La reclamación contra el Presidente del Senado asciende a $22.5 millones.

Unos 15 exempleados del Senado demandaron en el Tribunal Federal al presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia Gautier, y a otros funcionarios por alegado discrimen político, daños económicos y punitivos.

Se cree que la demanda será el comienzo de una serie de medidas legales contra el despido aparentemente injustificado de funcionarios que no toman decisiones de política pública, pero que fueron despedidos de su empleo en la Asamblea Legislativa.

La demanda de los 15 suma $22.5 millones e incluye a la directora de Recursos Humanos del Senado, Denisse M. Rivera González, a la secretaria del Senado, Tana Barbarrosa Ortiz, y a Luis A. Ramos Rivera, como sargento de Armas.

Esta alegada violación a los derechos civiles es uno de los “más claros y flagrantes actos de discriminación política” en la historia de Puerto Rico, resume la demanda radicada el 18 de abril por los abogados Michael Craig McCall, Iván Castro Ortiz y Sheila Torres Delgado.

El Presidente del Senado ya fue emplazado y fue demandado tanto en su carácter oficial como personal.

A solo días de tomar el control del Senado, el nuevo Presidente del Senado y los demás demandados directamente ordenaron la terminación de contratos de cientos de empleados de bajo nivel porque estaban afiliados o se percibía que estaban afiliados a un partido que no era el PPD, triunfador en las elecciones, se denuncia en la demanda. En el documento se sostiene que algunos de estos empleados despedidos llevaban décadas trabajando en el Senado sin tener evaluaciones negativas en su desempeño laboral. Estos empleados cesanteados fueron sustituidos por personas afiliadas aparentemente al PPD y que alegadamente no tienen experiencia en esas funciones, se agrega.

Los demandantes sostienen que por lo bajo de su nivel, no era necesario estar afiliado a un partido para desempeñar sus tareas. Sin embargo, fueron víctimas de un “vicioso, insensible y abusivo acto discriminatorio”. Inclusive, un mes antes de la toma de posesión oficial de Bhatia, a algunos empleados supuestamente se les hostigó para que quitaran cualquier alusión a su afiliación política, entre ellas en Facebook.

Al ser despedidos por ser del PNP, quedaron sin la oportunidad de sostener a sus familias y conducir sus vidas cotidianas, por el simple hecho de no pertenecer al partido ganador de las elecciones y por ejercer las garantías constitucionales que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, se asegura en la demanda.

“Los actos maliciosos de los demandados estremecen la conciencia”, se manifestó en el recurso.

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EL VOCERO / Archivo