La lucha de poder entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa, la debilidad de liderato del gobernador y la presión de intereses externos han hecho tambalear las promesas de campaña que contrajo el Partido Popular Democrático (PPD) con el pueblo durante las elecciones.

Estos problemas se conjugan con la falta de comunicación, planificación, y con el hallazgo de que la situación del país era más seria de lo que se anticipaba cuando la nueva administración asumió el poder.

“Vamos a empezar por la reforma legislativa que se aleja totalmente del compromiso programático del PPD. Una reforma completa requiere llevarla al punto cuando se prometió y el pueblo exigió que los legisladores fueran legisladores ciudadanos, que se limitaran los gastos excesivos, que respondieran de forma más directa y eficaz a sus representados. Eso implica enmendar otras leyes como la Ley Electoral”, dijo el expresidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

Según dijo, hay falta de planificación e improvisación cuando ni siquiera se ha definido el concepto de legislador ciudadano, aun cuando esta propuesta fue punta de lanza durante la contienda electoral.

La demora en atender asuntos que se prometieron como prioritarios durante la campaña evidencia improvisación, opinó el abogado Luis Ricardo Santini. En esa línea están la derogación de la cuota de la Universidad de Puerto Rico, la devolución de los terrenos agrícolas de Gurabo a la universidad y la Ley de Empleo Ahora.

“Los programas de gobierno no se discuten. Esa es la verdad. La reforma legislativa no solo demoró sino que ¿dónde está el proyecto de reforma legislativa que iba a enviar el gobernador a la Legislatura?”, cuestionó Santini.

En cuanto a la promesa de prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo –el proyecto 238– Toledo dijo que los legisladores populares “están respondiendo al miedo que les provocan los fundamentalistas religiosos y están olvidando la separación entre Iglesia y Estado. Están permitiendo dejarse influenciar por las presiones que le están ejerciendo los religiosos fundamentalistas”, agregó el abogado.

Para el analista político Néstor Duprey la división es evidente no solo entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa sino también entre el Senado y la Cámara. “Aquí uno ha visto varias instancias de política pública donde parece que el Ejecutivo va por un lado y el Legislativo por otro. Es una falta de coordinación de la política pública que requiere del gobernador, como presidente de la conferencia legislativa, un mayor activismo y protagonismo”, dijo. Aseguró que eso fue patente cuando se atendió la reforma al sistema de Retiro y se observa ahora mientras se discute la reforma legislativa, el proyecto 238 y la medida para extender la protección de la Ley 54 de Violencia Doméstica a todas las parejas, sin distinción de estado marital u orientación sexual.

Se trata de una lucha de poder, según el analista político estadista, Domingo Emanuelli. “Estamos ante la presencia de un gobernador intelectualmente honesto que está tratando de cumplir con las promesas que hizo y que se ha encontrado con una Legislatura que no le está dando el 100% de apoyo”, indicó.

Sin embargo, no vaciló en indicar que hay renglones en los que sencillamente el gobernador Alejandro García Padilla ha incumplido con sus promesas. Ahí se sitúa el pago de horas extras acumuladas y días por enfermedad a los policías.

“Creo que tiene un problema serio de comunicación al no proyectar las razones que tenga para justificar aquellas promesas que no pueda cumplir hasta el momento o las que se hayan incumplido. No es saberle explicar a los economistas ni a los actuariales sino al pueblo”, afirmó Emanuelli.

Santini, por su parte, reconoció que “no es lo mismo hacer promesas de campaña que administrar un país” puesto que hay que tomar decisiones antipáticas o contrarias a las promesas como el proyectado aumento a la factura del agua.