lado, ha pasado por alto las estadísticas e información provistos por el Departamento del Trabajo y la Junta de Planificación, para presentar un cuadro idílico de crecimiento económico y desarrollo. En ambos casos entidades dirigidas por funcionarios serios y comprometidos con su labor como servidores públicos.
García Padilla ha desconocido deliberadamente datos tan concretos, y ventilados en la prensa, como el que indica que la pérdida neta de empleos para estos primeros meses del año es de 22,000 más que en el mismo período del año pasado; y que se calcula que para poder colocar a la isla en condiciones de crecimiento económico y poder atender sus diversos problemas sociales es necesario producir por lo menos 20,000 empleos cada trimestre. (Véase el  editorial  del Caribbean Business del 16 de mayo de 2013, Manufacturing, a long road to recovery)
Con nombramientos temporeros del gobierno, y el reclutamiento de baggers en Walmart no me parece que se vaya a cumplir la meta de García Padilla de 50,000 empleos en 18 meses. Por el momento, tiene un negativo de 22,000 empleos.
La realidad, como de costumbre, demuestra la desnudez del engaño.
Para recapitular y concluir: demagogia y lumpen-autoritarismo  
Un “protocolo lumpen”. Así describió, me parece que con atino, un buen amigo que profesa sociología —y con quien me tomo la libertad de citarle a riesgo de un café— el estilo y el discurso del presente gobierno que, de otra parte, me señala, adopta la “norma de vida relacional en el bajo mundo, que sería la presente marca del State style; nada más ajeno a una tradición de civilidad que acoge el Estado de derecho”.
Sobre este asunto, por mi parte, he señalado antes que lo “lumpen”, trasladado a la política en Puerto Rico, parte de la idealización, de la “glorificación de estas conductas [aquellas asociadas a los códigos de relaciones en el mundo de la ilegalidad y de rechazo al Estado de Derecho], su exaltación, y su aprecio, como valores positivos y esenciales a lo que parece ser un proyecto de identidad cultural de lo boricua frente al Otro, frente a lo externo, o lo presuntamente extranjero. Los peligros que plantea esta exaltación, o glorificación del lumpen, de la que son responsables desde los medios de comunicación y el espectáculo, hasta las formaciones políticas en sus campañas electorales y en los pronunciamientos y actuaciones de sus líderes, no deberían ser tomados a la ligera.» «¡Gloria al Lumpen!: Puerto Rico demuestra su Civilidad»
En las secciones precedentes de este escrito he hecho referencia a los actos autoritarios, a la demagogia y el engaño por parte de García Padilla como gobernante. Sostengo, además, que con su autoritarismo, sus juegos de máscaras, al ocultar y distorsionar la información oficial y las estadísticas, violenta el Estado de Derecho y quebranta la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. El propio sujeto gobernante promueve la indiferencia respecto a la Civilidad. Estamos ante un gobierno, si se me permite el término, lumpen-autoritario.
García Padilla, y su camarilla, han decidido tomar la ofensiva, torcer el consenso político, y tratar continuamente de colocar a la defensiva a los opositores, mediante un discurso populista, lumpenizado, y neo-nacionalista, en el que el supuesto “inclusivo” es realmente excluyente, pues solo pueden “formar parte”, “pertenecer”, o “estar”, aquellos que asuman como propias las posiciones del gobernador, su camarilla, y su partido. Trasluce un gen, un rasgo antecedente, un embrión neo-fascista, en la trastienda ideológica de este lumpen-autoritarismo.
El carácter del sujeto gobernante se evidencia en el discurso guapetón de García Padilla en su “mensaje” a la legislatura el pasado 25 de abril, y más adelante con el célebre “me valen”, así como otros desplantes y manifestaciones, siendo la más reciente el asalto político a la Universidad, en donde el bulling se adoptó como paradigma del discurso, de la acción política concreta, y del ejercicio de gobernar.
En el caso de García Padilla se trata de los códigos y premisas en que se basa, no sólo el ejercicio de gobernar, sino el autoritarismo como principio rector “a la lumpen”. Se trata de la violencia en los mensajes, el reto a los opositores, y a todo aquél que pueda ser considerado un “Otro” a partir de un nosotros definido ideológicamente, o por los vínculos —como indiqué al principio de este escrito— de familiares, amigos, y camaradas de partido.
En ese proceso se ataca a la intelectualidad disidente —no a aquella que celebra las ejecutorias y las premisas del populismo neo-nacionalista— amenazándola con la posibilidad del ostracismo, y el ostracismo mismo, con la posibilidad de la censura, y la censura misma, y llevándola finalmente a la peor de todas las censuras, aquella que se impone la persona sobre sí misma para poder subsistir.
Aunque García Padilla luzca en diversas ocasiones meramente como un inocuo, incompetente y mediocre gobernante, lo cierto es que ha adoptado junto a su camarilla una estrategia política que agrede los valores democráticos. Se trata de una estrategia que algunos han indicado, no sin fundamentos de peso, está dirigida a imponerle la independencia a la isla a la trágala, «por la cocina».
Sea ese el caso o no, es verdad lapidaria que el ejercicio del poder autoritario agrede como atentado contra la democracia; agrede el fraude del engaño pues desinforma, atenta contra la libertad de expresión, y le falta el respeto al intelecto de la ciudadanía; agrede la subestimación de la razón consciente de la diversidad y la disidencia; agrede el arrinconamiento que no permite decir, señalar, o plantear, impuesto por la oligarquía colonial, mediante su poder y sus  influencias en una provincia rodeada de agua, y sus medios de prensa avasallantes. Agreden los nexos, las relaciones sórdidas, y los vínculos entrecruzados del poder económico y político. A esto último apuesta el gobernador.
Yo apuesto a la convicciones liberales y democráticas de la ciudadanía. A la esperanza.  ¿A qué más?
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Toma política de la Universidad

“Vale hacer la debida diferenciación entre la presente y la pasada administración al respecto”.

EL VOCERO/Archivo

Bajo el argumento burdamente cínico de que estaba restaurando la autonomía a la Universidad de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley que disolvió la Junta de Síndicos y creó la Junta de Gobierno como máximo organismo de gobernanza de la institución, a la vez que nombró a personas afiliadas o en la periferia del Partido Popular Democrático que dirige al nuevo organismo rector. Utilizando como excusa una investigación iniciada aunque no concluida por el Inspector General de la NSF y un alegado reclamo de la llamada ‘comunidad universitaria’ (de aquellos a quienes muchos medios le proveen una exposición privilegiada de sus opiniones y peticiones políticamente correctas), el Gobernador tomó por asalto la Universidad ultrajando severamente la ya precaria autonomía universitaria.

Con pocas y honrosas excepciones, los mismos que en el pasado ponían el grito en el cielo, alarmados e indignados cuando alguna administración PNP aprobaba leyes similares o nombraba nuevos síndicos al expirarse el término de algún nombramiento anterior, ahora celebran abiertamente el nuevo asalto político partidista o sencillamente callan. Pues es legítimo defender la autonomía universitaria contra el PNP, pero no contra el PPD.

Vale hacer la debida diferenciación entre la presente y la pasada administración al respecto. A diferencia de Alejandro García Padilla, que desde que fue electo le pidió la renuncia a los integrantes de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas y de la Junta de Síndicos que fueron nombrados por su antecesor; Luis Fortuño dejó en sus puestos a todos los miembros de dichos organismos de gobernanza nombrados por su antecesor hasta cumplir sus términos y nunca pidió públicamente la renuncia del presidente de la Universidad para ese entonces, el licenciado Antonio García Padilla (hermano del actual Gobernador). Este renunció por iniciativa propia en septiembre del 2009 ante un informe de la Contralor que señalaba uso indebido de su tarjeta de crédito institucional, un serio despilfarro de los fondos públicos en francachelas auspiciadas por la Presidencia, en la compra de vinos caros para la Oficina de la Presidencia y gastos exorbitantes en comidas y bebidas en restaurantes de lujo.

No es hasta que 10 de 11 recintos se encontraban cerrados por la acción de grupos violentos e intolerantes por más de 60 días y habían sido puestos en probatoria por la Middle States, que el gobernador Fortuño logró que se aprobara legislación para ampliar la Junta de Síndicos de 13 a 17 miembros. De esta manera se pudo acabar con el ‘impasse’ que existía en la Junta de Síndicos en torno al cierre forzoso universitario y así poder reabrir los 10 recintos, restablecer la estabilidad institucional y recuperar la acreditación.

La toma política de la Universidad y las primeras acciones abusivas y humillantes de algunos miembros de la Junta de Gobierno el pasado 3 de mayo contra la doctora Ibis Aponte, quien ejercía como presidenta interina, auguran malos tiempos por venir para nuestra Alma Mater.

16 de mayo de 2013

Cuestión de legitimidad

EMILIO PANTOJAS GARCÍA

Uno de los temas fundamentales de la sociología política es la legitimidad del poder. Este concepto se refiere no simplemente al aval de la ley sino al consentimiento y apoyo de los gobernados. Un gobierno legalmente electo puede tener problemas de legitimidad si el proceso eleccionario es cuestionado como fraudulento. Este fue el caso de la primera elección del gobierno de George W. Bush, cuando Al Gore ganó el voto popular y él ganó el voto presidencial. También es el caso del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Este es el problema que enfrenta hoy la Universidad de Puerto Rico. Cuando escuché a nuestros gobernantes decir que la ley que crea la junta de gobierno era “necesaria para garantizar la autonomía universitaria” quedé perplejo. Recordé aquél argumento que para justificar la liberación de los indígenas de la esclavitud, legitimó la esclavitud de los africanos. El fin no justifica los medios.

En ese momento guardé silencio pensando que quizá se trataba de un mal necesario y me allané al consenso. La realidad es que los miembros de la nueva Junta de Gobierno son, en su mayoría, gente por la que tengo gran respeto personal e intelectual. No obstante, mi conciencia no está tranquila. En la nueva Junta hay dos grandes conflictos de interés que nadie ha señalado y que no se han puesto sobre la mesa para evitar la apariencia de conflicto. Dos de los miembros de la Junta tienen relación filial con profesores del Recinto de Río Piedras. Uno es padre de una profesora y otra es esposa de un profesor que tiene estrechos lazos con el Partido Popular.

No cuestiono la integridad de estas personas, pero creo que es un mal precedente que una de ellas sea parte del Comité de Búsqueda del nuevo presidente. Si el PNP hiciera algo así los universitarios estarían pegando el grito en el cielo. Lo hicieron, con sobrado fundamento, cuando un asesor de Rivera Schatz asumió la secretaría de la Junta; por qué no lo hacen ahora. El silencio de la comunidad universitaria y de los defensores de su autonomía me preocupa. Como dijo el teólogo Dietrich Bonhoeffer ante el auge nazi: Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque no era comunista. Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas y no dije nada porque tampoco era uno de ellos. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Cuando vinieron por mí no había nadie que dijera nada.

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